La cronología del Hondius dibuja una crisis sanitaria que ha puesto a prueba la coordinación entre el Gobierno central y el ejecutivo canario. El buque, que realizaba un crucero expedicionario entre Argentina y las islas Canarias, fue detenido frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros por una cepa del hantavirus identificada como variante Andes, la más letal de las conocidas y la única de la que existe sospecha fundada de transmisión persona a persona. La OMS, que había mantenido una postura cautelosa en los primeros días, elevó este miércoles el tono al confirmar cinco casos y reconocer que la cadena de transmisión «no está completamente trazada», lo que significa que podrían existir contagios secundarios aún no detectados.
Pedro Sánchez llamó personalmente a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en lo que fuentes de ambos ejecutivos describieron como «una conversación para rebajar la tensión». El presidente le garantizó que la evacuación será «segura» y que el Gobierno central asumirá la totalidad de los costes sanitarios y logísticos derivados de la operación. Clavijo, que en los días anteriores había criticado públicamente la «falta de coordinación» de Madrid, respondió con un comunicado más templado en el que agradecía la llamada pero insistía en que «Canarias necesita participar en la toma de decisiones, no ser informada después de que se hayan tomado».
El plan operativo prevé que el Hondius llegue el sábado a Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde fondeará sin atracar al puerto. Los pasajeros serán trasladados en embarcaciones menores hasta un punto de desembarco habilitado con protocolos de bioseguridad nivel 3. Los catorce españoles a bordo serán evacuados en un avión militar con destino al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán un período de cuarentena obligatoria. El resto de pasajeros — mayoritariamente holandeses, alemanes y británicos— serán repatriados a sus países de origen mediante vuelos coordinados con las autoridades sanitarias europeas.
La unidad UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alta Nivel) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, es la pieza clave del dispositivo sanitario canario. Operativa desde la crisis del ébola de 2014 y reforzada durante la pandemia de COVID-19, la unidad dispone de cuatro camas de aislamiento con presión negativa, protocolo de entrada con escafandras autónomas y capacidad de diagnóstico molecular in situ. El personal sanitario ha completado un simulacro de activación este miércoles y se ha declarado «plenamente operativo» para recibir pacientes si algún pasajero desembarcado requiere atención de emergencia.
La crisis del Hondius tiene un segundo capítulo que se desarrolla en Cabo Verde, donde el buque Plancius — de la misma compañía naviera— permanece bajo vigilancia sanitaria tras haber compartido escala con el Hondius en Ushuaia antes de que se declarase el brote. Hasta ahora no se han reportado casos en el Plancius, pero las autoridades sanitarias caboverdianas mantienen la cuarentena preventiva como medida de precaución.
A 2.500 kilómetros al norte, en Valladolid, la política autonómica se movía a otro ritmo pero con tensiones igualmente palpables. Alfonso Fernández Mañueco fue propuesto este miércoles como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras la ronda de consultas preceptiva con los representantes de las fuerzas políticas presentes en las Cortes. La propuesta era esperada — Mañueco lidera el partido más votado y cuenta con el apoyo previsible de Vox—, pero lo que no está resuelto es ni la fecha de la investidura ni el contenido del pacto de gobierno.
Vox ha condicionado su apoyo a un acuerdo programático que incluya, entre otras medidas, la vicepresidencia de la Junta y al menos dos consejerías, replicando el modelo extremeño que ya ha generado controversia nacional. El portavoz de Vox en las Cortes admitió que sería «difícil» cerrar las negociaciones antes del 17-M, lo que sugiere que la investidura se aplazará como mínimo hasta la última semana de mayo. Los Servicios Jurídicos de las Cortes han fijado el 25 de junio como fecha límite para la designación de senadores autonómicos, lo que establece un tope temporal que obliga a las partes a llegar a un acuerdo antes del verano.
La coincidencia temporal de ambas crisis — una sanitaria en Canarias, otra política en Castilla y León— ilustra la complejidad del mapa territorial español en un momento en que el Gobierno central afronta simultáneamente la campaña andaluza, la sentencia del caso Koldo, la crisis de la flotilla y la amenaza arancelaria de Trump. Para Moncloa, la gestión de las comunidades autónomas se ha convertido en un frente permanente que consume recursos diplomáticos internos casi tan exigentes como los que demanda la política exterior.
