AEMET, Bomberos y el chófer de Mazón fijan tres horas críticas
La comisión de investigación sobre la DANA constituida en el Congreso de los Diputados ha reconstruido, a partir de tres comparecencias celebradas en la misma sesión, la cronología del 29 de octubre de 2024, jornada en que las inundaciones causaron una catástrofe en la Comunitat Valenciana. Los testimonios del chófer personal del presidente autonómico Carlos Mazón, del exjefe de Bomberos de Valencia y del responsable de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana establecen una secuencia en la que el aviso rojo de la agencia estatal se emitió a las 12:41, los bomberos reclamaron la activación de la alerta ciudadana a las 13:00 y el propio conductor de Mazón situó al presidente almorzando a las 15:30. Entre el primer aviso institucional verificado y ese momento transcurrieron aproximadamente tres horas.
El responsable de Climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana declaró ante la comisión que la agencia activó el nivel rojo —el máximo de su escala de cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo— a las 12:41 de ese día para la zona afectada. Media hora después, a las 13:00, el entonces jefe de Bomberos de Valencia solicitó formalmente que se cursara la alerta a la población. A las 15:30, según el testimonio de su chófer, Mazón se encontraba en un almuerzo. La comisión investiga qué decisiones se adoptaron, o dejaron de adoptarse, en ese intervalo.
El sistema de protección civil y quién debía activar la alerta
La emisión de un aviso rojo por parte de AEMET no activa automáticamente ninguna alerta a la ciudadanía. Conforme al sistema estatal de protección civil, la decisión de trasladar esa alerta a la población corresponde a las autoridades territoriales competentes. En la Comunitat Valenciana, la gestión de emergencias de ese nivel recae en la Generalitat, cuyo presidente ostenta la dirección superior del sistema autonómico de protección civil. Es este marco normativo el que la comisión aplica para evaluar si la cadena de mando funcionó en el tiempo disponible entre las 12:41 y el momento en que se emitió la alerta ES-Alert a la población.
La solicitud formal de los bomberos a las 13:00 —registrada en el testimonio de su exjefe ante la comisión— constituye uno de los eslabones más relevantes de esa cadena, porque acredita que al menos un servicio de emergencias autonómico reclamó explícitamente la activación del aviso ciudadano con varias horas de antelación respecto al momento en que Mazón es situado, por su propio conductor, en un contexto privado. La comisión no ha determinado todavía a qué hora exacta llegó la información de la alerta roja a la presidencia de la Generalitat ni qué órdenes se impartieron a partir de ese momento.
El alcance y los límites de la comisión parlamentaria
La comisión de investigación del Congreso está prevista en el artículo 76 de la Constitución española. Sus conclusiones no tienen carácter jurídicamente vinculante ni potestad sancionadora: su función es recabar información para elaborar recomendaciones normativas o señalar responsabilidades de naturaleza política. Las responsabilidades penales, si las hubiera, corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios, donde ya se siguen actuaciones judiciales relacionadas con la gestión de la catástrofe. El testimonio del conductor de Mazón adquiere relevancia en este contexto porque ubica al presidente en una actividad privada en el tramo horario en que la emergencia ya había sido catalogada en su nivel máximo por los organismos competentes.
La expulsión del diputado del PP César Sánchez
La sesión concluyó con un incidente de orden interno que reflejó la tensión política acumulada en los trabajos de la comisión. El diputado del Partido Popular César Sánchez fue expulsado de la sala por la presidenta de la comisión tras enfrentarse verbalmente con ella durante el turno de preguntas al responsable de Climatología de AEMET. El Reglamento del Congreso faculta a quien preside una comisión para mantener el orden y, ante una alteración grave, para expulsar a un parlamentario de la sesión.
Precedentes: las comisiones del Prestige y el 11-M
Las comisiones de investigación parlamentarias han demostrado en España tanto su utilidad para la rendición de cuentas como sus limitaciones estructurales. La creada tras el hundimiento del Prestige en noviembre de 2002 y la que investigó los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid son los precedentes más citados: en ambos casos, las conclusiones contribuyeron a reformar marcos normativos y a fijar responsabilidades políticas, aunque en ninguno se tradujeron directamente en consecuencias penales para los comparecientes. En el caso del Prestige, la comisión operó con el Partido Popular en el gobierno y en mayoría parlamentaria, lo que limitó el alcance de sus conclusiones; en el del 11-M, la alternancia política entre su constitución y su resolución condicionó igualmente el resultado. La dinámica de la comisión de la DANA reproduce esa tensión estructural.
Lo que resta por establecer y los próximos plazos
La comisión no ha concluido aún si existió una cadena de comunicación fallida entre AEMET, los servicios de emergencias y la presidencia de la Generalitat, o si la información llegó en tiempo y las decisiones se demoraron por otras razones. Tampoco ha determinado en qué momento exacto Mazón tomó conocimiento formal del aviso rojo ni qué instrucciones impartió y cuándo. Esas preguntas, que los grupos de la oposición han situado en el centro de la investigación, deberán ser respondidas por los próximos comparecientes. Los trabajos de la comisión continúan con nuevas sesiones previstas en las próximas semanas; sus conclusiones finales, una vez aprobadas, podrían derivar en propuestas de reforma del sistema de alertas de protección civil o en la determinación formal de responsabilidades políticas.
