El informe de la UCO divide el entramado financiero en tres capas que los investigadores han bautizado internamente como 'circuito de ida', 'circuito de lavado' y 'circuito de retorno'. El circuito de ida comprende las transferencias originales realizadas por las empresas adjudicatarias de los contratos de mascarillas —Soluciones de Gestión SL, International Bussines Advisors SL y otras tres sociedades instrumentales— hacia cuentas controladas por Aldama y por un segundo intermediario cuya identidad permanece bajo secreto de sumario. Estas transferencias, que suman 6,8 millones de euros entre marzo de 2020 y febrero de 2021, se realizaron en 23 operaciones fraccionadas que nunca superaron los 300.000 euros por transferencia, un umbral que los investigadores consideran deliberadamente diseñado para evitar los controles automáticos del SEPBLAC. El circuito de lavado es la fase intermedia: los fondos salieron de España hacia tres cuentas en la Banca Privada d'Andorra —actual MoraBanc— mediante transferencias etiquetadas como 'pagos por servicios de consultoría internacional', y de ahí fueron redirigidos a la sociedad pantalla Al-Rashid Consulting FZE, registrada en la zona franca de Dubái el 14 de mayo de 2020, solo 48 horas después de la adjudicación del contrato de Puertos del Estado por valor de 22 millones de euros que la UCO considera el epicentro de la segunda línea de negocio de la trama.
La sociedad de Dubái, Al-Rashid Consulting FZE, es probablemente el hallazgo más significativo del informe porque conecta las dos patas del caso que hasta ahora habían caminado por separado en la instrucción. Los investigadores han determinado que la sociedad fue registrada por un abogado emiratí cuyo bufete ha sido utilizado anteriormente en al menos dos casos de blanqueo investigados por Europol, con un capital inicial de 50.000 dírhams —aproximadamente 12.500 euros— y un administrador nominal que las autoridades emiratíes han identificado como un ciudadano libanés residente en Sharjah sin historial empresarial conocido. La UCO solicitó a través de la Interpol y del mecanismo de cooperación judicial UE-EAU la documentación societaria completa de Al-Rashid, y la respuesta, recibida el 4 de abril —solo tres días antes del inicio del juicio—, reveló que la sociedad recibió entre julio de 2020 y diciembre de 2021 un total de 2,1 millones de euros procedentes de las cuentas andorranas, dinero que fue posteriormente invertido en la adquisición de dos propiedades inmobiliarias en Ibiza valoradas en 1,8 millones de euros a través de una segunda sociedad instrumental con sede en Palma de Mallorca. El círculo se cierra: las comisiones de las mascarillas financiaron las propiedades de Ibiza que la UCO ya había identificado como patrimonio opaco de Aldama, pero el circuito de blanqueo pasó por Andorra y Dubái antes de aterrizar en las Baleares.
El informe dedica un capítulo específico —páginas 147 a 203— al análisis de lo que los investigadores denominan 'la convergencia portuaria'. Hasta ahora, la línea de investigación sobre Puertos del Estado se había centrado en la adjudicación de tres contratos de mantenimiento en los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras que la Intervención General del Estado consideró irregulares por falta de concurrencia competitiva. Lo que el nuevo informe añade es la conexión financiera: la UCO ha rastreado transferencias por 2,2 millones de euros desde cuentas controladas por dos de las empresas adjudicatarias de estos contratos hacia la misma cuenta andorrana que recibía las comisiones de las mascarillas. En otras palabras, las dos líneas de negocio de la trama —mascarillas y puertos— compartían no solo a los mismos intermediarios sino el mismo circuito de blanqueo, un hallazgo que multiplica la gravedad del caso porque transforma lo que podía ser interpretado como dos episodios de corrupción aislados en un sistema organizado y permanente de extracción de fondos públicos.
Las implicaciones procesales del informe son potencialmente explosivas. La Fiscalía dispone ahora de un plazo de cinco días hábiles —hasta el jueves 23— para decidir si solicita la ampliación de los cargos contra los tres acusados o si reserva la nueva evidencia para una posible pieza separada que podría incluir a personas aún no procesadas. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico anticipan que la segunda opción es la más probable porque la ampliación de cargos en pleno juicio oral supondría una complicación procesal de magnitud —las defensas podrían solicitar la suspensión del juicio para estudiar la nueva prueba— y porque el informe menciona, bajo la fórmula jurídica de 'indicios racionales de participación', a al menos dos personas cuya identidad permanece bajo secreto y que podrían ser objeto de una instrucción separada. La identidad de estas personas es uno de los secretos mejor guardados del caso, pero las fuentes que han tenido acceso al informe señalan que 'no son figuras menores' y que 'cuando se conozcan sus nombres, el caso dará un salto cualitativo que cambiará la narrativa política'.
El análisis de los movimientos financieros revela también un patrón de profesionalización del blanqueo que los investigadores atribuyen a la participación de asesores especializados que operaban como 'arquitectos financieros' de la trama. Las transferencias seguían un protocolo que la UCO ha denominado 'cascada descendente': cada movimiento de fondos se fraccionaba en al menos tres operaciones de menor cuantía realizadas en días consecutivos, utilizando conceptos de pago que variaban sistemáticamente —consultoría, formación, intermediación comercial, servicios tecnológicos— y que eran previamente validados por un asesor fiscal cuya identidad no figura en el informe pero cuya dirección de correo electrónico aparece en 14 de los 23 justificantes de transferencia analizados. Los investigadores han solicitado al juzgado la autorización para acceder al contenido del correo electrónico y a los metadatos asociados, una diligencia que está pendiente de resolución y que podría revelar la existencia de un cuarto nivel de participación en la trama que hasta ahora ha permanecido invisible.
La cooperación internacional ha sido un factor determinante en la elaboración del informe. La UCO ha trabajado con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), con la Financial Intelligence Unit de los Emiratos Árabes Unidos a través de Interpol y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para reconstruir el circuito completo de transferencias. El informe reconoce explícitamente que sin la colaboración de la UIFAND —que aportó los extractos bancarios completos de las tres cuentas andorranas entre febrero y marzo de 2026— la conexión entre las mascarillas y los puertos no habría podido establecerse documentalmente. La cooperación emiratí, por el contrario, ha sido descrita como 'parcial e insuficiente': las autoridades de Dubái proporcionaron la documentación societaria de Al-Rashid pero se negaron a facilitar los extractos bancarios de la cuenta asociada, alegando que la solicitud debía canalizarse a través de un tratado bilateral de asistencia judicial que España y los EAU no han firmado. Los investigadores han dejado constancia en el informe de que 'la opacidad del sistema financiero emiratí limita la capacidad de reconstrucción del circuito y sugiere que pueden existir movimientos de fondos adicionales que no han podido ser rastreados'.
El impacto del informe sobre el juicio en curso es una incógnita que depende en gran medida de las decisiones que adopte el tribunal en los próximos días. Si el fiscal solicita la incorporación del informe como prueba documental —lo que parece probable a la luz de su relevancia—, las defensas podrían pedir un receso de varios días para estudiar las 340 páginas, lo que alteraría el calendario de un juicio que ya trabaja al límite de sus márgenes temporales. Si, por el contrario, el fiscal opta por reservar la nueva evidencia para una pieza separada, el juicio continuaría según lo previsto pero con la sombra de una segunda causa que podría abrirse incluso antes de que se dicte sentencia en la primera. Los abogados de Ábalos, Koldo y Aldama han emitido un comunicado conjunto al término de la sesión del viernes en el que acusan a la UCO de 'filtrar selectivamente información para condicionar el juicio' y anuncian que solicitarán al tribunal la declaración de nulidad de cualquier prueba obtenida a través de la cooperación emiratí por considerar que 'no cumple los estándares de obtención lícita del ordenamiento español'.
Para el equipo de Elena Vidaurre en este periódico, que lleva 11 meses investigando el caso Koldo en paralelo a la instrucción judicial, el informe de la UCO confirma varias líneas que habíamos avanzado en exclusivas anteriores —la existencia de cuentas en Andorra, la inversión inmobiliaria en Ibiza, la conexión entre mascarillas y puertos— pero añade una dimensión nueva que eleva el caso a una categoría superior: la existencia de una infraestructura de blanqueo transnacional con nodos en tres jurisdicciones y con la participación de intermediarios profesionales que operaban al margen de los tres acusados conocidos. Si los nombres que permanecen bajo secreto de sumario resultan ser los que las fuentes consultadas sugieren, el caso Koldo dejará de ser un episodio de corrupción ministerial para convertirse en el mayor escándalo de contratación pública de la democracia española, superando en alcance y sofisticación financiera al caso Gürtel. La novena jornada del juicio, el lunes, determinará si la Fiscalía introduce el informe en la ecuación procesal o lo reserva para una partida posterior.
