La resolución se conoció un día después de la inauguración de los ejercicios militares Panamax 2026, que convocan a 1,700 efectivos de 21 países con el objetivo declarado de proteger la vía interoceánica, de acuerdo con las autoridades. El propio texto normativo sitúa el Canal como una infraestructura estratégica de interés nacional e internacional, cuya operación segura constituye, según la resolución, un elemento fundamental para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico del país.
El nuevo comando se sustenta en un Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, suscrito entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Minseg. Ese instrumento, según detalla la resolución, amplía las capacidades de los servicios policiales de vigilancia, seguridad y protección en siete áreas específicas bajo competencia o administración de la ACP, y aporta los recursos económicos necesarios para sostener la operación del comando.
La norma califica la cuenca hidrográfica del Canal y sus áreas adyacentes como un recurso estratégico indispensable que requiere mecanismos permanentes de protección, vigilancia y control. Entre las amenazas que, según la resolución, justifican la medida enumera factores climáticos, ambientales, cibernéticos, sociales y transnacionales.
Mando, misiones y manejo de fondos
La estructura contempla una coordinación ministerial y una jefatura operacional, ambas bajo la supervisión del ministro de Seguridad Pública. Un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado asumirá la jefatura operacional, mientras que un funcionario de nivel directivo de la sede ministerial ocupará la coordinación. Ambos cargos serán designados por el propio ministro, según el texto.
Entre las misiones asignadas al comando figuran la planificación y ejecución de operaciones integrales de seguridad en las cuencas hidrográficas y áreas estratégicas del Canal, así como la protección de esclusas, centros de control, sistemas energéticos, redes de comunicación y corredores logísticos. También se le atribuye la identificación, localización y aprehensión de personas que cometan acciones flagrantes contra el ordenamiento jurídico dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo marco con la ACP.
La resolución dispone además la creación de un Centro de Operaciones Conjunto, un sistema permanente de inteligencia estratégica y capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales, conflictos sociales y situaciones de crisis. Entre las funciones del comando aparecen también las llamadas «operaciones de información», que el texto describe como estrategias de comunicación estratégica y «prevención de la desinformación», un concepto que no se desarrolla con mayor precisión en el articulado conocido hasta ahora.
En cuanto al manejo de los recursos, la Dirección de Finanzas del Senan ejecutará las coordinaciones, gestiones y tramitaciones necesarias para el uso de los fondos, bajo la supervisión de la coordinación del Minseg. A esa dirección le corresponderá promover la creación de un fondo especial, cuyos procedimientos y manuales de adquisición, uso y manejo deberán contar con la aprobación de la Contraloría General de la República, en línea con las competencias de fiscalización que la Constitución y la ley atribuyen al contralor sobre el manejo de fondos públicos.
La resolución precisa que la creación del comando no modifica la estructura orgánica ni funcional del Minseg, un matiz que apunta a que se trata de un mecanismo de coordinación interinstitucional dentro del andamiaje existente y no de una nueva entidad con personalidad jurídica propia. El texto también ordena que todas las operaciones respeten los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Un canal bajo escrutinio geopolítico creciente
La medida se produce en un contexto en el que el Canal de Panamá ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate sobre seguridad hemisférica, en parte por las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la vía interoceánica y por la presencia comercial de capitales chinos en puertos adyacentes a la ruta. La ACP, entidad autónoma creada tras la transferencia del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, mantiene la administración operativa de la vía, mientras que la seguridad física de sus áreas adyacentes recae en las fuerzas de seguridad del Estado, país que carece de fuerzas armadas desde la abolición del Ejército consagrada en la Constitución.
El antecedente más directo de una arquitectura de seguridad centrada en el Canal se remonta a los años posteriores a la salida de las tropas estadounidenses de las antiguas bases militares de la zona, cuando Panamá construyó desde cero capacidades de vigilancia aeronaval y fronteriza, hoy encarnadas en el Senan y el Senafront. Ambos servicios surgieron de la reestructuración de la seguridad pública tras la desaparición de las Fuerzas de Defensa que siguió a la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y a la caída del general Manuel Antonio Noriega.
Los ejercicios Panamax se celebran de manera periódica desde 2003 bajo el auspicio del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo declarado de preparar respuestas multinacionales ante hipotéticas amenazas contra la operatividad del Canal. La coincidencia entre el inicio de esos ejercicios y la publicación de la Resolución 190 no ha sido vinculada explícitamente por el Minseg en el texto normativo.
Al cierre de esta edición no constaba una reacción pública de bancadas de la Asamblea Nacional ni de las comisiones vinculadas a seguridad, que en ocasiones anteriores han solicitado comparecencias de titulares del Minseg y de la ACP cuando se han anunciado cambios en el dispositivo de protección de la vía. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Electoral figuran en la resolución, que se enmarca exclusivamente en el ámbito de la seguridad pública y la administración del Canal.
Queda pendiente conocer el desarrollo reglamentario del fondo especial que administrará la Dirección de Finanzas del Senan, así como los nombramientos para la jefatura operacional y la coordinación del comando, que corresponden al ministro Ábrego según la resolución. También está por verse si la Contraloría General emite observaciones sobre los manuales de adquisición y manejo de los recursos, un paso que la propia norma establece como requisito previo a la ejecución del fondo.