El documento, redactado por el propio Ministerio como parte de una auditoría interna hace ya una década, permaneció sin hacerse público hasta que Yonhap accedió a su contenido. El informe apunta a que alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de encuentros habrían sido destinatarios de estos pagos, en un periodo que coincidió con siete partidos decisivos para la selección surcoreana, todos ellos resueltos sin derrotas: cinco victorias y dos empates.
La coincidencia entre el balance invicto del combinado nacional y el trato de favor presuntamente dispensado a los colegiados ha reabierto preguntas sobre la limpieza de aquellas eliminatorias, aunque hasta el momento ningún organismo deportivo internacional ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario derivado directamente de este informe.
Antiguos responsables de la KFA, en declaraciones recogidas por la cadena surcoreana JTBC, sostuvieron que este tipo de prácticas eran habituales en aquella época, sin que ello implique una aceptación de responsabilidad penal o administrativa por parte de la federación actual.
De la ilegalidad de la prostitución al registro policial
La prostitución es ilegal en Corea del Sur, país donde, pese a la prohibición, persisten numerosos salones de masajes y establecimientos de ocio nocturno con oferta de servicios sexuales encubiertos, un fenómeno ampliamente documentado. Ese marco legal convertiría los pagos descritos en el informe, de confirmarse en una investigación judicial, en una posible infracción penal y no solo en una falta deportiva.
La revelación se produce en un momento de máxima exposición para la KFA. Este jueves, la policía surcoreana registró las oficinas de la federación como parte de una investigación paralela centrada en el nombramiento del exseleccionador masculino Hong Myung-bo, en la que también figuraría el expresidente de la entidad, Chung Mong-gyu. Los agentes incautaron documentación que, según la información difundida, podría ayudar a esclarecer el caso y a sus implicados.
La KFA no ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública detallada sobre el contenido del informe de 2016.
El colectivo arbitral queda en una posición delicada: el material disponible no atribuye responsabilidad penal directa a los colegiados como receptores de estas prácticas, pero sí proyecta sobre la profesión una sombra de sospecha que se suma a controversias previas sobre presuntos amaños en el fútbol asiático. La compensación descrita, además, no fue económica, lo que complica su encaje en los cauces disciplinarios convencionales.
Un problema recurrente en el arbitraje mundial
El fútbol internacional no es ajeno a los episodios de corrupción que afectan al estamento arbitral, un ámbito señalado como especialmente vulnerable cuando intervienen incentivos opacos. La propia FIFA vivió a partir de 2015 el mayor escándalo de corrupción de su historia, que forzó la salida de buena parte de su cúpula dirigente, incluido el expresidente Joseph Blatter, y desembocó en una reforma de sus órganos de control interno. En España, las sospechas sobre incentivos económicos en el entorno del fútbol han sido objeto de investigaciones judiciales en los últimos años, ninguna equiparable en naturaleza a lo que ahora se atribuye a la KFA.
La KFA es un organismo que combina financiación y supervisión pública con patrocinios privados, y responde ante el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la misma cartera que encargó la auditoría de 2016. Esa dependencia institucional explica que el caso haya adquirido de inmediato una dimensión política, sumándose a la investigación abierta sobre el proceso de selección de Hong Myung-bo.
A partir de ahora, el foco se traslada a si la Fiscalía surcoreana decide abrir una causa formal derivada del informe de 2016 y a los resultados del análisis de la documentación incautada en el registro del jueves. La federación deberá además explicar ante el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo por qué las conclusiones de aquella auditoría permanecieron sin publicarse durante cerca de una década.
