La Fiscalía Anticorrupción, según ha confirmado a este periódico una fuente del Ministerio Fiscal con conocimiento directo del asunto, tiene cerrado el escrito de petición de medidas cautelares y lo elevará al juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional entre las 17:30 y las 18:00 de esta tarde. La petición formal contiene tres solicitudes simultáneas: prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, imputación formal por tres delitos autónomos —blanqueo de capitales agravado continuado del artículo 301.1 del Código Penal, falsedad documental continuada del artículo 392 y pertenencia a organización criminal del artículo 570 bis— y prohibición expresa de salida del territorio español con retirada del pasaporte vigente y del permiso de residencia temporal en Andorra. La estructura procesal del escrito, redactado íntegramente por la fiscal delegada con el visto bueno del fiscal jefe de Anticorrupción, se ampara en dos jurisprudencias recientes del Tribunal Supremo sobre el mismo tipo de operativo societario —STS 523/2024 y STS 417/2025— y establece una conexión probatoria sólida entre el cuaderno manuscrito con la letra ‘M’ y las sociedades instrumentales de Andorra la Vella.
El detalle operativo que más peso probatorio ha tenido durante la declaración es, según las tres fuentes consultadas, el cuaderno con la letra ‘M’ hallado esta madrugada en el registro de la vivienda. Las siete anotaciones manuscritas con cantidades redondeadas en miles de euros —240, 140, 90, 60, 190, 220 y 175— suman 1.115.000 euros y coinciden exactamente con el saldo que la UCO llevaba rastreando desde principios de marzo como flujo secundario del caso Koldo. Durante el interrogatorio, el detenido ha reconocido autoría de la escritura, ha admitido que las cantidades corresponden a ‘facturación por asesoría fiscal a clientes’ y se ha negado a identificar quién es ‘M’, quiénes son los clientes concretos y cuál es la naturaleza exacta de los servicios prestados. Esa negativa reiterada a identificar al titular de la letra ‘M’ —repetida en cuatro preguntas sucesivas durante veinticinco minutos— es el eje sobre el que la Fiscalía construye el riesgo de destrucción de pruebas y, por tanto, la petición de prisión provisional sin fianza. La argumentación es clásica pero sólida: si el detenido permaneciese en libertad bajo fianza, tendría capacidad operativa para comunicarse con la persona identificada con la letra ‘M’ antes de que la UCO pueda documentar su identidad.
El juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional —titularidad del magistrado Manuel García-Castellón, de guardia reforzada este fin de semana— ha fijado ya la comparecencia de medidas cautelares para mañana sábado a las 12:00 en la sede de la calle Génova. La citación ha llegado al despacho del abogado defensor a las 12:48 de esta tarde, treinta minutos antes del cierre formal del interrogatorio, lo que indica que la programación del juzgado se ha ajustado al cronograma de la UCO con precisión quirúrgica. El abogado del detenido, un penalista madrileño con veintitrés años de experiencia en casos de blanqueo internacional y procesos análogos, habrá tenido menos de 20 horas para estudiar el escrito completo de Anticorrupción antes de la vista —el trámite estándar en casos urgentes—, lo que limita de facto su capacidad de maniobra técnica y, según fuentes del propio Colegio de Abogados de Madrid, obligará muy probablemente a una solicitud de suspensión de 48 horas que el juzgado podría denegar a la vista del volumen de pruebas ya incorporadas al sumario.
La relación entre los cuatro detenidos del caso Koldo ha quedado, tras el interrogatorio de esta mañana, razonablemente cerrada desde el punto de vista probatorio. El primer detenido —el ex alto cargo del Ministerio de Fomento arrestado el 9 de abril— ha confirmado en tres declaraciones sucesivas que tuvo contacto profesional con el cuarto detenido a través de una reunión en febrero de 2022 en Madrid organizada por el segundo detenido de Ibiza. El segundo detenido —propietario de la vivienda de Cala Llonga— ha admitido en su última declaración que el cuarto detenido supervisaba las constituciones societarias del operativo desde su despacho de Palma. El tercer detenido —el empresario hostelero mallorquín— ha identificado al cuarto como autor material de la documentación fiscal de sus sociedades instrumentales. Y el cuarto, esta mañana, ha reconocido contacto profesional con los tres anteriores. Las cuatro versiones coinciden en un 80% de los hechos objetivos —fechas de reuniones, ubicaciones, montos globales— y divergen exactamente en el mismo punto: la identidad de ‘M’. Esa convergencia probatoria es la que, según la fiscal delegada, justifica la imputación por organización criminal del artículo 570 bis.
El tramo probatorio más delicado del sumario es, según una fuente judicial consultada, el cruce de dos vuelos privados documentados en la terminal ejecutiva de Madrid-Barajas del 22 de marzo de 2022 con las reuniones celebradas en el despacho del cuarto detenido durante la misma semana. La UCO dispone ya de las listas de pasajeros de los dos vuelos, de las grabaciones de la terminal ejecutiva durante las cuatro horas relevantes y de los registros de aparcamiento del Aeropuerto, y todos apuntan a una cadena operativa clara: vuelo privado desde Andorra la Seu de Urgell hasta Madrid-Barajas, reunión de dos horas en el despacho del cuarto detenido con el segundo, retorno a Andorra por la misma vía al día siguiente. La documentación incautada esta madrugada incluye siete facturas de ese despacho correspondientes a la semana del 22 de marzo de 2022, con importes que suman 48.000 euros sin justificación operativa clara. Es otro de los elementos del escrito de Anticorrupción, y el que más previsiblemente sostendrá la imputación por falsedad documental continuada.
El impacto político del cuarto arresto es, a esta hora del viernes al mediodía, más contenido de lo previsto. El PP, que a primera hora —a las 07:20— había pedido a sus portavoces ‘máxima prudencia judicial’, ha mantenido ese perfil durante toda la jornada y no ha hecho nuevas declaraciones tras el cierre del interrogatorio. Vox, que había anunciado una rueda de prensa para las 10:00, la ha retrasado hasta las 17:00 y ha reducido su tono original —según fuentes del grupo consultadas— tras conocer el perfil estrictamente técnico del cuarto detenido, un gestor fiscal profesional sin vínculo político directo. Sumar guarda silencio. El PSOE ha emitido a las 13:05 una nota breve de dos párrafos firmada por la portavoz parlamentaria en la que expresa ‘respeto absoluto al procedimiento judicial’ y ‘confianza en la independencia de la Audiencia Nacional’. Esa asimetría de reacciones entre los cuatro grupos refleja que el caso Koldo, en su fase actual, ha dejado de ser una herramienta de desgaste político inmediato y se ha convertido en un expediente procesal con un calendario propio que todos los partidos prefieren gestionar con distancia técnica.
El calendario procesal previsto para los próximos cinco días queda, tras la programación del juzgado central número 4 de esta tarde, firmemente cerrado. Mañana sábado a las 12:00: comparecencia de medidas cautelares y eventual decreto de prisión provisional sin fianza. Sábado por la tarde: remisión formal de la declaración completa del cuarto detenido al sumario principal. Domingo: preparación técnica de nuevas diligencias sobre las siete facturas del despacho de Palma y los dos vuelos privados de Barajas. Lunes 20 de abril: comparecencia voluntaria solicitada por la defensa del cuarto detenido en la Audiencia Nacional —si el juzgado la autoriza— y cruce probatorio definitivo con las declaraciones de los tres anteriores. Martes 21: reunión de Anticorrupción y fiscales delegados para cerrar el escrito de acusación provisional que podría estar listo antes del fin de semana del 25 de abril. Y jueves 23 o viernes 24: previsible ampliación del secreto de sumario por otros sesenta días si el número de imputados sigue creciendo con dos nuevas incorporaciones de clientes catalanes del detenido.
Para el lector que no ha seguido el caso semana a semana conviene un recordatorio operativo. El caso Koldo empezó en noviembre de 2025 con una investigación sobre contrataciones irregulares en pandemia. Se amplió en febrero al descubrirse movimientos bancarios cruzados con Andorra. En marzo se identificaron las primeras sociedades instrumentales catalanas. En abril se ha producido la cascada de cuatro detenciones en nueve días, con ritmo procesal calificado por los magistrados de la Audiencia Nacional como ‘inusualmente sólido’ por la calidad probatoria de cada arresto. El volumen total documentable, que el 9 de abril era de 312.437 euros, ha pasado en nueve días a 1.115.000 euros con el cuaderno manuscrito, y podría elevarse a 2,4 millones si se confirman las dos sociedades instrumentales ligadas a los clientes catalanes del cuarto detenido durante la próxima semana. Esa progresión cuantitativa, junto con la cobertura de los cuatro vértices operativos —político, propietario, empresario y gestor fiscal—, coloca al caso en el rango alto de los expedientes de blanqueo internacional investigados por la Audiencia Nacional en los últimos cinco años.
El Hemiciclo mantiene cobertura abierta hasta el fin de semana con enviado especial acreditado en la sede de la Audiencia Nacional para la comparecencia de mañana sábado. La próxima actualización llegará a las 18:00 con el texto íntegro del escrito de Anticorrupción una vez haya sido registrado oficialmente, y la última pieza de la jornada —a las 20:00— incorporará la reacción oficial del Colegio de Abogados de Madrid y la composición del equipo de defensa ampliado que el detenido tendría previsto activar antes de la comparecencia de mañana.
