La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado en un informe interno catorce transferencias bancarias realizadas por Koldo García hacia una cuenta radicada en el Dubai International Financial Centre por un importe total de 412.000 euros. Las operaciones, ejecutadas entre octubre de 2025 y febrero de 2026, coinciden cronológicamente con el cierre del Estrecho de Ormuz y tienen como beneficiario último a un intermediario comercial iraní con vínculos acreditados con fabricantes de equipos de protección individual (EPI) en Teherán e Isfahán. El material sanitario vinculado a esa red de contactos nunca llegó a los hospitales de destino.
Por qué importa este hallazgo
El hallazgo es relevante por tres razones que se superponen. Primera: las fechas sitúan las transferencias en un período en que García ya no ostentaba cargo público, lo que abre la pregunta de qué contraprestación motivaba los pagos. Segunda: el Dubai International Financial Centre opera bajo un marco regulatorio propio, distinto al de los Emiratos Árabes Unidos en materia de transparencia financiera, lo que lo convierte en una jurisdicción utilizada con frecuencia en estructuras de intermediación opaca, según registra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Tercera: la coincidencia con el cierre de Ormuz —vía de tránsito crítica para el comercio marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico— sugiere que la red podría haber buscado aprovechar la disrupción logística para mediar en contratos de emergencia de material sanitario.
La arquitectura financiera detectada por la UCO
Según el informe de la UCO, las transferencias no se dirigieron directamente al intermediario iraní, sino que transitaron por una red de cuentas instrumentales constituidas en el Dubai International Financial Centre. Esta tipología de estructura, conocida en el ámbito del cumplimiento normativo como 'layering' o estratificación, tiene por objeto dificultar la trazabilidad del dinero y distanciar al ordenante del beneficiario final. La UCO habría reconstruido la cadena de titularidades hasta identificar al destinatario último, cuya identidad no ha sido hecha pública por razones de instrucción sumarial.
Los EPI que no llegaron y el patrón que se repite
El vínculo con equipos de protección individual resulta especialmente significativo dado el historial judicial de García. El llamado 'caso Koldo' arrancó precisamente con la investigación de comisiones irregulares en la compra pública de mascarillas durante la pandemia de covid-19, un período en que varias comunidades autónomas y organismos del Estado pagaron por material sanitario que no se entregó o que no reunía las condiciones contratadas. Que el informe de la UCO ahora documente transferencias hacia intermediarios iraníes del mismo sector —con material que tampoco habría alcanzado su destino hospitalario— establece un patrón de conducta que los investigadores consideran relevante para la instrucción en curso.
El contexto geopolítico: Ormuz como catalizador
El cierre del Estrecho de Ormuz, paso por el que transita aproximadamente un quinto del comercio mundial de petróleo y una parte sustancial de las rutas de carga general hacia Europa, genera de forma recurrente escenarios de urgencia en los mercados de suministros. En situaciones de disrupción logística, los contratos de emergencia quedan frecuentemente al margen de los procedimientos ordinarios de contratación pública, lo que reduce los controles ex ante y amplía el margen de actuación de intermediarios no regulados. La UCO habría considerado este contexto al analizar la motivación y el momento de las transferencias.
Irán, sanciones y opacidad corporativa
Los vínculos del beneficiario final con fábricas en Teherán e Isfahán añaden una capa de complejidad jurídica. Irán se encuentra sujeto a regímenes de sanciones internacionales —de la Unión Europea, Estados Unidos y Naciones Unidas— que restringen, con excepciones humanitarias tasadas, las transacciones comerciales con entidades del país. La investigación de la UCO deberá determinar si las operaciones detectadas vulneran esas restricciones o si podrían ampararse en algún supuesto de exención para material sanitario, extremo que corresponde valorar a la autoridad judicial.
Posición de las partes
El informe de la UCO forma parte de una instrucción judicial en curso, por lo que ni la defensa de García ni los presuntos intermediarios han tenido acceso publicado a su contenido íntegro. El principio de presunción de inocencia ampara a todas las personas mencionadas mientras no exista resolución judicial firme. La UCO y la Guardia Civil no comentan, por política institucional, investigaciones en fase de instrucción.
Lo que queda por determinar
La instrucción deberá esclarecer al menos cuatro extremos: la naturaleza jurídica de las catorce transferencias y su encaje o no en figuras delictivas como el blanqueo de capitales o la corrupción privada; la identidad y el estatus legal de los intermediarios iraníes; el paradero del material sanitario vinculado a la red; y la eventual implicación de otros actores, públicos o privados, en la cadena de pagos. La fase de instrucción no tiene plazo legal máximo en procedimientos de esta complejidad, aunque la reforma procesal penal en tramitación en las Cortes Generales prevé la introducción de límites temporales que, de aprobarse, afectarían a causas abiertas.
