Conviene detenerse en los nombres antes que en la molécula: la doctora en biotecnología Lorena Coronado, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat-AIP); la profesora de biología Noemí León de Santos, convertida en investigadora de algas; y el estudiante Isaac Almanza, que en 2023 cursaba el último año de bachillerato y recolectaba sargazo fresco en la costa para secarlo y macerarlo como quien prepara un té casero. No hubo gran presupuesto inaugural ni anuncio de Consejo de Gabinete: hubo la curiosidad de una maestra que notó que, pese a la plaga que azotaba las costas desde hacía más de una década, nadie en Panamá había estudiado esas especies contra enfermedad alguna.
León lo dijo con precisión: decidió analizar el sargazo porque hasta 2023 «no había registro de que las especies que llegan al Caribe panameño se estuviesen estudiando contra alguna enfermedad», declaró a la agencia EFE. Coronado, por su parte, describió el momento del descubrimiento con una honestidad poco frecuente en el discurso institucional: la «sorpresa más bonita fue» que el compuesto «no era tóxico, no estaba matando las células sanas, pero sí estaba siendo muy activo contra el parásito». Antes de esa alegría, sin embargo, hubo un fracaso: el extracto acuoso se probó primero contra el cáncer y no funcionó, lo que la investigadora resumió como «un bajonazo» para el equipo.
La ciencia real rara vez avanza en línea recta hacia el titular feliz; avanza tropezando, y ese tropiezo —invisible en la nota triunfal— es precisamente lo que legitima el resultado posterior. Panamá tiene una tradición modesta pero real en investigación biomédica tropical, apalancada durante décadas en instituciones como el propio Indicasat o el Instituto Conmemorativo Gorgas, heredero simbólico de la lucha contra la fiebre amarilla que hizo posible la construcción del Canal a comienzos del siglo XX. Aquellas gestas contaron con financiamiento sostenido y hasta interés geopolítico estadounidense; esta nace, en cambio, de un programa escolar y espera todavía fondos para continuar.
Que el hallazgo llegara por la vía de una macroalga considerada una amenaza de salud pública añade una capa de paradoja. El sargazo, cuando se pudre en la orilla —proceso que toma cerca de 48 horas, según explicó León—, libera gases tóxicos, y ha dañado la actividad turística en playas panameñas, mexicanas y dominicanas por igual, al inundar la arena y hacer casi imposible bañarse. Convertir esa pesadilla ambiental en materia prima biomédica es el tipo de giro que cualquier plan de desarrollo aspiraría a producir por diseño, no por accidente feliz de un proyecto de feria científica escolar.
Los números globales explican por qué el hallazgo no es un capricho académico. En 2024 se registraron en el mundo 282 millones de casos de malaria y 610,000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud, con África concentrando el 95% de ambas cifras. En el continente americano los casos fueron 536,644 y las muertes 136, y se estima que un 30% correspondió justamente a la forma cerebral, la más letal. Panamá no es hoy un foco crítico de la enfermedad, pero forma parte de una región donde el paludismo sigue siendo un problema de salud pública activo, no un capítulo cerrado de manuales.
Financiamiento, el eslabón que falta
El estudio, publicado en la revista indexada Integrative and Comparative Biology, describe una etapa que sus propias autoras califican de incipiente. No hay ensayos clínicos, no hay fase de desarrollo farmacéutico, no hay siquiera certeza de financiamiento para el siguiente paso. Es el patrón clásico de la investigación panameña de base: se genera conocimiento suficiente para publicarse en editoriales internacionales serias, pero el camino entre el laboratorio y cualquier aplicación práctica depende de una variable que ningún artículo científico controla, la voluntad presupuestaria del Estado.
Conviene ser preciso sobre lo que corresponde a quién. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la propia Senacyt, define cada año cuánto del Presupuesto General del Estado se destina a investigación científica; la Asamblea Nacional, en sus vistas presupuestarias, tiene la última palabra sobre esas partidas antes de aprobarlas en tercer debate. Nada en el material disponible indica que exista hoy un compromiso concreto de financiamiento adicional para este proyecto específico, y sería irresponsable asumir que lo habrá solo porque la historia sea bonita.
Panamá lleva más de una década tratando el sargazo casi exclusivamente como problema logístico: recolección en playas, limpieza costera, quejas del sector turístico. Rara vez ha entrado en la conversación como activo científico. El hallazgo del Indicasat-AIP no resuelve ese desequilibrio, pero lo expone con claridad incómoda. Y la propia León enmarcó el asunto como oportunidad: la macroalga se reproduce de manera exponencial por el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático, de modo que es un problema «pero también una oportunidad» para la ciencia.
Tampoco conviene idealizar el resultado hasta convertirlo en promesa curativa inminente. Que un compuesto inhiba significativamente el crecimiento del parásito en laboratorio y no resulte tóxico para células sanas es, en efecto, un dato que Coronado calificó de «muy esperanzador», pero dista años, financiamiento y varias fases regulatorias de convertirse en un tratamiento disponible. La prensa seria tiene la obligación de celebrar el hallazgo sin venderlo como cura, exactamente la misma cautela que las propias investigadoras aplicaron al describirlo, cuando recordaron que la idea de tomar el té del alga como profiláctico «no lo había hecho nadie».
Queda una lección que trasciende la bioquímica: el conocimiento útil no siempre nace donde la planificación estatal lo espera. Nació en este caso de un programa de jóvenes científicos, de una maestra con curiosidad fuera de horario lectivo y de un bachiller que hoy probablemente esté por decidir qué estudiar en la universidad. Si Panamá quiere más hallazgos de este tipo, tendrá que decidir si programas como el de la Senacyt son una línea presupuestaria prescindible o una inversión que se protege incluso en años de estrechez fiscal.
El sargazo seguirá llegando a las costas panameñas cada temporada, oliendo mal, espantando bañistas y complicando la vida a hoteleros de Bocas del Toro y Guna Yala. Eso no cambiará pronto. Lo que sí podría cambiar es si, la próxima vez que una maestra y su alumno miren esa alga varada, el Estado panameño ya tenga listo el laboratorio, el financiamiento y la paciencia institucional para que la curiosidad no dependa, otra vez, de que alguien decida hacerse un tecito por su cuenta.