Yaritza Llerena relató que su padre fue sometido a una cirugía por el fuerte golpe recibido en la cabeza y que continúa bajo observación médica en el Hospital Santo Tomás, principal centro de referencia del sistema público de salud panameño. La familia mantiene contacto con la Alcaldía de Panamá para reclamar, además de la atención al estado de salud del exfuncionario, el pago de las prestaciones laborales que motivaron la protesta del 3 de agosto.
La hija del exfuncionario dijo que este martes se presentó nuevamente ante el municipio para consultar sobre la prima de antigüedad que le corresponde a su padre. "Fue hoy martes (11 de agosto) a preguntar y me informaron que aún no harán efectivo el pago", sostuvo, en referencia a la respuesta que recibió de la Dirección de Recursos Humanos.
La Alcaldía de Panamá confirmó que atendió a la hija del exfuncionario y le explicó el estado del trámite. La entidad precisó que a Llerena le corresponden 15 meses de salario por concepto de vacaciones acumuladas y prima de antigüedad, y que la solicitud fue radicada el 20 de julio de 2026. "Se le explicó que le corresponden 15 meses de salario. El señor Llerena solicitó la prima de antigüedad el pasado 20 de julio de 2026, es decir, aún no ha transcurrido un mes", indicó la institución, que añadió que el trámite puede demorar aproximadamente seis meses.
El debate sobre la legalidad de la Policía Municipal
Los hechos del edificio Hatillo reabrieron la discusión jurídica sobre la existencia misma de la Policía Municipal, un cuerpo creado mediante el Acuerdo 162, aprobado por el Consejo Municipal el 17 de junio de 2025 a solicitud del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi. El acuerdo transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —concebido para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor.
Jaime Abad, abogado y exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), sostiene que la Constitución es clara al respecto: el artículo 310 establece que la ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados, atribución que no correspondería a un acuerdo del Consejo Municipal. Bajo esa lectura, la conformación de la Policía Municipal por vía de acuerdo carecería de respaldo constitucional.
Abad plantea, sin embargo, que la solución no pasa por eliminar la figura, sino por dotarla de un marco legal. A su juicio, correspondería aprobar una ley que permita crear policías municipales en distintos distritos, entre ellos Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Colón, David y Boquete, ante el incremento de la criminalidad. "Debidamente reglamentados, los servicios de policía no riñen ni compiten entre sí. Por el contrario, cubren mayor territorio y se incrementa la presencia policial en nuestros barrios y espacios públicos", comentó.
El Acuerdo 162 fue demandado por inconstitucional por el Ministerio de Seguridad Pública y por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca). Mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva esas demandas, la operación del cuerpo municipal permanece en discusión, en paralelo a las protestas laborales frente a la sede del municipio.
El mandatario, José Raúl Mulino, también se ha pronunciado sobre la controversia: expresó su rechazo a la creación del nuevo cuerpo de seguridad municipal y pidió que "se tumbe". Su postura lo sitúa en confrontación con el alcalde Mizrachi respecto al alcance de las competencias del municipio en materia de seguridad. Ni la Alcaldía ni el municipio, hasta ahora, han dado marcha atrás en la operación del cuerpo cuestionado.
La discusión sobre los límites entre la seguridad municipal y la seguridad nacional no es nueva en el país. Tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y la disolución de las Fuerzas de Defensa, Panamá abolió el ejército y organizó la Policía Nacional bajo mandos civiles, consolidando el principio de que los servicios de policía se crean por ley y se someten a control civil, sin fuerzas paralelas con capacidad coercitiva. Ese antecedente enmarca el reparo constitucional que ahora se plantea contra el Acuerdo 162.
El caso de Llerena colocó en primer plano no solo la legalidad del cuerpo municipal, sino también la actuación de sus agentes frente a la protesta laboral del 3 de agosto. No consta que la Alcaldía o el Ministerio Público hayan informado públicamente sobre una investigación en curso por los hechos del edificio Hatillo, ni sobre la identificación de los agentes involucrados en el altercado que dejó herido al exfuncionario.
Mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 162, la Policía Municipal continuará operando bajo el marco actual. El desenlace de ese proceso judicial, la evolución del estado de salud de Llerena y el cumplimiento del plazo de pago anunciado por la Alcaldía —que la entidad cifró en unos seis meses— marcarán los próximos capítulos de un caso que ha puesto bajo escrutinio tanto la gestión municipal de personal como los límites constitucionales de la seguridad local.