La investidura de Guardiola como presidenta de la Junta está prevista para el martes 22 de abril en la Asamblea de Extremadura, cuatro meses después de las elecciones autonómicas del 22 de diciembre que dejaron un hemiciclo fragmentado en el que ni PP ni PSOE alcanzaban la mayoría absoluta. El bloque PP-Vox suma treinta y ocho de los sesenta y cinco escaños, tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza la investidura en primera votación.
El acuerdo ha provocado una reacción en cadena a nivel nacional. Pedro Sánchez, desde Barcelona, calificó el pacto como una 'traición a la historia de Extremadura' y acusó al PP de 'vender derechos de ciudadanía a cambio de sillones'. La frase del presidente contenía una referencia directa a una de las medidas más polémicas del acuerdo: la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, una competencia cuya constitucionalidad será probablemente impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central.
En materia de inmigración, incluye la creación de un registro autonómico de inmigrantes irregulares, la exigencia de un certificado de 'integración cultural' como requisito para acceder a servicios sociales de la comunidad, y la solicitud formal al Gobierno central de que excluya a Extremadura del reparto de menores no acompañados (MENA). En educación, contempla la eliminación de la asignatura de 'Educación en Valores Cívicos y Éticos' en los centros de la comunidad y su sustitución por una materia optativa de 'Cultura e Historia de Extremadura'.
Vox ha celebrado el acuerdo como 'el primer paso hacia un modelo de gobierno que pone a los españoles primero'. Garriga, secretario general del partido, publicó un vídeo en redes sociales desde la sede de Bambú en el que mostraba el documento firmado y pronunciaba una frase que sintetiza la estrategia: 'Extremadura será la punta de lanza. Lo que funcione aquí, lo llevaremos a toda España'.
Mientras Extremadura negocia su gobierno, el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno central sigue su curso a un ritmo que ha sorprendido incluso a los propios impulsores del real decreto. Las oficinas de extranjería de cinco comunidades autónomas han tramitado más de sesenta mil citas en las primeras setenta y dos horas de funcionamiento del sistema, un veintisiete por ciento por encima de las previsiones del Ministerio de Inclusión. Madrid lidera el recuento con dieciocho mil cuatrocientas veinte citas, seguida de Barcelona con catorce mil doscientas y Valencia con ocho mil novecientas.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha requerido al Gobierno que remita el expediente administrativo del real decreto de regularización en un plazo improrrogable de veinte días. La decisión responde a la admisión a trámite del recurso presentado por la asociación Hazte Oír, al que se ha sumado un recurso separado de Vox con petición de medidas cautelares. El alto tribunal rechazó la suspensión cautelar inmediata del real decreto —lo que habría paralizado el proceso de citas—, pero ha abierto el procedimiento ordinario que podría, en última instancia, anular la norma.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, anunció el miércoles que su partido 'combatirá la regularización de ilegales en los tribunales, en el Parlamento y en la calle'. La formulación tripartita no es retórica: además de los recursos judiciales, Vox ha convocado manifestaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla para el sábado 26 de abril bajo el lema 'España para los españoles', una convocatoria que la Delegación del Gobierno aún no ha autorizado formalmente.
El contraste entre Extremadura y la regularización ilustra la fractura territorial que define la España de 2026. En Mérida, un gobierno autonómico de PP y Vox aplicará políticas de restricción migratoria mientras, en las oficinas de extranjería de las grandes ciudades, medio millón de personas se preparan para salir de la irregularidad administrativa. Dos Españas legislativas, dos visiones del país, operando simultáneamente bajo el mismo marco constitucional. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la regularización. Pero la primera palabra la están escribiendo, cada día, los sesenta mil ciudadanos que ya han pedido cita.
