Documentos bancarios a los que ha tenido acceso El Hemiciclo trazan por primera vez la ruta completa de los 47.000 euros encontrados en el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos: el dinero salió de Gulf Trade Consulting, sociedad panameña controlada según la UCO por Víctor de Aldama, fue transferido a una cuenta de MoraBanc en Andorra a nombre de un intermediario británico identificado por la Unidad Central Operativa como enlace logístico de la red, y llegó a Madrid en al menos tres entregas en efectivo realizadas entre enero y marzo de 2021, en fechas que coinciden con viajes documentados de Koldo García, asesor entonces del ministerio, a la capital.
La arquitectura financiera: Panamá, Andorra y efectivo
La sociedad Gulf Trade Consulting transfirió, según los documentos bancarios examinados por esta redacción, un total de 312.000 euros a la cuenta andorrana del intermediario británico. De ese monto, la UCO ha logrado acreditar al menos tres retiradas en efectivo de importes inferiores a 50.000 euros cada una, umbral relevante porque en la mayoría de jurisdicciones europeas los movimientos que superan esa cantidad activan controles reforzados de declaración obligatoria ante las autoridades de prevención del blanqueo de capitales. La fragmentación de las extracciones en tramos por debajo de dicho límite es una técnica conocida en el ámbito forense financiero como 'structuring' o fraccionamiento.
Por qué importa este hallazgo
La relevancia de esta trazabilidad radica en que conecta, por primera vez con sustento documental, tres eslabones que hasta ahora figuraban como hipótesis en las actuaciones judiciales: la sociedad offshore señalada como origen de los fondos, la cuenta extraterritorial que actuó como cámara de paso y el efectivo localizado físicamente en España. Si los indicios se confirman en sede judicial, la cadena acortaría notablemente la distancia probatoria entre el origen del dinero y su destinatario final, uno de los nudos más difíciles de desatar en los procedimientos por corrupción con estructuras transnacionales.
El papel del intermediario británico y MoraBanc
El intermediario británico aparece en los documentos de la UCO con la función de titular formal de la cuenta en MoraBanc, entidad con sede en el Principado de Andorra sujeta a la regulación financiera andorrana y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que establece las recomendaciones globales contra el blanqueo. Andorra completó su proceso de salida de las listas de territorios no cooperativos del GAFI en 2009 y ha reforzado desde entonces su marco normativo, aunque la opacidad relativa de su sistema bancario ha sido objeto de escrutinio en varios procedimientos judiciales europeos. Los documentos no especifican si MoraBanc fue notificada de movimientos sospechosos ni si trasladó alguna alerta al organismo andorrano competente.
Las fechas y los viajes de Koldo García
La coincidencia entre las fechas de las retiradas en efectivo y los desplazamientos documentados de Koldo García a Madrid constituye, según las fuentes consultadas por esta redacción, uno de los ejes centrales del informe de la UCO. García ejercía en ese periodo como asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cartera que Ábalos dirigía. El material examinado no precisa el medio de transporte ni el propósito declarado de esos viajes, pero su registro documental ha permitido a los investigadores establecer la coincidencia temporal con las extracciones bancarias en Andorra.
Gulf Trade Consulting y la figura de Aldama
Gulf Trade Consulting es una sociedad constituida en Panamá, jurisdicción que figura en los registros internacionales de estructuras offshore habitualmente utilizadas para la gestión de activos con alto grado de confidencialidad. Víctor de Aldama, identificado por la UCO como controlador de la sociedad, es uno de los investigados centrales en la causa conocida como 'caso Koldo', que se instruye en la Audiencia Nacional y que tiene como objeto presuntos pagos irregulares vinculados a contratos de suministro de mascarillas suscritos durante la pandemia de covid-19. Aldama fue detenido en el marco de esta investigación y ha realizado declaraciones ante el juez instructor, cuyo contenido no ha sido íntegramente hecho público.
Contexto judicial y marco del caso Koldo
El 'caso Koldo' arrancó formalmente con detenciones practicadas por la Guardia Civil en febrero de 2023. La investigación se centra en una presunta red de corrupción articulada alrededor de contratos públicos de emergencia suscritos por varias comunidades autónomas para la adquisición de equipos de protección individual durante la crisis sanitaria. La causa se sigue en la Audiencia Nacional bajo la jurisdicción del juez instructor, y en ella figuran como investigados, entre otros, el propio Koldo García y personas de su entorno. Ábalos, que abandonó el Ministerio en 2021 y fue posteriormente apartado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, no ha sido imputado formalmente hasta la fecha de cierre de esta información, aunque su nombre aparece de forma recurrente en los documentos de la UCO incorporados a la causa.
Posición de las partes
Ni el entorno de Ábalos ni la representación legal de Koldo García han respondido a las preguntas remitidas por esta redacción antes del cierre de esta edición. La defensa de Aldama no ha formulado comentarios públicos sobre la trazabilidad específica de los fondos descrita en los documentos bancarios. Esta pieza permanece abierta al derecho de réplica de todos los mencionados, cuyas respuestas serán publicadas íntegramente.
Próximos pasos judiciales
La incorporación de estos documentos bancarios a la causa abre al menos dos líneas de actuación judicial previsibles: la comisión rogatoria a las autoridades andorranas para obtener el historial completo de la cuenta de MoraBanc y la identificación formal del intermediario británico como investigado o como testigo protegido. La cooperación judicial entre España y Andorra se rige por el Convenio bilateral de asistencia judicial en materia penal vigente, un instrumento que, en casos anteriores de complejidad similar, ha generado plazos de respuesta que oscilan entre varios meses y más de un año. La resolución de esos trámites marcará en buena medida el ritmo al que el juez instructor podrá cerrar o ampliar el círculo de imputados.
