El trabajador, con un contrato a jornada completa desde el 11 de diciembre de 2023 y un salario bruto de 1.384,50 euros, disfrutó del permiso de paternidad entre el 5 de octubre de 2024 y el 24 de enero de 2025 tras pactarlo con los responsables del establecimiento. Al presentarse en su puesto en la fecha acordada, halló la clínica cerrada sin previo aviso y sin ninguna comunicación formal sobre su situación.
Pese a seguir dado de alta en la Seguridad Social, no recibió explicación alguna hasta el 19 de febrero de 2025, cuando un representante de la empresa le trasladó verbalmente que ya no prestaba servicios allí. Aquel acto desencadenó la demanda que ha terminado resuelta por el tribunal autonómico.
En primera instancia, el juzgado de lo Social no pudo acreditar la existencia de un despido porque el trabajador continuaba formalmente de alta en la Seguridad Social, pese al cierre físico del centro. Esa resolución fue recurrida, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha revocado el criterio inicial.
El tribunal ha establecido que un despido puede manifestarse mediante actos concluyentes, sin necesidad de una comunicación escrita o una carta formal, cuando existen hechos objetivos que acreditan el cese de la actividad empresarial. En este caso, los propios funcionarios judiciales se desplazaron hasta el local y comprobaron que la clínica había cerrado sus puertas, lo que la Sala ha considerado prueba suficiente del fin de la relación laboral.
La empresa deberá readmitir o indemnizar
La sentencia obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador, abonándole 45,52 euros diarios en concepto de salarios dejados de percibir desde el despido, o indemnizarle con 1.877,61 euros. A esa cantidad se suma una deuda salarial de 1.153,75 euros, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 25 y el 31 de enero y entre el 1 y el 19 de febrero de 2025, más los intereses de demora.
La doctrina del despido tácito o por actos concluyentes está consolidada en la jurisprudencia social española: el Estatuto de los Trabajadores no exige una carta para que exista despido cuando la conducta del empresario revela de forma inequívoca la voluntad de extinguir el contrato, un criterio que el Tribunal Supremo ha aplicado de forma reiterada en supuestos de cierre de centro sin comunicación al empleado.
Contra el fallo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La resolución del TSJ de Castilla-La Mancha fija que la empresa deberá abonar los 1.153,75 euros adeudados por los periodos de enero y febrero de 2025, más los intereses de demora, en los términos recogidos en el fallo.