La OFAC precisó en su comunicado que las restricciones alcanzarán también a cualquier entidad en la que Akane o Seye tengan, directa o indirectamente, de forma individual o conjunta, una participación igual o superior al 50%, una cláusula estándar en este tipo de sanciones económicas destinada a impedir que los afectados eludan las medidas mediante terceros.
El cargo de presidenta que ocupa Akane tiene funciones esencialmente institucionales y de representación del tribunal ante otros organismos internacionales. Seye, en cambio, habría supervisado investigaciones vinculadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un asunto especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad de la corte.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión en términos contundentes. "La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", señaló en un comunicado difundido por el Departamento de Estado. El anuncio coincide con lo que el propio Rubio había adelantado en julio pasado, cuando prometió intensificar en las semanas siguientes la presión contra el tribunal, creado por el Estatuto de Roma de 1998.
Una orden ejecutiva como marco de las sanciones
Trump declaró abiertamente su rechazo a la CPI al retomar la presidencia el año pasado. En febrero firmó una orden ejecutiva que calificó de "amenaza" a la seguridad nacional estadounidense distintas iniciativas del tribunal, entre ellas las investigaciones sobre la conducta de las fuerzas armadas de Estados Unidos en países como Afganistán. El mismo decreto apunta a las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Amparándose en ese decreto, el gobierno estadounidense ha sancionado previamente a fiscales y jueces de la corte, así como a Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, y a tres organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La postura de fondo de Washington es que Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, por lo que no reconoce jurisdicción alguna del tribunal para procesar a sus ciudadanos. El gobierno de Trump extiende el mismo argumento a Israel, que tampoco es Estado parte del estatuto.
El diferendo entre Washington y La Haya no es nuevo. Durante el primer mandato de Trump, en 2020, el Departamento del Tesoro ya sancionó a la entonces fiscal de la corte, Fatou Bensouda, por abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán, una medida que el gobierno de Joe Biden revirtió posteriormente en 2021. La reactivación de esa estrategia bajo la actual administración marca un endurecimiento respecto de aquel episodio.
La CPI fue creada para juzgar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Panamá, entre los Estados parte del tratado
Panamá ratificó el Estatuto de Roma en 2002, lo que en principio obliga al país a cooperar con la corte cuando esta requiera asistencia judicial. El conflicto directo entre Washington y La Haya no involucra hasta ahora a los Estados centroamericanos, pero sí interpela a los 125 Estados parte del tratado, que sostienen el funcionamiento del organismo mediante sus aportes y su cooperación judicial.
La escalada plantea interrogantes sobre el funcionamiento futuro del tribunal, que depende de esa cooperación y de acuerdos bancarios internacionales para operar. Las sanciones a funcionarios judiciales, incluidos jueces y fiscales, restringen su acceso al sistema financiero estadounidense y pueden complicar tanto las labores administrativas de la corte como la ejecución de sus investigaciones en curso, entre ellas las relacionadas con Gaza.
El plazo fijado por la OFAC hasta el 17 de septiembre delimita la ventana para liquidar operaciones pendientes; a partir de esa fecha, las restricciones sobre las cuentas de los dos funcionarios quedarán plenamente vigentes. La respuesta institucional de la CPI, la posición de los demás Estados parte y eventuales nuevas designaciones anunciadas por el Departamento de Estado marcarán los próximos capítulos de un pulso que Rubio ya adelantó que se prolongará.