El caso de Doris Franco se suma a la serie de femicidios que en los últimos años han concentrado la atención de las autoridades panameñas y de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres. La educadora es ahora el centro de un proceso que busca establecer responsabilidades penales por su asesinato.
El juicio se tramita bajo el sistema penal acusatorio, vigente en Panamá desde su implementación escalonada iniciada en 2011, que sustituyó el modelo inquisitivo por audiencias orales, públicas y contradictorias. Este esquema exige la presencia de fiscales del Ministerio Público, defensa técnica y la intervención de jueces del ramo penal según la naturaleza del delito imputado.
El femicidio fue tipificado de manera autónoma en el Código Penal panameño mediante la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, conocida como la ley contra la violencia hacia las mujeres, que fijó penas de hasta 30 años de prisión para quien dé muerte a una mujer por su condición de género en un contexto de relación de pareja, familiar o de confianza. La norma reconoció por primera vez en la legislación nacional el componente estructural de esa violencia.
En el proceso que se ventila en Veraguas corresponderá al Ministerio Público sustentar la acusación con las pruebas recabadas durante la investigación, mientras la defensa del acusado ejercerá su derecho a presentar argumentos y pruebas de descargo, en apego a las garantías del debido proceso que consagra la Constitución Política. El principio de presunción de inocencia rige hasta que exista una sentencia en firme dictada por el tribunal competente.
La respuesta institucional del Ministerio de la Mujer
La directora del Ministerio de la Mujer recordó, con motivo del inicio del juicio, que la institución mantiene activa la Línea 180, un servicio telefónico gratuito de atención a casos de violencia contra las mujeres. La funcionaria mencionó también una aplicación móvil que permite solicitar apoyo de forma inmediata, herramienta que el ministerio ha promovido como parte de su estrategia de prevención.
El Ministerio de la Mujer fue creado como cartera de Estado mediante la Ley 6 de 2016, tras años de funcionar como una dirección adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces ha centrado parte de su labor en la coordinación de rutas de atención a víctimas de violencia doméstica y femicidio, en articulación con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Órgano Judicial.
Organizaciones de mujeres y colectivos del gremio magisterial han manifestado su seguimiento al desarrollo del juicio, en un contexto en que los casos de violencia contra trabajadoras del sector público han motivado el reclamo de protocolos de protección por parte de sindicatos docentes.
El antecedente institucional más citado en Panamá sobre la respuesta frente al femicidio es el debate legislativo que antecedió a la aprobación de la Ley 82 de 2013, cuando la Asamblea Nacional discutió en el pleno, en sucesivos debates, el endurecimiento de las penas frente a la violencia letal contra mujeres, con la participación de diputadas de distintas bancadas y de organizaciones civiles.
El desarrollo del juicio proseguirá en las próximas audiencias, con la presentación de pruebas testimoniales y periciales por parte de la Fiscalía y de la defensa. El tribunal deberá determinar, al cierre del proceso, si existen elementos suficientes para dictar sentencia; una eventual apelación trasladaría el caso a instancias superiores del Órgano Judicial.
Mientras el proceso continúa su curso, el Ministerio de la Mujer reiteró su llamado a las mujeres que enfrenten situaciones de violencia a utilizar los canales de denuncia disponibles, en momentos en que el caso de Doris Franco vuelve a situar en el debate público la prevención del femicidio.