El Hemiciclo ha tenido acceso al acta judicial y a los anexos correspondientes del que se ha convertido en el cuarto documento fundamental del sumario Koldo, el caso que investiga el comisionado para la compra de mascarillas durante la pandemia y las ramificaciones empresariales asociadas. El documento —redactado en el argot técnico característico de la UCO y firmado por dos oficiales y un teniente coronel— acredita que, entre junio de 2022 y noviembre de 2024, se produjeron nueve movimientos en efectivo, todos por cantidades similares, todos a la misma franja horaria, todos desde dos sucursales bancarias concretas del Principado de Andorra. El total acumulado: 312.437 euros.
El patrón es lo que ha llamado la atención de los investigadores. Los nueve movimientos se hicieron siempre en jueves, entre las diez y media y las once de la mañana, en dos sucursales distintas alternadas sin un criterio aparentemente económico. Las cantidades oscilaron entre 28.000 y 42.000 euros por operación, justo por debajo de cualquier umbral que pudiera activar un aviso automático al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC). En términos de ingeniería de ocultamiento, el esquema es el libro de texto: fragmentación en tramos, alternancia de entidades y mantenimiento de horarios para no llamar la atención de las cámaras de seguridad.
Las dos sucursales implicadas ya han sido identificadas nominalmente en el dosier, aunque este periódico ha decidido no publicar sus nombres para no comprometer la parte de la instrucción que todavía está cubierta por el secreto. Lo que sí podemos afirmar, con dos fuentes distintas, es que ambas entidades colaboraron con la UCO cuando fueron requeridas oficialmente, entregaron toda la documentación en menos de diez días y no son, de momento, objeto de investigación propia. El hecho de que hayan colaborado tan rápidamente, en realidad, ha sido lo que ha permitido acelerar el trabajo de campo: uno de los oficiales de la UCO consultados describe la cooperación como 'inédita en comparación con investigaciones anteriores en el Principado'.
Los dos intermediarios identificados por la UCO son dos ciudadanos españoles con residencia declarada en Madrid y con una relación mercantil documentada con una empresa del entorno del exasesor Koldo García. Sus nombres, que figuran ya en el acta judicial, no son conocidos todavía por el público general. El perfil de ambos es similar: hombres de entre 45 y 55 años, sin antecedentes penales, con domicilio fiscal en zona noroeste de Madrid y sin vínculos orgánicos con ninguna formación política. Es exactamente el tipo de perfil que las unidades de investigación de blanqueo denominan 'correo limpio': personas sin historial propio utilizadas como puente entre el origen y el destino del dinero.
La parte verdaderamente explosiva del dosier, la que ha provocado que Anticorrupción convoque una reunión interna urgente a las ocho de esta tarde, no es sin embargo el flujo de efectivo. Es un correo electrónico interno, incautado en una diligencia de entrada y registro practicada el pasado 28 de marzo, en el que uno de los intermediarios escribe a un tercer interlocutor —cuyo nombre figura todavía anonimizado en el anexo D— una frase que vamos a reproducir literalmente: 'Sigue adelante con la próxima caja, pero esperemos a que pase el ciclo político'. El término 'caja', en el argot del blanqueo de capitales, no se refiere a un mueble físico: identifica una entrega programada de efectivo con origen y destino predefinidos.
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado esa frase 'nuclear' dentro del dosier. En primer lugar, porque demuestra que quienes participaban en las operaciones eran conscientes de su dimensión política. En segundo, porque introduce la idea de 'ciclo político' como variable operativa: no se mueven cajas cuando hay riesgo de ruido mediático, pero sí se reanudan cuando el ciclo baja. Y en tercer lugar, porque abre la puerta a la identificación de ese 'tercer interlocutor', cuya anonimización en el anexo ha sido solicitada por la UCO hasta que se produzcan las próximas citaciones.
Desde el equipo jurídico del principal imputado del caso —cuya identidad este periódico prefiere seguir llamando 'el exasesor Koldo García', aunque la instrucción lleve meses apuntando más alto— la reacción ha sido de sorpresa contenida y cerrazón defensiva. Fuentes de la defensa consultadas esta tarde afirman que 'no hay relación personal ni empresarial entre nuestro cliente y esos dos intermediarios' y anuncian que presentarán mañana un escrito de reserva probatoria. Pero en el Palacio de las Cortes, entre los diputados que siguen la causa, la versión que circula es distinta: 'Ya no es un caso de corrupción clásica. Es un caso de arquitectura financiera'.
Hay un apartado procesal que conviene no perder de vista. El nuevo documento de la UCO, por sí solo, no genera imputaciones directas. Lo que hace es darle a la Fiscalía Anticorrupción la base material para solicitar al juez instructor la apertura de tres nuevas piezas separadas. La primera, sobre los nueve movimientos en efectivo. La segunda, sobre el correo electrónico y la identificación del tercer interlocutor. La tercera, sobre el flujo patrimonial de los dos intermediarios en los veinticuatro meses anteriores a la primera operación detectada. Las tres piezas, si se abren, prolongarían el horizonte procesal del caso hasta finales de 2027.
La información que este periódico publica esta tarde ha sido contrastada con dos fuentes independientes: un oficial de la UCO y un miembro del equipo fiscal. Ninguno de los dos ha aceptado aparecer con nombre, y ambos han subrayado, por separado y con las mismas palabras, que 'el documento es real y la frase de la próxima caja también'. El juzgado central número dos, por su parte, ha remitido a este periódico al régimen genérico de transparencia de los procesos en curso. Y en el entorno del exasesor Koldo García, la única respuesta oficial hasta las 19:45 ha sido una frase que sus abogados llevan repitiendo con variaciones desde hace un año: 'Seguimos colaborando con la Justicia'. El problema, a estas alturas, es que la Justicia ha dejado de parecer el interlocutor principal. El interlocutor principal se ha convertido, desde esta tarde, en el propio archivo documental.
