El mecanismo de diligencias informativas es el paso previo a un expediente sancionador formal y otorga a España un plazo de treinta días naturales para presentar alegaciones escritas que justifiquen el uso de los fondos. Si las alegaciones no satisfacen a la Comisión, el procedimiento se convierte automáticamente en un expediente sancionador que puede concluir con la suspensión de futuros desembolsos del Plan de Recuperación, la devolución parcial o total de las cantidades desviadas y, en el escenario más extremo, la imposición de una corrección financiera que reduciría la asignación total de España en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El informe del Tribunal de Cuentas, publicado el 5 de mayo, documentaba con precisión forense cómo el Gobierno utilizó fondos europeos para cubrir el gasto corriente en pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos de las pensiones contributivas durante el ejercicio 2024. La causa, según el propio Tribunal, fue la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que dejó partidas insuficientes para absorber el incremento del gasto en pensiones provocado por la revalorización conforme al IPC. En lugar de aprobar un crédito extraordinario — lo que habría requerido una ley que el Gobierno no tenía garantizado aprobar con la aritmética parlamentaria — el Ejecutivo optó por imputar el gasto a las líneas de financiación del Plan de Recuperación, una decisión que la mitad de los consejeros del Tribunal de Cuentas consideraron «carente de fundamento jurídico».
La Comisión Europea ha sido especialmente cuidadosa en la redacción de su comunicación, consciente de que cualquier paso en falso podría politizar un asunto que Bruselas prefiere gestionar como una cuestión técnica. La carta no acusa directamente a España de fraude ni utiliza el término «desviación» — que sí emplea el Tribunal de Cuentas —, sino que solicita «información complementaria sobre la imputación de gastos de pensiones a las líneas de financiación del Componente 30 del Plan de Recuperación» y pide «documentación que acredite la conformidad de dicha imputación con el artículo 22 del Reglamento 2021/241». El lenguaje es diplomático, pero el efecto es contundente: España está oficialmente bajo escrutinio.
El Gobierno prepara su defensa sobre dos pilares jurídicos que los expertos en derecho europeo consultados por este medio consideran «débiles pero no indefendibles». El primer pilar es la «excepcionalidad presupuestaria»: el argumento de que la prórroga de los Presupuestos creó una situación excepcional que no estaba contemplada en la regulación del Plan de Recuperación y que obligó al Gobierno a buscar fuentes de financiación alternativas para cumplir con obligaciones legales inaplazables como el pago de pensiones. El segundo pilar es la «fungibilidad de las reformas»: el argumento de que las reformas del sistema de pensiones — incluida la reforma de Clases Pasivas — forman parte del Plan de Recuperación y que, por tanto, los gastos derivados de esas reformas son elegibles para la financiación europea.
Los expertos consultados coinciden en que el primer argumento tiene más recorrido que el segundo. La excepcionalidad presupuestaria es un concepto reconocido en el derecho de la UE — la propia Comisión lo invocó durante la pandemia para flexibilizar las reglas fiscales — y podría proporcionar una base legal para justificar la imputación. El segundo argumento, sin embargo, presenta una debilidad estructural: los fondos Next Generation están diseñados para financiar inversiones y reformas estructurales, no para cubrir gasto corriente como el pago de pensiones, y la distinción entre ambos conceptos es una de las líneas rojas que Bruselas ha defendido con más firmeza desde la aprobación del Mecanismo en 2021.
Las consecuencias políticas del procedimiento trascienden con mucho la cuestión presupuestaria. Si la Comisión concluye que España ha utilizado indebidamente los fondos europeos, el precedente afectará a la credibilidad del Gobierno en las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE — que se negociará a lo largo de 2027 —, debilitará la posición española en las discusiones sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y reforzará el argumento de los países del norte — Países Bajos, Austria, Finlandia — de que los fondos de recuperación necesitan controles más estrictos. En el plano interno, el PP dispondrá de un argumento poderoso para acusar al Gobierno de «malversar fondos europeos para pagar las facturas que no puede cubrir con unos Presupuestos que es incapaz de aprobar».
El Tribunal de Cuentas de la UE, con sede en Luxemburgo, ha emitido esta tarde un comunicado en el que confirma que está «en contacto con las autoridades españolas» y que ha solicitado «documentación adicional sobre la trazabilidad de los fondos desembolsados en el marco del Plan de Recuperación». La intervención del Tribunal europeo — distinto del Tribunal de Cuentas español que originó la investigación — añade una capa institucional que complica aún más la posición del Gobierno: ahora no es solo Madrid quien revisa las cuentas, sino también Luxemburgo y Bruselas.
En los pasillos del Ministerio de Economía, las fuentes consultadas mantienen una calma que contrasta con la gravedad potencial del asunto. «Las diligencias informativas no son un expediente sancionador», insiste un alto cargo que pide no ser identificado. «Tenemos treinta días para explicar nuestra posición y confiamos en que la Comisión entenderá que la situación presupuestaria de 2024 era excepcional y que el Gobierno actuó de buena fe para cumplir con sus obligaciones legales». La referencia a la «buena fe» es jurídicamente relevante: en el derecho europeo, la intencionalidad del Estado miembro es un factor atenuante que la Comisión tiene en cuenta a la hora de decidir si abre un expediente sancionador formal o archiva las diligencias con un simple aviso.
