El informe preliminar del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso este medio, es un documento de 142 páginas que analiza la ejecución de los fondos Next Generation durante los ejercicios 2024 y 2025. Su conclusión principal es demoledora: de los 37.000 millones de euros desembolsados por Bruselas hasta diciembre de 2025, al menos 2.389 millones — un 6,45% del total — se destinaron a partidas que no figuraban en las fichas de inversión aprobadas por la Comisión Europea. El desvío no se produjo de golpe sino de forma gradual, a lo largo de dieciocho meses, mediante un sistema de reasignaciones internas entre programas que los fiscalizadores describen como opaco y carente de trazabilidad documental adecuada.
Los cuatro ministerios señalados en el informe son Transición Ecológica, Industria, Ciencia e Innovación, y Trabajo. El primero concentra la mayor parte del desvío: 987 millones de euros asignados originalmente al Plan Nacional de Energías Renovables fueron redirigidos al subsidio de tarifa eléctrica regulada durante los meses de mayor tensión en el precio del kilovatio hora. El ministerio de Industria aparece vinculado a un desvío de 612 millones desde el programa de digitalización de pymes hacia ayudas directas al sector del automóvil durante los ERTE de SEAT y otros fabricantes. Ciencia desvió 489 millones del programa de centros de investigación de excelencia hacia contratos de personal interino de universidades públicas. Y Trabajo reasignó 301 millones del programa de formación profesional dual hacia el complemento de pensiones mínimas.
El mecanismo utilizado para las reasignaciones es técnicamente legal pero políticamente explosivo. El Gobierno utilizó las llamadas modificaciones de crédito, un instrumento presupuestario que permite transferir fondos entre partidas dentro del mismo ministerio sin necesidad de aprobación parlamentaria. El problema es que los fondos Next Generation tienen una regulación específica que exige que cualquier cambio en la finalidad de las inversiones sea comunicado a la Comisión Europea y aprobado por el Comité de Seguimiento del Plan de Recuperación. Según el Tribunal de Cuentas, ninguna de las 47 modificaciones de crédito detectadas fue notificada a Bruselas, y solo tres fueron aprobadas por el Comité de Seguimiento.
La reacción de Bruselas ha sido inmediata y severa. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha emitido esta tarde un comunicado en el que advierte de que cualquier irregularidad en el uso de los fondos Next Generation podría tener consecuencias sobre los desembolsos pendientes del tercer y cuarto tramo del Plan de Recuperación español, que suman 18.000 millones de euros. La advertencia no es retórica: en diciembre de 2025, Bruselas suspendió temporalmente un desembolso a Hungría por irregularidades similares, y los precedentes italiano y griego demuestran que la Comisión no se anda con contemplaciones cuando detecta desvíos de fondos estructurales.
La conexión con el caso Begoña Gómez añade una dimensión judicial a la investigación del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Europea, que tiene sede en Luxemburgo y competencia exclusiva sobre los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, ha abierto una investigación preliminar sobre los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés con el Gobierno español, financiados con fondos Next Generation por un valor total de 87 millones de euros. Si la Fiscalía Europea concluye que existió algún tipo de favoritismo en la adjudicación — algo que Begoña Gómez ha negado hoy en su declaración —, los 87 millones se sumarían al desvío detectado por el Tribunal de Cuentas y el perjuicio total podría superar los 2.476 millones de euros.
El Gobierno ha respondido con un comunicado del ministerio de Economía en el que niega cualquier irregularidad y defiende que las reasignaciones se realizaron dentro del marco legal vigente y con el conocimiento implícito de la Comisión Europea. El comunicado cita como precedente las reasignaciones realizadas por Italia y Francia durante la crisis energética de 2022-2023, que fueron aprobadas ex post por Bruselas. Sin embargo, los expertos en derecho europeo consultados por este medio señalan una diferencia crucial: Italia y Francia notificaron previamente a la Comisión su intención de reasignar fondos, mientras que España no lo hizo en ninguno de los 47 casos detectados.
Las implicaciones políticas del informe son enormes y se producen en el peor momento posible para el Gobierno. Los fondos Next Generation han sido la joya de la corona de la narrativa económica del sanchismo: el argumento de que España lidera la transformación digital y ecológica de Europa gracias a los 71.000 millones de euros del Plan de Recuperación ha sido el eje de la comunicación gubernamental durante los últimos tres años. Si el Tribunal de Cuentas concluye que una parte significativa de esos fondos se desvió para cubrir gasto corriente, el relato se derrumba y la oposición dispondrá de munición para meses de debate parlamentario.
El PP ha sido el primero en reaccionar. Cuca Gamarra ha anunciado que su grupo solicitará una comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de los fondos Next Generation, citando el informe del Tribunal de Cuentas como base documental. Vox ha ido más lejos y ha pedido la comparecencia urgente de los cuatro ministros afectados ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Junts, que mantiene su bloqueo total a las iniciativas del Gobierno, ha emitido un comunicado señalando que la investigación demuestra lo que siempre hemos denunciado: que este Gobierno gestiona el dinero europeo como si fuera suyo.
En Luxemburgo, la Fiscalía Europea tiene plazo hasta el 30 de junio para decidir si eleva la investigación preliminar a investigación formal, un paso que implicaría la designación de un fiscal delegado en España con capacidad para solicitar registros, intervenir comunicaciones y tomar declaración a los responsables ministeriales. Si eso ocurre, España se convertiría en el cuarto país de la UE — tras Hungría, Rumanía y Bulgaria — con una investigación formal de la Fiscalía Europea por irregularidades en fondos Next Generation, una lista en la que ningún país fundador de la UE querría figurar.
El informe del Tribunal de Cuentas deja abierta una pregunta que la investigación deberá responder en los próximos meses: si los 2.389 millones desviados se utilizaron realmente para pagar pensiones y gasto corriente, eso significa que los Presupuestos prorrogados de 2023 eran insuficientes para cubrir las necesidades reales del Estado y que el Gobierno utilizó los fondos europeos como un colchón presupuestario informal. La pregunta siguiente es inevitable: si España necesitaba esos 2.389 millones para llegar a fin de mes, ¿qué pasará cuando los fondos Next Generation se agoten? La respuesta a esa pregunta es la que Bolaños no ha podido dar esta tarde en la Comisión Constitucional cuando ha reconocido que no habrá Presupuestos en 2026.
