A escala global, los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos reconocidos sobre una cuarta parte de las tierras del planeta, según estimaciones citadas en estudios ambientales internacionales. Esos territorios concentrarían el 37% de las áreas naturales que aún permanecen sin alteración significativa en el mundo, además de un tercio de los paisajes forestales considerados intactos. El contraste es marcado frente a las zonas bajo explotación agrícola o ganadera intensiva, donde el deterioro de la cobertura vegetal resulta sensiblemente más acelerado, y donde la probabilidad de conversión de suelos naturales a agricultura intensiva es notablemente mayor.
En Panamá, esa tendencia encuentra un correlato concreto. Las comarcas y territorios colectivos indígenas exhiben, de acuerdo con los estudios consultados, los índices más bajos de deforestación del país en proporción a su extensión, pese a enfrentar amenazas persistentes como la tala ilegal, la agricultura de corte y quema, el uso de agroquímicos y la expansión de la actividad ganadera en sus periferias. Los mismos análisis subrayan la efectividad de estas comunidades para contener el avance deforestador, un patrón que se repite en distintas latitudes.
La comarca Naso Tjër Di, oficializada mediante ley en diciembre de 2020 tras décadas de reclamo del pueblo naso por el reconocimiento de su territorio ancestral, constituye uno de los ejemplos más citados. Según los datos disponibles, el 91% de su superficie se superpone con el Parque Internacional La Amistad y el Bosque Protector de Palo Seco, dos figuras de protección donde el manejo comunitario de la biodiversidad ha mantenido tasas de deforestación comparativamente bajas. Es la comarca más joven del país.
El otro caso de referencia es el Parque Nacional Darién, una de las áreas protegidas más extensas de Centroamérica y frontera con Colombia. Allí, las restricciones severas a la caza dentro del parque, sumadas a las prácticas de manejo de las comunidades indígenas asentadas en sus alrededores, habrían contribuido a contener el avance de los modelos de agricultura intensiva que sí han erosionado la cobertura forestal en otras regiones del oriente panameño.
Los estudios ambientales también documentan que más de 2,500 especies de mamíferos tienen al menos el 10% de su hábitat dentro de territorios indígenas a escala mundial, un dato que dimensiona el peso de estas tierras para la conservación de la biodiversidad más allá de sus fronteras administrativas. Esa correlación entre presencia indígena y menor pérdida de biodiversidad ha sido señalada de forma reiterada por organismos multilaterales como argumento para fortalecer la seguridad jurídica sobre los territorios originarios.
De la comarca Guna Yala a la discusión regional
La discusión sobre el papel ambiental de los pueblos indígenas panameños no es nueva. Desde la creación de la comarca Guna Yala en 1938 —la primera y más antigua del país—, pasando por el reconocimiento de la comarca Emberá-Wounaan en 1983 y la comarca Ngäbe-Buglé en 1997, hasta la más reciente Naso Tjër Di en 2020, Panamá ha ido consolidando un régimen de administración territorial indígena que, según diversos análisis ambientales, ha operado como barrera de facto contra la expansión de la frontera agropecuaria en zonas de alto valor ecológico. El sistema de comarcas reconoce a las autoridades tradicionales y a los congresos generales competencias sobre el gobierno interno de esos territorios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha planteado la necesidad de un diálogo intercultural que integre los sistemas de conocimiento indígena en áreas como la gestión de la biodiversidad y la medicina tradicional, con el objetivo de elevar su reconocimiento práctico y científico. La propuesta busca tender puentes entre saberes ancestrales transmitidos de generación en generación y los marcos técnicos con los que operan las instituciones ambientales formales.
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, reunido en Santiago de Chile bajo el auspicio de la Cepal, incorporó esta discusión entre sus conclusiones de abril de 2026. El documento final del encuentro plantea la necesidad de integrar los conocimientos y las prácticas culturales, sociales y ambientales de los pueblos indígenas «a fin de promover medios de vida sostenibles, garantizar una transición justa hacia modalidades y prácticas de consumo y producción sostenibles, y lograr la seguridad alimentaria en armonía con la naturaleza», según el texto adoptado por los países participantes.
No obstante, el reconocimiento formal de estos saberes enfrenta un obstáculo estructural: los estudios consultados advierten de lo que definen como una injusticia epistémica, es decir, una falta de validación efectiva de los conocimientos indígenas por parte de la comunidad científica convencional. Esa desatención convive, de forma paradójica, con episodios de apropiación de esos mismos saberes por terceros sin reconocimiento ni beneficio para las comunidades de origen, un fenómeno que algunos investigadores describen como extractivismo epistémico.
El desafío pendiente, según se desprende de los estudios y de las conclusiones del foro de la Cepal, es traducir ese reconocimiento territorial en políticas públicas que dialoguen con la gestión ambiental estatal sin desplazar la autoridad de las autoridades tradicionales dentro de sus comarcas. La articulación entre la institucionalidad ambiental del Estado, las autoridades comarcales y los congresos generales indígenas continúa siendo un terreno en construcción, sin plazos ni instrumentos formales definidos hasta la fecha para dar cuerpo a las recomendaciones del foro regional.