Los informes de Extranjería citados describen un grupo de WhatsApp bautizado «Haraga Ceuta y Melilla» que concentraba 260 usuarios activos en la planificación de accesos a la ciudad autónoma. «Recordemos que el término haraga es ampliamente utilizado entre la comunidad de inmigrantes irregulares y que su significado podría traducirse como 'los que queman las fronteras'», expuso la Policía Nacional en uno de esos documentos previos. Los mensajes recopilados por los investigadores muestran instrucciones operativas: «Ataque va a ser playa valla y bosque, día jueves es fiesta del trono», «vamos a atacar (avalancha) cerca de Ceuta» o «cada grupo se ponga en contacto con otro grupo», llamamientos que apuntaban a fechas concretas y a la coordinación simultánea de la afluencia.
El CNI, según las mismas fuentes, remitió varias comunicaciones de alerta temprana en las que cifraba en más de 180.000 los usuarios adscritos a comunidades digitales dispuestas a intentar cruzar hacia Ceuta. Esa magnitud apunta a un fenómeno de movilización que se solapa con dinámicas sociales y políticas en el norte de Marruecos, lo que complica la delimitación de responsabilidades penales individuales frente a un movimiento de masas. La Policía Nacional también tenía en el radar esos movimientos y subrayó, en su análisis, que «la red social X es la más utilizada en entornos de conversación migratoria».
Ninguna persona física figura identificada como investigada por estos hechos en la información disponible. Lo que el trabajo policial trata de establecer es si detrás de la difusión organizada de la etiqueta «Haraga» existen estructuras asimilables a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, delito tipificado en el artículo 318 bis del Código Penal, que castiga con penas de hasta ocho años de prisión a quienes faciliten con ánimo de lucro la entrada, tránsito o permanencia irregular de migrantes, agravadas cuando media riesgo para su vida o integridad. La instrucción, cuando estos asuntos llegan a sede judicial, corresponde a los juzgados de Ceuta o a la Audiencia Nacional si se aprecia una estructura que opera en varias demarcaciones o a caballo entre España y Marruecos.
De la valla a nado a las lanchas hacia Algeciras
El material policial documenta cómo el fenómeno ha mutado tras los episodios de presión fronteriza. En TikTok se multiplicaron las publicaciones de personas que aseguraban haber entrado a nado en la ciudad autónoma, algunas acompañadas de un plano del recorrido para sus seguidores; en Facebook se ofrecían neoprenos y material de natación para facilitar el acceso. En esas grabaciones muchos explican al detalle la ruta a seguir y cuánto hay que nadar, y aseguran —sin fundamento verificable— que hay una regularización en marcha que les permitiría quedarse en España, un reclamo que los investigadores describen como pieza central de la captación.
La etiqueta no desapareció tras los intentos de entrada. Hay migrantes que siguen grabándose ya en territorio español, al otro lado de la valla, animando a sus compatriotas a mantener la presión. Y las organizaciones criminales, sabedoras de que existe una bolsa de potenciales clientes en Ceuta y al otro lado de la frontera, emplean el mismo término para ofertar el trayecto de Ceuta a Algeciras: se muestran en plena travesía en alta mar y numerosos usuarios les preguntan por precios y disponibilidad. Estas rutas, de mayor riesgo por la distancia y el tráfico marítimo del Estrecho, son las que con más frecuencia derivan en naufragios investigados por la Guardia Civil.
La Fiscalía Provincial de Cádiz y los juzgados de instrucción de Algeciras y La Línea de la Concepción han tramitado en los últimos años numerosas causas por tráfico de personas y homicidio imprudente asociadas a estas travesías. La identificación de los organizadores resulta compleja porque suelen operar desde territorio marroquí, fuera de la jurisdicción española, lo que obliga a activar mecanismos de cooperación judicial internacional con Rabat, no siempre ágiles dado el marco de relaciones bilaterales entre ambos países.
El precedente de mayo de 2021
La crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas aprovechando la relajación de los controles marroquíes, constituye el precedente más citado para entender la dinámica de movilizaciones masivas coordinadas por redes sociales. Aquel episodio derivó en devoluciones masivas —después cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y por el Defensor del Pueblo— y en investigaciones sobre presuntas redes de tráfico que no se plasmaron en condenas firmes de alcance significativo. El uso de redes como herramienta de captación no es exclusivo de Ceuta: fenómenos similares se han documentado en la ruta del Mediterráneo central hacia Italia y en la frontera de Estados Unidos con México.
Fuentes de Interior consultadas insisten en que el objetivo de la monitorización de redes es anticiparse a posibles episodios de presión fronteriza y no perseguir a título individual a los migrantes, cuya situación se resuelve por la vía administrativa de extranjería y no por la penal, salvo que se acredite su participación en la organización del tráfico. Organizaciones de defensa del derecho de asilo como CEAR han reclamado en el pasado que la respuesta a estos fenómenos no derive en devoluciones sin las garantías procesales exigidas por la Ley de Extranjería ni en vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El material recabado sitúa como próximo punto de atención el 20 de septiembre, fecha en la que circulan llamamientos a un nuevo intento de entrada masiva promovido desde sectores nacionalistas marroquíes. Las mismas fuentes policiales rebajan la probabilidad de que ese llamamiento prospere con la intensidad de episodios anteriores, en parte por la cercanía de un proceso electoral en Marruecos que, según esa valoración, reduce el margen de las autoridades marroquíes para tolerar una relajación de controles similar a la de 2021.
El seguimiento del fenómeno «Haraga» continúa como trabajo de inteligencia, sin que por ahora se hayan trasladado imputaciones concretas a la vía judicial. Las próximas semanas, y en especial la fecha señalada del 20 de septiembre, serán determinantes para establecer si las autoridades españolas y marroquíes logran anticiparse a un nuevo episodio de presión migratoria o si se reproduce el patrón de movilización masiva coordinada por redes sociales documentado en crisis anteriores.
