La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado una quinta cuenta bancaria vinculada a Koldo García Cejas —exasesor del exministro José Luis Ábalos y figura central del caso conocido como el 'caso Koldo'— en VP Bank AG, entidad con sede en Vaduz, Liechtenstein, con un saldo de 890.000 euros ocultado al Tribunal Supremo. La cuenta está abierta a nombre de la Fundación Baskonia Global Partners, constituida en Panamá, y registra 23 transferencias procedentes de Dubái, Andorra y Lisboa entre 2020 y 2024, según el informe al que ha tenido acceso en exclusiva El Hemiciclo. El hallazgo contrasta directamente con la declaración patrimonial que García Cejas presentó ante el instructor del Supremo, en la que afirmó que su patrimonio se limitaba a un piso en Vitoria y una cuenta corriente con 12.000 euros de saldo.
El patrimonio declarado frente al patrimonio rastreado
La distancia entre lo declarado y lo ahora documentado resulta cuantificable y sustancial. García Cejas comunicó al Supremo una situación patrimonial que no superaba el valor de un inmueble en el País Vasco y doce mil euros en líquido. El informe de la UCO, brazo de investigación económica y financiera de la Guardia Civil especializado en crimen organizado y corrupción, sitúa en cambio 890.000 euros en una cuenta en Liechtenstein instrumentalizada a través de una fundación panameña. La brecha entre ambas fotografías patrimoniales constituye el núcleo del nuevo frente judicial que se abre en una causa que ya acumula varios años de instrucción.
Por qué importa: prueba sobrevenida y rogatoria internacional
La relevancia procesal del hallazgo es inmediata. La Fiscalía ha solicitado formalmente al juez instructor la ampliación de la comisión rogatoria a Liechtenstein —mecanismo de cooperación judicial internacional por el que un tribunal requiere a otro Estado la obtención de pruebas en su territorio— para recabar la documentación completa de la cuenta en VP Bank AG. Al mismo tiempo, el Ministerio Público estudia incorporar el informe de la UCO como prueba sobrevenida en el juicio que se sigue ante el Tribunal Supremo. Si el órgano judicial acoge ambas peticiones, el procedimiento podría experimentar una ampliación significativa tanto en su alcance patrimonial como en su extensión temporal, dado que las transferencias documentadas abarcan cuatro años y tres jurisdicciones distintas.
La arquitectura financiera: Panamá, Liechtenstein y tres países emisores
La estructura detectada por la UCO responde a un patrón conocido en los grandes casos de ocultación patrimonial: la interposición de una persona jurídica constituida en una jurisdicción opaca —en este caso una fundación panameña— para titularizar activos depositados en una banca privada de un segundo territorio con elevado secreto financiero, como Liechtenstein. VP Bank AG es una entidad de gestión de patrimonio privado con sede en Vaduz, capital del Principado, país que, pese a los avances en intercambio automático de información fiscal impulsados por la OCDE desde 2014, ha mantenido históricamente una posición favorable a la discreción bancaria. Las 23 transferencias rastreadas tienen como puntos de origen Dubái —centro financiero del Golfo con régimen fiscal propio—, Andorra —microestado con convenios fiscales limitados con España hasta su plena incorporación al marco OCDE— y Lisboa, lo que sugiere, según la UCO, una red de canales de entrada diseñada para dificultar el rastreo del origen de los fondos.
Las fundaciones panameñas como vehículo de opacidad
El uso de fundaciones panameñas como pantalla para la titularidad de cuentas en banca privada europea es una técnica ampliamente documentada en investigaciones de fraude fiscal y blanqueo internacional. A diferencia de las sociedades mercantiles, las fundaciones de interés privado panameñas —reguladas por la Ley 25 de 1995 de la República de Panamá— no están obligadas a inscribir a sus beneficiarios efectivos en registros públicos accesibles, lo que dificulta la identificación del titular real de los activos. La denominación de la fundación detectada, Baskonia Global Partners, incorpora una referencia geográfica al País Vasco —región de origen de García Cejas— junto a una terminología de apariencia corporativa internacional, combinación habitual en estos vehículos según los organismos especializados en seguimiento de flujos financieros ilícitos.
La declaración ante el Supremo y sus consecuencias penales
Que García Cejas haya presentado ante el Tribunal Supremo una declaración patrimonial que omitiría 890.000 euros en una cuenta extranjera tiene consecuencias que trascienden lo procesal. Ocultar bienes al órgano judicial en el marco de un procedimiento penal puede constituir un delito autónomo de obstrucción a la justicia o, en función de la calificación que adopte la Fiscalía, integrarse en los tipos de alzamiento de bienes o de blanqueo de capitales ya imputados. La defensa de García Cejas no ha emitido, según la información disponible, ninguna declaración pública en relación con el informe de la UCO.
Antecedentes del caso y cronología de la instrucción
El caso Koldo, cuya instrucción lleva el Tribunal Supremo por la condición de aforado de algunos de los investigados, arrancó públicamente en 2024 con la detención de García Cejas y otras personas en el marco de una operación policial relacionada con presuntas comisiones irregulares en contratos públicos de material sanitario suscritos durante la pandemia de covid-19. Desde entonces, la causa ha experimentado sucesivas ampliaciones de diligencias, incorporación de nuevos investigados y varias piezas separadas. El informe de la UCO ahora conocido correspondería a una fase de investigación patrimonial posterior a la apertura del juicio oral, lo que explica su condición de prueba sobrevenida y la necesidad de acudir a la vía de la comisión rogatoria internacional para completarla.
Próximos pasos judiciales
El desarrollo inmediato de esta pieza de la investigación depende de dos decisiones judiciales aún pendientes: la resolución del juez instructor sobre la ampliación de la comisión rogatoria a Liechtenstein y la admisión o rechazo de la documentación de la UCO como prueba sobrevenida. Liechtenstein forma parte del Espacio Económico Europeo y ha suscrito el Convenio de Asistencia Mutua en Materia Penal del Consejo de Europa, lo que, en términos generales, facilita la cooperación judicial con España, aunque los plazos de respuesta en rogatorias bancarias a este tipo de entidades de banca privada pueden extenderse varios meses. La Fiscalía, según el informe, ya ha formalizado su petición, por lo que el reloj procesal ha comenzado a correr.
