El pronunciamiento se dio en el marco de la primera aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas al caso mexicano, un mecanismo que permite al Comité llevar la situación de un país a conocimiento de la Asamblea General cuando detecta indicios de práctica generalizada o sistemática. Medina Padilla sostuvo que las desapariciones en México son cometidas principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales, a diferencia de etapas previas en que, reconoció, la desaparición forzada "se ordenaba desde las altas esferas del poder político".
"El Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad", declaró el subsecretario Arturo Medina Padilla ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.
Rodríguez detalló en su mensaje que el gobierno federal ha fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana, además de integrar un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. La secretaria añadió que, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras medidas, fueron localizadas este año más de 16,000 personas.
Medina Padilla describió un "puesto de mando permanente" que opera las 24 horas los siete días de la semana bajo ese mismo nombre, y afirmó que existe una coordinación "sin precedentes" entre autoridades federales y estatales para la búsqueda, la investigación de los delitos y el combate a la impunidad. El funcionario destacó cooperación con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, así como trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Reconocemos los desafíos pendientes y trabajamos para enfrentarlos", aceptó el subsecretario.
Albán insiste en indicios de crisis sistemática
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, reconoció ante la Tercera Comisión los esfuerzos del Estado mexicano, pero advirtió que persisten problemas estructurales que llevaron al organismo a concluir que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en el país. Albán reiteró que el artículo 34 de la Convención representa una oportunidad para brindar asistencia y cooperación internacional, y llamó a la comunidad internacional a movilizar esfuerzos para establecer mecanismos extraordinarios frente a la crisis.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez cuestionó la postura de la delegación mexicana al considerar que disputar la magnitud de la crisis, en lugar de reconocer la impunidad y la colusión como problemas estructurales, dificulta adoptar respuestas extraordinarias para las familias buscadoras. El reclamo se inscribe en una controversia de años sobre el conteo oficial: en 2023 la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó un recenso del Registro Nacional que redujo la cifra de personas desaparecidas, metodología que colectivos de familias y organismos defensores impugnaron entonces por considerar que diluía la dimensión del problema.
"Seguir disputando la magnitud de la crisis, centrar los esfuerzos en revisar cifras y no reconocer problemas estructurales como la impunidad y la colusión en torno a las desapariciones difícilmente permitirá dar las respuestas extraordinarias que necesitan las familias que cada día buscan a sus seres queridos", señaló el Centro Prodh.
La organización añadió que la cooperación internacional no debe depender exclusivamente de la disposición del Estado mexicano, sino garantizar condiciones de independencia, transparencia y participación de las víctimas, y subrayó que la situación del país permanece bajo consideración del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
