El caso llegó a los tribunales panameños luego de que la constructora brasileña admitiera, en el marco de un acuerdo judicial suscrito en Brasil y avalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haber pagado sobornos a funcionarios de distintos países de América Latina para asegurar la adjudicación de contratos de infraestructura. Panamá figuró entre las naciones señaladas, lo que activó una investigación del Ministerio Público que se ha extendido durante cerca de una década.
Durante ese periodo, la investigación derivó en la formulación de cargos contra personas vinculadas a la administración pública y al entorno empresarial que, según la acusación, habría facilitado el esquema de pagos a cambio de la asignación de obras estatales. El expediente pasó por etapas de instrucción, audiencias preliminares y la fase de juicio, hasta desembocar en la actual espera de sentencia.
La jueza Baloisa Marquínez es la encargada de emitir el fallo que determinará si los acusados son responsables penalmente de los delitos que se les atribuyen, vinculados al blanqueo de capitales y a la corrupción de servidores públicos, conforme al marco que contempla el Código Penal panameño para este tipo de esquemas de soborno transnacional.
Un proceso en paralelo a la región
El proceso en Panamá se ha desarrollado en paralelo a investigaciones abiertas en otros países, como Brasil, Perú, Colombia y República Dominicana, donde el mismo esquema derivó en condenas, acuerdos de colaboración y, en algunos casos, en la salida de altos funcionarios. La comparación regional sitúa al caso panameño como uno de los de mayor duración, sin que hasta el momento se haya conocido una sentencia firme.
El expediente panameño ha estado marcado por recursos legales presentados por la defensa de los acusados, que ha cuestionado distintos aspectos del proceso, entre ellos la validez de pruebas obtenidas mediante cooperación judicial internacional y los plazos de la instrucción. Estas impugnaciones contribuyeron a extender la duración de la causa.
La defensa de los acusados ha reiterado en distintas etapas que sus representados actuaron dentro del marco legal vigente al momento de los hechos y que no existen pruebas suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público, por su parte, ha sostenido que la evidencia recabada, incluida la proveniente de la cooperación con autoridades brasileñas y estadounidenses, es suficiente para acreditar la responsabilidad penal de los procesados.
Como antecedente, la justicia panameña afrontó años atrás la investigación derivada de la filtración conocida como los Panama Papers, de distinta naturaleza jurídica, que expuso el entramado de sociedades utilizadas para el manejo de fondos y puso a prueba la capacidad del sistema para investigar esquemas financieros complejos con ramificaciones internacionales.
La resolución que emita la jueza Marquínez podrá ser objeto de apelación ante instancias superiores del Órgano Judicial, lo que significa que, incluso una vez conocida la sentencia, el caso podría no cerrarse de manera inmediata. El sistema procesal penal panameño contempla recursos de apelación y, eventualmente, de casación ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el desenlace definitivo podría demorar más tiempo.
Mientras se aguarda el fallo, el caso continúa como referencia obligada en el debate sobre la fiscalización de los contratos de obra pública en Panamá, un asunto vinculado al proceso de refrendo que realiza la Contraloría General a los contratos que el Estado suscribe con empresas privadas, mecanismo mediante el cual el contralor avala la legalidad del gasto antes de su ejecución.
La sentencia sentará un precedente sobre el tratamiento judicial de los esquemas de corrupción vinculados a la contratación pública, en un país donde entidades estatales manejan procesos de licitación de gran envergadura que permanecen bajo escrutinio público.