El desglose territorial de las 60.347 citas revela diferencias significativas que los analistas de la Secretaría de Estado interpretan como un mapa de la distribución real de la población en situación irregular en España. Madrid lidera con 18.420 citas, un 30,5% del total, seguida de Cataluña con 14.890 (24,7%), Andalucía con 12.350 (20,5%), Comunidad Valenciana con 8.740 (14,5%) y Región de Murcia con 5.947 (9,9%). La concentración del 55% de las citas en Madrid y Cataluña no sorprende a los expertos en migraciones —ambas comunidades concentran también la mayor parte de la actividad económica que absorbe mano de obra irregular, desde la hostelería y la construcción hasta la agricultura intensiva y el servicio doméstico— pero sí ha generado tensiones entre las delegaciones de extranjería, que denuncian una distribución desigual de los recursos de refuerzo. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha solicitado al Ministerio un contingente adicional de 80 funcionarios para la próxima semana, argumentando que 'la ratio de citas por ventanilla supera ya las 45 diarias, cuando el estándar de atención adecuada está en 25'. En Cataluña, el conseller de Acción Exterior y Migración, Oriol Junqueras, ha reprochado al Gobierno central que 'el dispositivo se diseñó para la foto política de la aprobación del decreto, no para la realidad de su implementación', y ha anunciado que la Generalitat desplegará 60 funcionarios propios en las oficinas de extranjería catalanas a partir del lunes como 'refuerzo de emergencia' con cargo a los presupuestos autonómicos.
Las colas frente a las oficinas de extranjería se han convertido en la imagen icónica de la primera semana de regularización y en un campo de batalla político que cada partido interpreta según su narrativa. En la delegación de Madrid centro, situada en la calle García de Paredes, los solicitantes comenzaron a formar fila a las 04:30 de la madrugada del jueves, cuatro horas y media antes de la apertura de puertas, con mantas, sillas plegables y termos de café que recordaban las acampadas frente a las tiendas de Apple en los lanzamientos de productos estrella. El viernes, la cola se extendió durante 200 metros por la acera y requirió la presencia de dos furgones de la Policía Nacional para regular el flujo de personas y evitar altercados. Los testimonios recogidos por este periódico reflejan una realidad humana que trasciende las estadísticas: Fatima, marroquí de 34 años que trabaja como empleada de hogar en Chamberí desde 2019, esperó siete horas para una cita que le asignaron para el 14 de mayo; Carlos, ecuatoriano de 41 años que trabaja en una obra en Vallecas sin contrato desde 2021, no consiguió cita porque el sistema se saturó a las 11:00 y tuvo que volver el sábado a las 05:00; Amina, senegalesa de 28 años con un hijo nacido en España, consiguió cita para el 7 de mayo pero teme que su empleador no le firme el contrato necesario porque 'dice que si me regularizo tendré que darme de alta en la Seguridad Social y le costará más'.
La protesta de la comunidad saharaui frente a las oficinas de extranjería ha añadido una dimensión que el Gobierno no anticipó y que compromete su narrativa de inclusión universal. Desde el jueves, grupos de entre 30 y 80 saharauis se han concentrado frente a las oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia con pancartas en español y árabe que denuncian la exclusión del colectivo del proceso de regularización. El decreto, tal como fue publicado en el BOE el martes, establece como requisito que el solicitante acredite presencia continuada en territorio español desde antes del 1 de noviembre de 2025 y que presente un contrato de trabajo o una oferta firme de empleo. Los saharauis argumentan que su situación es singular porque muchos de ellos residen en España bajo un estatuto de apatridia reconocido por el propio Estado español que no les permite obtener permisos de trabajo ordinarios, lo que les impide cumplir el requisito contractual del decreto. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ha presentado un escrito formal ante la Secretaría de Estado de Migraciones solicitando una disposición adicional que contemple un itinerario específico para las personas con estatuto de apatridia, pero fuentes del ministerio reconocen que 'no hay margen normativo para modificar el decreto sin pasar por el Consejo de Ministros' y que 'cualquier excepción requiere un análisis jurídico que no se puede improvisar en 72 horas'.
Mientras las oficinas de extranjería gestionan el tsunami de solicitudes, en Mérida la maquinaria institucional avanza a otro ritmo: hoy domingo, la Mesa de la Asamblea de Extremadura se reúne a las 12:00 para fijar formalmente la fecha del debate de investidura de María Guardiola, que todas las fuentes sitúan en el martes 22 de abril a las 10:00. La reunión de la Mesa, convocada de forma extraordinaria por el presidente de la Asamblea, Blanca Martín, tiene un único punto en el orden del día —la propuesta de la candidata presentada por el presidente de la Junta en funciones— y se espera que sea un trámite breve dado que PP y Vox suman 38 de los 65 escaños, muy por encima de los 33 necesarios para la mayoría absoluta en primera votación. El equipo de Guardiola lleva desde el viernes trabajando en el discurso de investidura, un texto que fuentes del PP describen como 'centrado en la economía, el empleo y la despoblación, con referencias al pacto de coalición pero sin entrar en detalles de las consejerías de Vox'. La estrategia es clara: Guardiola quiere que el debate de investidura gire en torno a su perfil de gestora y no en torno a las concesiones a Vox en materia migratoria, que es exactamente el terreno donde la oposición socialista planea dar la batalla dialéctica.
El PSOE de Extremadura ha confirmado que Guillermo Fernández Vara intervendrá en el debate de investidura como senador invitado —la Asamblea permite a los representantes de otros niveles institucionales solicitar la palabra en sesiones de investidura, aunque sin voto— y que su discurso se centrará en los 18 puntos del bloque migratorio del acuerdo PP-Vox. Las fuentes socialistas anticipan que Vara utilizará datos del propio Ministerio de Inclusión para argumentar que Extremadura no es una comunidad con presión migratoria significativa —solo el 3,2% de su población es de origen extranjero, frente al 13,1% de Cataluña o el 11,8% de Madrid— y que la creación de una Consejería de Inmigración y Fronteras responde a una agenda ideológica de Vox y no a una necesidad administrativa real. La respuesta del PP, según las fuentes consultadas, será que 'Extremadura tiene derecho a anticiparse a un fenómeno que ya desborda a otras comunidades y que el propio Gobierno reconoce al aprobar un decreto de regularización para 500.000 personas'. El cruce dialéctico sobre inmigración promete ser el momento más tenso del debate y el que más cobertura mediática generará a nivel nacional.
El factor que conecta las dos grandes noticias de esta crónica —la regularización y la investidura extremeña— es, precisamente, la inmigración como eje transversal de la política territorial española. Mientras el Gobierno de Sánchez implementa la regularización más masiva desde la de Zapatero en 2005, el PP y Vox construyen en Extremadura un gobierno cuya bandera más visible es el control migratorio. Las dos estrategias son antagónicas en su concepción —inclusión versus control, regularización versus restricción— pero comparten un diagnóstico implícito: España tiene un problema migratorio que las estructuras administrativas actuales no son capaces de gestionar. Las cifras de esta semana lo confirman por ambos extremos: las 60.347 citas de regularización demuestran que la demanda de inclusión desborda al Estado, y el hecho de que Vox haya convertido una consejería de inmigración en su condición sine qua non para entrar en un gobierno demuestra que el discurso restrictivo tiene tracción electoral suficiente para forzar concesiones al PP. Entre ambos extremos, las oficinas de extranjería se colapsan, los saharauis protestan, los funcionarios trabajan a triple jornada y los migrantes hacen cola desde las cuatro de la madrugada.
Las protestas saharauis merecen un análisis más detenido porque revelan una contradicción jurídica que el decreto no resuelve y que probablemente acabará en los tribunales. España reconoce el estatuto de apatridia para los nacionales del Sáhara Occidental desde la Ley de Asilo de 2009, un reconocimiento que otorga a los saharauis residentes en territorio español una serie de derechos —residencia, sanidad, educación— pero no el derecho al trabajo por cuenta ajena salvo con autorización expresa. El decreto de regularización, diseñado para personas en situación irregular con arraigo laboral, exige precisamente lo que los apátridas saharauis no pueden acreditar: un contrato de trabajo previo. La paradoja es kafkiana: el Estado reconoce que los saharauis están en España legalmente como apátridas pero les impide acceder a una regularización diseñada para quienes están ilegalmente, porque la regularización exige un vínculo laboral que el propio estatuto de apatridia les prohíbe. Los abogados de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui estudian presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si el Ministerio no da respuesta al escrito formal antes del viernes 25 de abril, un recurso que, si prospera, podría obligar al Gobierno a modificar el decreto o a aprobar una disposición complementaria.
La semana que ahora comienza será decisiva en ambos frentes. En el plano territorial, la investidura del martes en Mérida marcará el nacimiento formal del primer gobierno PP-Vox de la nueva legislatura autonómica y ofrecerá el primer test público de la coalición ante el escrutinio de la oposición y los medios nacionales. En el plano migratorio, las cifras de la regularización seguirán creciendo —las previsiones de la Secretaría de Estado apuntan a 100.000 citas acumuladas antes del viernes 25— y la presión sobre las oficinas de extranjería obligará al Gobierno a tomar decisiones operativas que no estaban previstas en el diseño original del proceso. La confluencia de la investidura extremeña y la regularización migratoria en la misma semana no es una casualidad cronológica: es la manifestación más visible de que España gestiona simultáneamente dos modelos opuestos de política migratoria, uno inclusivo y otro restrictivo, sin que exista un espacio institucional donde ambos puedan converger en un consenso que el país necesita con urgencia. La cifra de 60.347 y la cifra de 61 —puntos del pacto de Mérida— son, paradójicamente, las dos cifras que mejor retratan la fractura española sobre la cuestión que definirá la próxima década.
