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El Supremo avala las autoliquidaciones rectificativas y rechaza el recurso de la Aedaf

La sentencia 1192/2026, de 27 de octubre, desestima el recurso contra el Real Decreto 117/2024 que impuso el nuevo trámite como cauce obligatorio.

Por Redacción de El Hemiciclo·
3 min de lectura
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso con el que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) pedía anular el sistema de autoliquidaciones rectificativas. La sentencia, fechada el 27 de octubre de 2026 y registrada con el número 1192/2026 (recurso 260/2024), descarta los motivos de nulidad planteados contra las disposiciones finales tercera a séptima del Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, que introdujeron el nuevo cauce en el IVA, el IRPF, Sociedades, los Impuestos Especiales y el tributo sobre gases fluorados.

El fallo mantiene en vigor el modelo único con el que un autónomo corrige un 303, un 130 o un 111 ya presentados. La AEDAF había impugnado esas disposiciones por entender que un reglamento no podía convertir en obligatorio y excluyente un cauce que antes operaba como vía de defensa del contribuyente frente a Hacienda, sin las garantías que la asociación consideraba imprescindibles.

El recurso se apoyaba en que la reserva de ley tributaria impedía que un real decreto alterase un procedimiento diseñado para proteger al contribuyente. El Supremo rechaza ese planteamiento: considera que la reserva de ley en materia tributaria es relativa, que la Ley 13/2023 ya fijó los elementos esenciales del nuevo modelo al reformar el artículo 120 de la Ley General Tributaria, y que el concepto de normativa propia del tributo incluye también su desarrollo reglamentario. Con ese razonamiento descarta tanto el exceso reglamentario como la infracción de los principios de buena regulación que alegaba la asociación.

El cambio de fondo afecta al orden de los acontecimientos. Con el antiguo procedimiento del artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, la Administración estaba obligada a tramitar la solicitud, comprobar si procedía la devolución y resolver —de forma expresa o por silencio— antes de que el dinero cambiara de manos. Con la autoliquidación rectificativa, la devolución puede ejecutarse sin ese pronunciamiento previo sobre el fondo, y la Agencia Tributaria conserva intactas sus facultades de comprobación posterior.

Esa inversión abre una consecuencia práctica. Una devolución cobrada tras presentar la rectificativa puede acabar regularizada y, en su caso, sancionada si Hacienda concluye después que no procedía. Con la solicitud de rectificación, en cambio, la deuda ya estaba ingresada y pedir la devolución no suponía por sí mismo un incumplimiento del artículo 191 de la Ley General Tributaria. La AEDAF sostiene que ese nuevo orden desincentiva plantear discrepancias interpretativas; el Supremo responde que las vías de impugnación siguen disponibles y que la reforma no recorta la tutela judicial efectiva.

Qué procedimiento sobrevive al nuevo modelo

La sentencia precisa que el cauce clásico no ha quedado completamente derogado: sigue disponible cuando la rectificación se fundamenta únicamente en que la norma aplicada en la declaración inicial vulnera otra de rango superior. Para el resto de supuestos —error de cálculo, discrepancia interpretativa o criterio administrativo discutido—, el trámite obligatorio pasa a ser la autoliquidación rectificativa, que se tramita como una declaración ordinaria y con efectos inmediatos.

El Tribunal también recuerda que el artículo 221.4 de la Ley General Tributaria mantiene abierta la vía de rectificación para solicitar la devolución de ingresos indebidos, un resquicio que la propia resolución reconoce como insuficiente para cubrir el supuesto más habitual: el del contribuyente que detecta un gasto mal deducido o una operación mal declarada y no discute una norma de rango superior, sino un criterio de aplicación.

La discusión de fondo entronca con la Ley 13/2023, que ya había reescrito el artículo 120 de la Ley General Tributaria para incorporar la autoliquidación rectificativa al ordenamiento. El recurso resuelto ahora cuestionaba si el desarrollo reglamentario posterior, plasmado en el Real Decreto 117/2024, se había excedido al convertir ese cauce en obligatorio y excluyente para la mayoría de los casos. La respuesta del Supremo cierra, por ahora, esa impugnación general contra el modelo, en una línea afín a la aplicada por otros tribunales en materia laboral, como cuando el TSJ de Castilla-La Mancha declaró improcedente un despido por cierre.

El texto consolidado del Real Decreto 117/2024 puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado. Los plazos y requisitos del trámite —presentación telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, con certificado digital o Cl@ve— permanecen sujetos al calendario fiscal ordinario de cada impuesto, con los vencimientos trimestrales habituales para los modelos 303 y 130.

Fuentes

  1. Merca2merca2.es

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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