El president de la Generalitat, Salvador Illa, convocó este martes la IV Jornada de Trabajo del Govern en el monasterio de Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, con el objetivo declarado de forzar un acuerdo presupuestario que permita a Cataluña contar con cuentas propias por primera vez en la legislatura. El ejecutivo catalán presentó un paquete de doce medidas prioritarias —entre las que figuran el traspaso de la gestión de Rodalies, la construcción de 8.000 pisos públicos y la ampliación del Hospital de Bellvitge— como palanca de negociación ante unos socios parlamentarios que mantienen posiciones divergentes.
La prórroga presupuestaria como corsé institucional
Cataluña opera en 2025 bajo prórroga presupuestaria, un mecanismo previsto en el artículo 25 de la Ley 4/2017 de Presupuestos de la Generalitat, que congela automáticamente los créditos del ejercicio anterior y bloquea cualquier iniciativa de gasto no contemplada en las cuentas prorrogadas. El derecho comparado autonómico registra precedentes de bloqueos prolongados —la propia Generalitat estuvo entre 2017 y 2021 sin aprobar presupuestos propios durante el período de intervención del artículo 155 y la posterior inestabilidad política—, pero llegar al ecuador de una legislatura ordinaria sin cuentas aprobadas constituye una anomalía de primer orden en el parlamentarismo autonómico español.
La jornada de Món Sant Benet es, en ese sentido, algo más que un ejercicio de imagen institucional: supone el intento más explícito hasta la fecha de traducir la agenda de gobierno en compromisos concretos que puedan atraer los apoyos necesarios. El formato de retiro deliberativo fuera de la sede institucional —practicado también por gobiernos autonómicos como el vasco o el balear, así como por el propio Consejo de Ministros estatal en distintas legislaturas— cumple una doble función: cohesionar internamente al ejecutivo y proyectar imagen de actividad hacia el exterior. Que esta sea la cuarta edición en la misma legislatura revela tanto la voluntad del Govern de sostener ese formato como la dificultad de trasladar sus conclusiones a avances legislativos concretos.
Las doce prioridades y su traducción presupuestaria
El paquete de doce prioridades presentado por el Govern opera como una declaración de intenciones política antes que como un documento técnico-presupuestario. Las tres medidas con mayor visibilidad pública —el traspaso de la gestión de Rodalies, los 8.000 pisos de protección oficial y la ampliación del Hospital de Bellvitge— apuntan a tres vectores clásicos del debate catalán: las infraestructuras ferroviarias de titularidad estatal, el acceso a la vivienda en un contexto de presión alcista de precios, y la sanidad pública.
La concreción de cualquiera de estas iniciativas exige dotación presupuestaria específica, lo que cierra el círculo y devuelve la cuestión al punto de partida: la necesidad de un acuerdo parlamentario que el Govern no tiene garantizado. El traspaso de Rodalies, además, implica negociación bilateral con la Administración General del Estado, toda vez que la red de cercanías de Barcelona opera bajo la titularidad de Adif y el servicio es prestado por Renfe, lo que añade una variable ajena al control exclusivo del ejecutivo catalán.
ERC condiciona su voto a la financiación singular
Esquerra Republicana de Catalunya ha condicionado su respaldo a los presupuestos a la materialización de la financiación singular para Cataluña, según ha sostenido la formación republicana en sus posiciones públicas. Este modelo implicaría una gestión diferenciada de los recursos fiscales generados en el territorio catalán, en una fórmula que ERC defiende como equiparable, en sus efectos, al concierto económico vasco regulado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El condicionante sitúa el debate presupuestario dentro de un marco estructuralmente más complejo: el de la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión que trasciende la competencia del Govern y que requiere negociación con el Estado. La financiación singular es una demanda recurrente del independentismo catalán que ningún gobierno central ha implementado en los términos en que la reclaman sus promotores. El Govern de Illa no ha rebatido públicamente esta exigencia, aunque tampoco ha acreditado avances concretos en su negociación con el Ejecutivo central.
Junts anuncia el voto en contra salvo giro radical
Junts per Catalunya ha adoptado la posición más alejada del Govern: sus representantes han anunciado que votarán en contra de los presupuestos salvo que se produzca lo que la formación ha denominado un giro radical. La formación liderada por Carles Puigdemont se convierte así en el actor con mayor poder de veto en una ecuación parlamentaria en la que Illa no dispone de mayoría propia en el Parlament, con 42 escaños sobre los 68 necesarios para la mayoría absoluta de la cámara catalana.
La negativa de Junts, si se mantiene, cierra prácticamente cualquier vía de aprobación, dado que el Govern necesitaría compensar esa ausencia con apoyos alternativos cuya disponibilidad no ha quedado acreditada en las posiciones públicas conocidas. Ni ERC ni Junts han formulado por separado una contrapropuesta presupuestaria propia, lo que dificulta identificar una zona de acuerdo negociable. El Govern no ha respondido públicamente a la exigencia de Junts ni ha concretado en qué términos estaría dispuesto a modificar el proyecto de cuentas.
El precedente de 2017-2021 y el marco normativo vigente
El bloqueo presupuestario actual tiene un precedente histórico en la propia Cataluña: entre el ejercicio 2018 y el 2021, la Generalitat encadenó varios años sin presupuesto propio aprobado, primero como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, y después por la inestabilidad derivada de la sucesión de gobiernos en funciones. Ese período ilustra los límites de la prórroga como instrumento de gobierno ordinario: la capacidad de inversión nueva queda suspendida y la ejecución de políticas estructurales se aplaza indefinidamente.
El marco normativo aplicable es la Llei de finances públiques de Catalunya, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación presupuestaria, incluido el régimen de prórroga automática. Conforme a este marco, el Govern puede presentar un proyecto de ley de presupuestos en cualquier momento del año, pero su aprobación requiere mayoría simple del Parlament en segunda votación, lo que exige sumar apoyos más allá del bloque del PSC.
Plazos y margen político para el desbloqueo
Las próximas semanas determinarán si la apuesta de Illa en Món Sant Benet produce algún movimiento en las posiciones de ERC y Junts, o si el bloqueo se extiende hacia la segunda mitad de la legislatura. Una administración que alcanza su ecuador sin haber aprobado ningún presupuesto propio acumula un desgaste político que afecta tanto a su capacidad de gestión como a su credibilidad ante el electorado de cara al ciclo electoral siguiente. La agenda de doce medidas actúa, en este contexto, como una propuesta de última oportunidad negociadora, aunque su eficacia depende de variables —la negociación con el Estado sobre Rodalies y la financiación singular, la posición final de Junts— que el Govern no controla de forma unilateral.
