La controversia gira en torno al artículo 100 de la reforma al Código Electoral, que propone trasladar la representación legal de cada partido a la figura del presidente. En el PRD esa función recae hoy en la secretaría general, cargo que ocupa Herrera. La propuesta, impulsada por Robinson, superó el primer debate el 23 de septiembre. Herrera remitió entonces una carta a la bancada perredista en la que alertó de que el cambio violaría la Constitución, y Robinson respondió que los desacuerdos internos debían resolverse puertas adentro y no en los medios.
"Los trapos se lavan dentro de la casa", afirmó Benicio Robinson, presidente del PRD, en referencia a la carta de Herrera.
Herrera rechazó esa lectura. Para ella, lo que está en juego no es un conflicto personal entre dirigentes, sino el funcionamiento interno del partido, un asunto que, sostiene, trasciende cualquier diferencia individual.
"Los trapos sucios son los conflictos personales. El artículo 100 del Código Electoral toca otra cosa. No es un problema personal, es un problema de vida interna del colectivo", declaró Balbina Herrera, secretaria general del PRD.
La secretaria general detalló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo organismo del partido, se reunió el martes 22 de septiembre de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. con un único punto en agenda: la inscripción del 11 de octubre. La modificación de la representación legal, aseguró, no figuró en esa reunión. "A nosotros nos sorprendió realmente", dijo Herrera, quien sostuvo que se enteró por una glosa de prensa del miércoles siguiente.
El antecedente de 2015
Herrera situó el origen de la actual pugna en 2014, cuando Juan Carlos Navarro perdió las elecciones presidenciales y renunció a la secretaría general del PRD en julio de ese año. También dejó su cargo el entonces subsecretario, hoy canciller, Javier Martínez-Acha. El partido quedó sin titulares en esas funciones y conformó un CEN transitorio y, luego, otro hasta el siguiente congreso. Fue en ese contexto, aseguró, cuando Robinson y un grupo de perredistas intentaron por primera vez modificar el estatuto para transferir la representación legal a la presidencia, iniciativa que el directorio nacional y el congreso terminaron rechazando por el equilibrio de poderes del partido.
Consultada sobre si se trata de una aspiración de larga data del actual presidente del PRD, Herrera no dudó en su respuesta.
"Claro, y desde el 2015. Eso no es nuevo, eso es una realidad. La memoria histórica de este partido hay que tenerla", respondió Balbina Herrera, secretaria general del PRD.
Detrás de la disputa por la representación legal asoma también el control del subsidio electoral que corresponde al PRD para el quinquenio 2024-2029, que asciende a $6,484,756.61 y que administran conjuntamente la secretaría general y la secretaría de finanzas y administración. Quien ejerce la representación legal firma, junto al secretario de finanzas, los movimientos de esa cuenta, radicada en el Banco Nacional y sujeta a la aprobación del Tribunal Electoral. Herrera recordó que en otros quinquenios el subsidio alcanzó los $14 o $15 millones, por lo que considera que el verdadero interés podría estar en el margen de maniobra que otorga esa representación.
Herrera describió al PRD como un partido socialdemócrata de dirección colegiada, regido por la Constitución y por los artículos 98 y 99 de la ley electoral, que regulan la vida interna de las colectividades. Según explicó, el Tribunal Electoral solo interviene en los asuntos económicos del partido, mientras que la representación legal y la vocería oficial corresponden a la secretaría general, aunque las decisiones de fondo deben adoptarse de manera colegiada. El presidente cita al CEN y ella convoca las sesiones extraordinarias, matizó.
La vía judicial y el artículo 101
Herrera insistió en que la reforma aprobada en la Comisión de Gobierno contradice la Constitución, en particular el artículo 138, que fija los principios democráticos que deben regir a los partidos. Sostuvo que solo el directorio nacional del PRD, integrado por 300 miembros y 4,200 delegados, puede modificar los estatutos internos. "Ese es el camino, no hay otro", afirmó. Si la Asamblea aprueba el cambio, adelantó, el partido recurrirá primero al Tribunal Electoral y, de no prosperar esa vía, a la Corte Suprema de Justicia.
"Estamos violando la Constitución, es clarito", declaró Balbina Herrera, secretaria general del PRD.
A la polémica por el artículo 100 se suma el artículo 101, que establecería listas cerradas para elegir al CEN, a los presidentes de área y a la junta directiva, de modo que la lista ganadora se adjudicaría la totalidad de los cargos. Herrera advirtió que ese mecanismo dejaría fuera a los sectores minoritarios dentro de una organización que, subrayó, es pluriclasista y alberga distintas corrientes. Sobre la carta, sostuvo que la envió a los 12 diputados del partido, tres de ellos miembros de la junta directiva de la bancada, y que llegó a los medios antes de que terminara de remitirla: "No la filtramos nosotros, se filtró".
La reforma al Código Electoral superó su primer debate el 23 de septiembre. Herrera ha anunciado que, de confirmarse el cambio en los debates subsiguientes, lo impugnará ante el Tribunal Electoral y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia, por entender que una ley no puede alterar "la correlación de fuerzas de la vida interna de un partido".