Los manifestantes colocaron veladoras y cruces blancas y rojas en la banqueta frente al recinto legislativo, junto con pancartas que mostraban el rostro ensangrentado de la senadora morenista y leyendas como "Debe pagar, ni olvido ni impunidad" y "14,023 animales asesinados 2019-2024".
"De una vez quítenle el fuero a esa persona e impútenla como a todos los mal tratadores de animales. No se vale", demandaron los manifestantes frente al Senado.
Los colectivos exigen que se esclarezca el destino final de los animales sacrificados durante la administración municipal de Gutiérrez Escalante y que se determine si existieron responsabilidades administrativas o penales entre los funcionarios que habrían ordenado o ejecutado las medidas. También anunciaron que presentarán próximamente una propuesta legislativa para endurecer las sanciones contra quienes maltraten o maten animales, así como para fincar responsabilidades directas a los servidores públicos que ordenen este tipo de actos.
El fuero constitucional protege a los legisladores federales frente a procesos penales mientras ejercen el cargo; para retirarlo, la Cámara de Diputados debe tramitar una declaración de procedencia, el llamado desafuero. No obstante, la solicitud contra Gutiérrez Escalante no ha sido presentada formalmente ante ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión.
La controversia se reavivó luego de que, en un video difundido en redes sociales en abril de este año, la propia Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión al frente del ayuntamiento de Tecámac se realizaron sacrificios de perros y gatos, aunque sostuvo que estos se apegaron a la normativa vigente.
"No lo negamos, sí se ha tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma", explicó la senadora en el video difundido en abril.
La legisladora también señaló que la información que circuló sobre el caso fue tergiversada y sacada de contexto, y expresó comprensión hacia el malestar generado entre las asociaciones defensoras de animales.
"Sé que lo que ha circulado ha generado dolor en las asociaciones defensoras de los seres sintientes y lo entiendo perfectamente porque cuando hablamos de animalitos de compañía, de perritos, gatitos no hablamos de cifras, hablamos de vidas", afirmó Gutiérrez Escalante.
Al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre el número exacto de animales sacrificados, la legisladora morenista ofreció una cifra distinta a la que manejan los colectivos: 10 mil, frente a los más de 14 mil que denuncian los activistas. Justificó la medida al señalar que algunos de los perros habían agredido a personas y que contaba con expedientes y fotografías del centro de bienestar animal municipal para documentar esos casos.
"10 mil, pero aclarando que los perritos fueran sacrificados conforme a las normas oficiales mexicanas que establece y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado en expedientes del centro de bienestar animal durante mi mandato", señaló la senadora.
La exigencia de desaforar a una legisladora en funciones remite a episodios recientes como el desafuero de la diputada federal Carmen Medel en 2021 o, de manera más resonante, al intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, caso que terminó archivado. El procedimiento ha operado históricamente más como instrumento político que como vía penal efectiva.
El caso se inscribe en la serie de controversias que ha enfrentado la cámara alta en la LXVI Legislatura, donde distintos grupos han reclamado rendición de cuentas sobre decisiones tomadas en cargos previos, mientras San Lázaro gestiona sus propios conflictos, como el que mantienen Morena, PT y Pvem en la mesa para destrabar el bloqueo en Chapingo. Por lo pronto, los colectivos anticiparon que presentarán su propuesta legislativa para endurecer las sanciones contra el maltrato animal.
