El acuerdo pone punto final a una negociación enquistada en las últimas semanas entre la dirección del Santander y los representantes de los trabajadores. Según la información difundida por CC OO a Efe, el banco ha aceptado fijar en 55 años la edad mínima para la prejubilación voluntaria, con una cobertura de hasta el 95% de la pensión. El Hemiciclo no ha podido corroborar de forma independiente los detalles completos del pacto, cuya confirmación procede por el momento de una única fuente sindical.
El pulso por la edad de acceso
El punto más conflictivo había sido la edad mínima. Según informó Cinco Días el pasado 13 de julio, el Santander se resistía a extender las prejubilaciones a partir de los 50 años, una petición que los sindicatos consideraban clave dado el perfil de una plantilla envejecida tras años de reducción de oficinas y fusiones de estructuras. La entidad, según esa misma información, se mostraba dispuesta a avanzar en un acuerdo pero manteniendo el umbral en los 55 años, la cifra que finalmente parece haberse consolidado.
La tensión entre edad de acceso y porcentaje de pensión garantizado es recurrente en las reestructuraciones del sector financiero español. Las direcciones priman el control del coste total del expediente —que depende del número de trabajadores elegibles y de los años que restan hasta la jubilación ordinaria—, mientras los sindicatos presionan por rebajar la edad mínima y ampliar el porcentaje cubierto.
Qué implica el 95% de la pensión
La fórmula pactada, según lo avanzado por CC OO, garantizaría a quienes se acojan desde los 55 años el cobro de hasta el 95% de la pensión que les correspondería. La cláusula busca evitar una caída brusca de ingresos en el periodo que media entre el cese voluntario y el acceso a la pensión pública contributiva, cuya edad ordinaria en España se sitúa en los 66 años y ocho meses en 2026 para quienes no acrediten largas carreras de cotización, según el calendario progresivo derivado de la reforma de 2011.
Los planes de prejubilación de la banca no sustituyen a la pensión pública: actúan como un complemento privado a cargo de la entidad hasta que el trabajador alcanza la edad legal de jubilación y accede al sistema de la Seguridad Social. Estos esquemas se han utilizado de forma recurrente por los grandes bancos españoles desde los ajustes de plantilla que siguieron a la crisis financiera de 2008.
Una década de recorte de oficinas
El Santander, como el resto de la gran banca, ha reducido de forma sostenida su red y su plantilla como parte de un proceso de digitalización y ajuste de costes acelerado desde mediados de la década de 2010. Ese proceso ha ido acompañado de sucesivos expedientes de regulación de empleo y planes de bajas voluntarias e incentivadas, negociados caso por caso con los sindicatos mayoritarios del sector, principalmente CC OO y UGT.
La negociación de este plan se inscribe en esa dinámica de reestructuración continuada. La información disponible hasta ahora no precisa el número total de trabajadores del Santander en España a los que podría afectar el plan, ni el coste económico global que asumirá la entidad. Tampoco consta si el acuerdo requiere aún ratificación formal por parte de la plantilla o de los órganos de representación antes de su aplicación efectiva.
Las posiciones de las partes
CC OO, a través de las fuentes citadas por Efe, ha sido hasta el momento la única voz sindical que ha confirmado el contenido del acuerdo, presentándolo como un avance frente a la posición inicial del banco. El Hemiciclo no ha podido recabar de forma independiente la valoración de UGT ni de otros sindicatos con presencia en la entidad, ni una confirmación oficial del Banco Santander sobre los términos exactos del pacto.
La entidad, según la información previa de Cinco Días del 13 de julio, había mostrado disposición a cerrar un acuerdo pese a mantener su negativa a ampliar el umbral hasta los 50 años, lo que apunta a que la negociación se centró en las últimas semanas en encontrar un punto intermedio entre las exigencias sindicales y los límites de coste fijados por la dirección. Queda por contrastar si el 95% se aplica de forma uniforme o varía según antigüedad, categoría profesional o años restantes hasta la jubilación.
Precedentes en el sector financiero
España acumula un largo historial de planes de prejubilación bancaria negociados entre entidades y sindicatos, especialmente desde la reconversión del sector de cajas de ahorro tras la crisis de 2008 y el proceso de recapitalización y fusiones que siguió a la creación del FROB en 2009. Aquellos expedientes establecieron fórmulas de prejubilación con coberturas parciales de la pensión futura, financiadas íntegramente por las entidades. Más recientemente, la fusión entre CaixaBank y Bankia, cerrada en 2021, incluyó uno de los mayores expedientes de regulación de empleo del sector en la última década, con salidas mayoritariamente pactadas por la vía de la prejubilación.
Los flecos pendientes
El marco general de estos procesos combina la negociación colectiva —regulada por el Estatuto de los Trabajadores— con eventuales expedientes de regulación de empleo cuando afectan a un número elevado de trabajadores. A la espera de una comunicación oficial del Banco Santander o de que otras fuentes sindicales corroboren los términos, quedan por precisar el calendario de implementación, la existencia de un límite de plazas o ventanas de adhesión, el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas y si el pacto se enmarca en un ERE más amplio o constituye un plan autónomo de bajas voluntarias. El Hemiciclo seguirá la evolución de esta información a medida que se conozcan más detalles y reacciones.
