La resolución autoriza a los ministerios y entidades públicas a realizar contrataciones especiales para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios que resulten, según el texto, "necesarios y a precios de mercado debidamente justificados". El propósito declarado es atender situaciones de emergencia puntuales derivadas de las condiciones climatológicas asociadas al fenómeno.
El estado de emergencia fue decretado el martes 25 de agosto de 2026. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó ese día que la medida busca que el país esté preparado ante los posibles efectos de El Niño en los próximos meses, tanto por el riesgo de inundaciones como por la amenaza de sequía y su impacto sobre la producción nacional.
El monto autorizado no es fijo ni definitivo. La propia resolución habilita al Consejo de Gabinete a modificarlo, para aumentarlo o disminuirlo, y también le permite ampliar o reducir el plazo fijado para estas compras, actualmente establecido hasta el 30 de junio de 2027.
La fiscalización del proceso recae en una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, creada en mayo de 2026, que será la instancia encargada de autorizar cada solicitud de contratación especial y de determinar el monto correspondiente a cada una. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administrará y autorizará los recursos, las partidas asignadas y los traslados que se requieran.
La resolución introduce además un mecanismo de responsabilidad individual: cada representante legal del ministerio o entidad pública que ejecute compras bajo este amparo "será responsable por sus actuaciones u omisiones", según el texto del documento, lo que traslada la carga de la rendición de cuentas a los jerarcas institucionales antes que a la comisión que autoriza los montos.
En materia de transparencia, la norma obliga a todas las entidades que realicen adquisiciones bajo este régimen a presentar, una vez concluida la emergencia, un informe escrito ante el Consejo de Gabinete con el detalle de los bienes y servicios adquiridos, el nombre del contratista, el objeto del gasto y el monto contratado. Ese informe deberá ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, PanamáCompra, junto con el acta del Consejo de Gabinete en la que fue presentado.
El procedimiento excepcional altera el circuito ordinario de fiscalización. En una licitación regular, los contratos de mayor cuantía requieren el refrendo previo de la Contraloría General, es decir, el aval del contralor antes de que el compromiso de fondos surta efecto. Bajo el régimen de emergencia, ese control opera a posteriori, mediante los informes que deberán publicarse en PanamáCompra una vez atendida la situación.
Precedentes de gasto excepcional
No es la primera vez que el Órgano Ejecutivo recurre a este tipo de declaratoria. En noviembre de 2024, un Consejo de Gabinete Extraordinario decretó el estado de emergencia nacional para atender las zonas afectadas por fuertes lluvias e inundaciones, principalmente en la provincia de Chiriquí, con un tope de $100 millones para compras especiales y fecha límite fijada para el 15 de enero de 2025.
En mayo de 2025, el Gabinete decretó un estado de emergencia focalizado en la provincia de Bocas del Toro, en el marco de la huelga bananera derivada de las reformas a la Caja de Seguro Social, con un monto autorizado de hasta $10 millones para compras directas. Un mes después, en junio de ese año, se declaró otra emergencia para las provincias de Herrera y Los Santos por la crisis hídrica asociada a la contaminación del río La Villa y sus afluentes, con un tope similar de $10 millones vigente hasta diciembre de 2025.
La magnitud del monto autorizado ahora, $80 millones, se ubica por debajo de los $100 millones fijados en 2024 para Chiriquí, pero muy por encima de los $10 millones aprobados en cada una de las dos emergencias focalizadas de 2025. La declaratoria de agosto abarca, además, todo el país, a diferencia de las de 2025, circunscritas a provincias específicas.
El fenómeno de El Niño, de origen climático y asociado históricamente a sequías en el Pacífico panameño y a alteraciones en los patrones de lluvia, ha sido invocado también en el pasado para justificar medidas de excepción en la operación del Canal de Panamá, administrado por la ACP, cuando la disponibilidad de agua en el Lago Gatún se ha visto comprometida.
De cara a los próximos meses, el cumplimiento de la resolución dependerá de que cada ministerio y entidad presente sus informes de gasto una vez concluida la emergencia, y de que la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel documente las autorizaciones otorgadas. El plazo fijado, hasta el 30 de junio de 2027, deja abierta la posibilidad de que el monto o la vigencia se modifiquen antes de esa fecha, según la evolución del fenómeno climático y las necesidades que reporten las provincias afectadas.