La comisión negociadora del convenio se reunió el pasado 22 de julio sin acercar posiciones. Según explicó UGT, PreZero reiteró en ese encuentro su propuesta de congelación salarial durante cuatro años y dejó cualquier mejora futura supeditada a una resolución económica del Consell de Formentera, del que depende la concesión. La empresa, sostiene el sindicato, plantea «mantener congeladas las retribuciones actuales y posponer cualquier avance económico a años posteriores, sin ninguna garantía de poder afrontarlos».
El sindicato calificó la oferta de «inasumible» y subrayó que llega en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y de una crisis de acceso a la vivienda que en Baleares presenta una intensidad singular. El archipiélago encadena varios ejercicios como una de las comunidades con mayores subidas del precio del alquiler, según el Instituto Nacional de Estadística y los índices de precios de vivienda que elabora el Ministerio de Vivienda, una presión que en islas pequeñas como Formentera se agrava por la escasez de suelo y la competencia del alojamiento turístico. UGT reclama un convenio con mejoras retributivas reales, estabilidad en el empleo y reconocimiento a un servicio que considera esencial durante todo el año.
La empresa atribuye la falta de margen a impagos del Consell. Desde el concesionario se alega que la institución insular le adeuda cantidades que le impiden ofrecer incrementos salariales antes de resolver esa cuestión presupuestaria. Esa versión traslada el origen del conflicto a la relación contractual entre concesionaria y administración, un extremo sobre el que el Consell no se ha pronunciado de forma explícita en su comunicado público.
Un contrato de 28,2 millones y un servicio esencial en verano
El servicio se rige por el contrato que el Consell de Formentera adjudicó a PreZero en 2023 por 28,2 millones de euros para un periodo de ocho años, que incluye la recogida de residuos, la limpieza viaria y de playas y el mantenimiento de zonas verdes. Es dentro de ese marco donde se libra ahora la disputa salarial, en una actividad cuyo impacto sobre la salubridad pública se dispara en los meses estivales, cuando la población de la isla se multiplica por la afluencia turística.
El precedente más inmediato se sitúa en Sóller, donde un conflicto de características similares —preaviso de huelga en el servicio de basuras durante la temporada alta— se desconvocó el lunes 20 de julio tras una negociación de última hora que evitó la paralización. UGT dejó abierta la incógnita sobre si en Formentera se repetirá ese desenlace o si la falta de acuerdo conducirá al paro efectivo de la recogida. Más atrás, la memoria reciente de las islas guarda episodios como la huelga de limpieza de Ibiza de 2021, que dejó imágenes de contenedores desbordados en plena afluencia de visitantes y evidenció la sensibilidad de estos servicios en un territorio dependiente del turismo.
El sindicato reprochó a la empresa que haya optado por «bloquear la negociación» y trasladar la responsabilidad económica al Consell, al que describió como «expectante como un torero tras el burladero, sin asumir su corresponsabilidad sobre esta situación». UGT insistió en que lleva semanas alertando de la tensión y reiteró su disposición al diálogo, aunque advirtió de que la plantilla «no aceptará un convenio con subida salarial cero durante cuatro años».
Frente a ese planteamiento, el Consell de Formentera respondió al anuncio con un comunicado en el que expresó su «preocupación» y afirmó respetar «plenamente el derecho de los trabajadores a defender sus reivindicaciones», al tiempo que subrayó «la importancia esencial que este servicio tiene para la ciudadanía, especialmente en plena temporada turística». La institución señaló que su prioridad es «garantizar el interés general, preservar la salubridad pública y encontrar una solución lo antes posible».
Pese a calificar el litigio como un conflicto laboral circunscrito a la relación entre PreZero y sus trabajadores, el Consell aseguró que ejercerá «todas las funciones de seguimiento y coordinación» que le corresponden dentro de sus competencias como administración titular del servicio, con el objetivo de defender el interés general y garantizar la prestación.
Qué marca ahora el calendario
La convocatoria formal de huelga, según trasladó UGT, se comunicará en las próximas horas al Consell, a la empresa y a la ciudadanía. El derecho de huelga está amparado por el artículo 28.2 de la Constitución y regulado por el Real Decreto-ley 17/1977, todavía vigente en lo no declarado inconstitucional: el procedimiento exige preaviso con antelación mínima —diez días en servicios públicos— y la fijación de servicios mínimos por la autoridad competente para preservar derechos esenciales como la salubridad pública, particularmente sensibles en un servicio de recogida de residuos en una isla con alta densidad de visitantes en verano.
El desenlace depende ahora de que se reactive la negociación en la comisión del convenio o de que prospere una mediación que rompa el bloqueo entre la congelación salarial defendida por la empresa y las mejoras exigidas por la plantilla. La formalización del preaviso en las próximas horas fijará las primeras fechas posibles de paro, mientras las tres partes implicadas —sindicato, empresa y administración insular— mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe asumir el coste de revertir la actual congelación.
