Las Hurdes, una comarca de relieve abrupto en la provincia de Cáceres, presenta una orografía especialmente vulnerable a los incendios: pendientes pronunciadas, vegetación densa de matorral y monte bajo, y una climatología estival de altas temperaturas que dificulta la extinción. La combinación de esos factores ha obligado a prolongar durante días las labores con medios aéreos y terrestres desplegados por la Junta, según el gobierno autonómico.
La cifra de 2.200 hectáreas arrasadas, facilitada por el Ejecutivo regional, sitúa el siniestro entre los más extensos de la comarca en la presente campaña. Extremadura, como el conjunto del sur peninsular, encadena veranos de riesgo elevado: según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), dependiente de la Comisión Europea, España, Portugal, Grecia e Italia concentran cada año la mayor parte de la superficie forestal calcinada en la Unión Europea, una tendencia que el organismo vincula al alargamiento de la temporada de riesgo asociado al cambio climático.
Durante su visita a la zona evacuada, Guardiola se desplazó para conocer el alcance de los daños y trasladar su respaldo a los efectivos desplegados. La presidenta abandonó el lugar visiblemente afectada, en una jornada marcada por la tensión entre los residentes que habían tenido que dejar sus casas.
En ese mismo encuentro, varios vecinos de las localidades evacuadas denunciaron ante la propia presidenta lo que calificaron de abandono por parte de los alcaldes de la zona, a quienes reprochan falta de comunicación y de medios durante el desalojo y los días posteriores. Las quejas ponen el foco en la coordinación entre la administración autonómica y los municipios en la gestión de emergencias, un punto recurrente en comarcas rurales con escasa población y recursos limitados.
Los ayuntamientos señalados no han trasladado por el momento una respuesta pública a esas acusaciones. Su versión queda pendiente en una fase inmediatamente posterior a la emergencia, cuando las administraciones locales suelen priorizar la atención a los afectados sobre la comunicación institucional. La Junta, por su parte, ha defendido la actuación de los servicios de extinción y la rapidez del operativo de evacuación, aunque no ha detallado el número exacto de personas desalojadas ni el balance económico de los daños.
Una investigación por delito de incendio forestal
La investigación sobre el origen del fuego, encomendada a los servicios técnicos de la Junta en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, apunta a que el incendio habría sido provocado de forma intencionada. La instrucción de estos casos se rige por el artículo 352 y siguientes del Código Penal, que castiga los incendios forestales con penas que se agravan cuando se pone en peligro la vida de las personas o se afectan espacios protegidos. En paralelo, el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mantiene disponible el operativo estatal de refuerzo, que puede activarse a petición de las comunidades cuando sus medios resultan insuficientes, un mecanismo enmarcado en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Las Hurdes no son ajenas a este tipo de episodios. La comarca, retratada históricamente por el documental de Luis Buñuel de 1933 sobre las condiciones de vida de sus habitantes, ha sufrido en las últimas décadas incendios de gran magnitud. El más recordado en la zona es el que en 2003 devastó miles de hectáreas en la vecina Sierra de Gata, un episodio que reabrió entonces el debate sobre la coordinación entre administraciones que ahora vuelven a plantear los vecinos.
A partir de ahora, la atención se concentra en dos frentes paralelos. Por un lado, la consolidación del perímetro del incendio, que los servicios de extinción deberán vigilar en los próximos días ante posibles reproducciones por el calor acumulado en el terreno. Por otro, el avance de la investigación sobre su origen intencionado, cuyas conclusiones determinarán si se identifica a algún responsable. La Junta de Extremadura no ha fijado un plazo para hacer públicos los resultados de esa instrucción ni el balance definitivo de superficie y daños, que dependerá de las labores de peritaje aún en curso.
