El desequilibrio fiscal no es exclusivo de un signo político: la deuda brasileña creció tanto durante los mandatos previos de Lula como bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo hijo Flávio Bolsonaro compitió en esta cita electoral. Esa continuidad entre gestiones de distinto color convierte el ajuste en una tarea que, según los análisis publicados durante la campaña, ningún candidato quiso abordar con propuestas concretas de recorte de gasto.
La consecuencia más tangible de ese abismo fiscal es la tasa de interés fijada por el Banco Central brasileño, situada en el 13,75% anual, uno de los niveles más altos entre las grandes economías emergentes. Ese coste del dinero encarece el crédito al consumo, frena la inversión empresarial y actúa como ancla sobre el crecimiento, en un contexto en que las proyecciones apuntan a una expansión del PIB de apenas el 1% para 2027.
Durante la campaña, Lula lanzó un paquete de medidas sociales valorado en más de 35.000 millones de euros sin comprometerse públicamente a compensarlo con recortes en otras partidas, una estrategia que erosionó parte de su credibilidad entre analistas fiscales. Bolsonaro, por su parte, prometió una reducción de ministerios y una rebaja drástica de impuestos manteniendo intactos los subsidios sociales, una combinación que los expertos calificaron de inviable: sobre ambos programas advirtieron que «la cuenta no cuadra».
Del Plan Real a la sostenibilidad de la deuda
Esa tensión entre promesas electorales y realidad presupuestaria no es ajena a la historia reciente de América Latina, donde gobiernos de distinto signo han recurrido a paquetes de estímulo en vísperas electorales para enfrentar después ajustes impopulares. Brasil, la mayor economía de Sudamérica, arrastra ese patrón desde los años noventa, cuando el Plan Real de 1994 estabilizó la inflación pero dejó pendiente la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.
A la presión sobre las cuentas públicas se suma una crisis doméstica de proporciones históricas: el 81,7% de los hogares brasileños arrastra algún tipo de deuda, un máximo histórico agravado por la proliferación de plataformas de apuestas por internet, que según los datos publicados durante la campaña han drenado los ingresos de las familias más vulnerables. Lula respondió prohibiendo esas plataformas y ofreciendo renegociaciones a través de un programa de crédito dirigido a los sectores de menor renta, mientras que Bolsonaro propuso refinanciaciones canalizadas por la banca estatal.
Para los analistas, ninguna de las dos fórmulas resuelve el problema de fondo: un crédito cada vez más caro como consecuencia directa de los tipos fijados por el Banco Central. El resultado es una espiral en la que las familias refinancian deudas a tipos elevados sin corregir la causa estructural del encarecimiento, una dinámica que recuerda a episodios de sobreendeudamiento vividos en otras economías emergentes tras ciclos de consumo financiado a crédito.
El otro gran frente del nuevo mandato es climático. El fenómeno de El Niño, ya iniciado según los registros citados durante la campaña, amenaza con pérdidas de cosechas que golpearían directamente al agronegocio, el principal motor económico de Brasil. La Amazonia, que actúa como sumidero de carbono a escala global, ya registra un aumento de los incendios forestales asociado a ese fenómeno climático, en un patrón de gasto doméstico que en España también alcanza los alimentos: el supermercado vende ya más de la mitad del pescado que consumen los hogares.
El arqueólogo Eduardo Neves, que lleva cuatro décadas trabajando en la selva amazónica, expresó su preocupación ante la posibilidad de que una victoria del bolsonarismo hubiera supuesto un relajamiento de la normativa ambiental, en la línea de la política aplicada durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, señalada como responsable de un repunte sostenido de la deforestación.
«Flávio estuvo esta semana en Marabá, en el sur de Pará, diciendo que relajará las leyes ambientales», declaró el arqueólogo Eduardo Neves.
El desafío de equilibrar la explotación del agronegocio con la preservación de la selva tiene repercusión directa en los compromisos climáticos internacionales suscritos en el Acuerdo de París, del que Brasil es firmante. Cualquier retroceso en la protección de la Amazonia tendría, según los expertos citados, consecuencias que trascienden las fronteras nacionales, dado el papel del bosque tropical en la regulación del clima global.
Más de 40.000 muertes violentas al año
A la crisis fiscal, al sobreendeudamiento familiar y a la amenaza climática se suma un cuarto frente: la seguridad pública. Brasil registra más de 40.000 muertes violentas al año, una cifra que lo sitúa entre los países más afectados por la violencia armada fuera de zonas de conflicto bélico declarado. El narcotráfico, las facciones criminales y las milicias parapoliciales han ampliado su influencia sobre la economía formal y extendido su presencia a prácticamente todos los estados, desbordando las estrategias de seguridad basadas solo en la respuesta policial.
Frente a ese escenario, Bolsonaro planteó durante la campaña medidas de mano dura, entre ellas la castración química para condenados por violación y la reducción de la edad de responsabilidad penal, propuestas que chocan con un sistema penitenciario ya saturado y que generaron un intenso debate sobre su viabilidad práctica y su compatibilidad con el marco constitucional brasileño en materia de derechos fundamentales.
El nuevo mandato de Lula arranca así con cuatro frentes simultáneos: una deuda pública que roza el 83% del PIB, un endeudamiento familiar que afecta a más de ocho de cada diez hogares, una amenaza climática que pone en riesgo el motor agroexportador y una crisis de seguridad que ningún gobierno reciente ha conseguido revertir. Sobre esos programas, los expertos ya sentenciaron durante la campaña que «la cuenta no cuadra».
