«No hay nuevas conversaciones previstas con los canadienses», declaró Greer a Fox News, en momentos en que la relación comercial entre las dos economías norteamericanas atraviesa uno de sus puntos más críticos en años recientes. El funcionario responsabilizó a Ottawa del fracaso de las negociaciones y sostuvo que el gobierno canadiense se negó a cerrar un acuerdo en los términos que, según la parte estadounidense, habían sido pactados a comienzos de esa semana.
Greer enmarcó la disputa dentro de la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump, orientada, según explicó, a repatriar la producción industrial hacia territorio estadounidense y proteger empleos en ese país. «Dos países han tomado represalias contra Estados Unidos: la República Popular China y Canadá», señaló el funcionario, quien agregó que «tras un año de dichas represalias, hemos dicho basta y, por ello, hemos adoptado contramedidas».
El representante comercial defendió que Washington había ofrecido a Canadá condiciones favorables, incluida la reducción de aranceles al acero, los automóviles y la madera, sectores que calificó de sensibles para la economía canadiense. «Siempre han contado con las mejores condiciones y habrían seguido disfrutando de un trato aún mejor, pero no quisieron aceptarlo», afirmó.
La ruptura del diálogo dejó vía libre a la entrada en vigor de los aranceles del 50% impuestos por Trump sobre unos $20,000 millones en productos canadienses, cifra que incluye mercancías amparadas por las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 como sucesor del antiguo TLCAN. La medida había sido anunciada por el mandatario estadounidense en julio pasado como respuesta a lo que calificó de «continua discriminación» y «trato desigual» hacia el comercio estadounidense por parte de Ottawa.
Por su parte, el primer ministro Mark Carney confirmó este sábado que las represalias canadienses comenzarán a aplicarse a partir del 8 de septiembre, concentradas en sectores como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la pasta, el papel y la electrónica. El líder liberal insinuó, además, que Canadá conserva capacidad para afectar a la economía estadounidense a través de sus exportaciones energéticas, uno de los principales insumos que ese país provee a su vecino del sur, y sostuvo que las nuevas medidas de Washington han sido concebidas para «dañar y dividir» a los canadienses.
La disputa se produce en un contexto de escrutinio sobre el futuro del T-MEC, cuyo mecanismo de revisión conjunta está previsto para 2026, año en que las tres partes —Estados Unidos, México y Canadá— deben decidir si prorrogan el acuerdo por dieciséis años adicionales o inician un proceso de renegociación. El mecanismo de resolución de disputas del tratado contempla paneles binacionales para dirimir controversias sobre aranceles y reglas de origen, aunque su activación requiere procesos que pueden extenderse por meses. Hasta el momento no consta que ninguna de las partes haya iniciado formalmente ese procedimiento respecto a los aranceles anunciados en julio ni a las represalias previstas para septiembre.
El episodio no ha pasado inadvertido dentro del propio escenario político estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, crítico habitual del mandatario republicano y mencionado como posible aspirante demócrata a la Casa Blanca en 2028, cuestionó públicamente la decisión. «Nuestro aliado más cercano. Nuestro socio comercial clave. Y Trump está imponiendo aranceles del 50% a Canadá. ¿Qué diablos estamos haciendo?», escribió en la red social X.
Un antecedente en la renegociación del TLCAN
El precedente más cercano de una disputa comercial de esta magnitud entre Washington y Ottawa se remonta a las tensiones registradas durante la renegociación del TLCAN entre 2017 y 2018, cuando la primera administración Trump impuso aranceles al acero y al aluminio canadienses invocando razones de seguridad nacional. Aquella medida derivó en represalias específicas de Ottawa sobre productos agrícolas e industriales estadounidenses antes de alcanzarse el actual T-MEC, en un patrón de escalada y contramedidas que hoy se repite con gravámenes de mayor magnitud.
Para Panamá, cuya economía depende en gran medida del comercio marítimo internacional y del tránsito por el Canal, las tensiones arancelarias entre las principales economías del hemisferio no son un asunto ajeno. Buena parte del comercio entre Asia y la costa este de Estados Unidos, así como el intercambio entre Estados Unidos y Canadá, utiliza rutas marítimas vinculadas a la vía interoceánica, por lo que las disputas comerciales entre potencias inciden en los volúmenes de carga que administra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La escalada plantea, además, interrogantes sobre su eventual efecto en cadenas de suministro que involucran a múltiples países de la región, incluidos aquellos con acuerdos bilaterales con Estados Unidos, como es el caso de Panamá bajo el Tratado de Promoción Comercial vigente desde 2012. Las disputas entre economías grandes tienden a generar efectos de desvío comercial que pueden beneficiar o perjudicar a terceros países según su posición en las cadenas logísticas globales.
De cara a los próximos días, el calendario marca dos fechas clave: el 8 de septiembre, cuando entrarán en vigor las represalias canadienses anunciadas por Carney, y la eventual revisión conjunta del T-MEC prevista para este 2026, en la que las tres economías socias deberán definir el rumbo del acuerdo trilateral. Hasta entonces, según lo señalado por el representante comercial estadounidense, no hay agenda de conversaciones bilaterales entre Washington y Ottawa para desactivar la disputa.