Rita Wald tenía 17 años cuando fue vista por última vez, en 1977, durante los años de la dictadura militar que gobernó Panamá entre 1968 y 1989. Según explicó la fiscal Guerra, hasta la fecha no ha sido posible establecer con exactitud el momento en que se produjo la desaparición de la estudiante, y sus restos tampoco han sido recuperados pese a los esfuerzos de sus familiares y de las autoridades a lo largo de los años.
La funcionaria judicial reconoció que la investigación original, adelantada durante el régimen militar, presentó fallas relevantes que derivaron en diligencias no realizadas y en un archivo temprano del expediente. Ese primer cierre se formalizó el 23 de agosto de 1978, cuando la Fiscalía Auxiliar dictó un sobreseimiento provisional al considerar que no existían elementos que vincularan a alguna persona con el hecho.
El caso permaneció inactivo durante más de una década, hasta que el 17 de abril de 1990 —ya restablecido el orden constitucional tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989 que puso fin al mando de Manuel Antonio Noriega— se ordenó su reapertura. En esa etapa se dispuso tomar declaración a Garzola, diligencia omitida en el proceso inicial. Sin embargo, para entonces el hoy investigado había salido del país, primero hacia Nicaragua y posteriormente hacia la entonces República de Checoslovaquia, lo que retrasó su comparecencia ante las autoridades panameñas.
En 1992 se abrió causa criminal formal en su contra, un procedimiento que se extendió hasta 1994, cuando el expediente volvió a cerrarse. En esa oportunidad, tanto Garzola como Luis Gómez fueron sobreseídos por decisión judicial, lo que mantuvo el caso archivado durante las tres décadas siguientes.
Tres décadas archivado y una reapertura por vía interamericana
La reactivación definitiva llegó el 19 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales —instancia encargada de los procesos iniciados bajo el antiguo sistema inquisitivo— decidió retomar el expediente. La decisión respondió a una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La fiscal Guerra precisó que la causa fue reabierta en 2024 tras el surgimiento de nuevos elementos que podrían establecer las causas de la desaparición de la estudiante.
Guerra sostuvo que, a partir de esa reapertura, su despacho ha logrado acopiar una cantidad significativa de información sobre las circunstancias que rodearon el hecho. No obstante, la funcionaria evitó precisar si Garzola actuó solo o en compañía de otras personas, ni detalló los posibles móviles que pudieran haber motivado la desaparición. El Ministerio Público tampoco ha señalado si existen otras personas con vínculos directos al caso más allá de Gómez, sobreseído en 1994.
La detención provisional dictada contra Garzola constituye una medida cautelar orientada a garantizar su disponibilidad para las diligencias y a mitigar el riesgo de fuga, no una determinación sobre su responsabilidad penal. El investigado, de 82 años, permanecerá bajo custodia en la sede de la DIJ mientras avanza la etapa de investigación y la Fiscalía busca ubicar a otros posibles implicados en los hechos ocurridos hace casi cinco décadas.
El expediente de Rita Wald se inscribe en el reducido grupo de causas de la era dictatorial reactivadas en Panamá. El antecedente más notorio es el de Heliodoro Portugal, dirigente desaparecido en 1970, cuyos restos fueron identificados en 1999 y cuyo caso llevó al Estado panameño a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008 por desaparición forzada, un hito que reforzó la obligación estatal de investigar los crímenes cometidos bajo el régimen militar pese al paso del tiempo.
El delito de desaparición forzada tiene, conforme a los estándares del sistema interamericano, carácter permanente o continuado mientras no se establezca el paradero de la víctima, lo que permite su persecución aun décadas después de los hechos y sortea la prescripción ordinaria que operaría en otros delitos. Ese marco es el que sostiene la reactivación de expedientes archivados en el sistema inquisitivo previo a la vigencia del sistema penal acusatorio en Panamá.
El caso depende ahora de que la Fiscalía complete el cuadro probatorio necesario para eventualmente formalizar una imputación ante el juez de garantías, paso previo dentro del proceso antes de que el expediente pueda avanzar hacia una posible etapa de juicio. Hasta entonces, Garzola conserva su condición de investigado y la presunción de inocencia que le asiste conforme al ordenamiento panameño. La Fiscalía no ha fijado un plazo público para las próximas diligencias.