El salto proyectado supone casi sextuplicar la población actual. Si se aplica la media de tres personas por vivienda que maneja el propio plan, las 17.572 unidades previstas aportarían más de 50.000 nuevos residentes a un municipio que hoy conserva, según sus impulsores, el carácter de pueblo del oeste madrileño, con comercio de proximidad, servicios básicos y sin grandes centros comerciales ni una oferta de ocio destacada.
Brunete depende funcionalmente de la capital pero no ha desarrollado la infraestructura de otras localidades del entorno. En la práctica, buena parte de los desplazamientos para compras de mayor volumen o determinados servicios se resuelven en municipios cercanos. El desarrollo urbanístico no implica únicamente levantar viviendas, sino transformar el modelo del municipio hacia el de una ciudad de tamaño medio, con las exigencias de movilidad, dotaciones y equipamientos que ello conlleva.
Un proyecto rescatado del cajón de la crisis
Nuevo Brunete pertenece a la generación de planes que quedaron sobre la mesa tras el pinchazo inmobiliario de 2008 y permanecieron congelados durante años. Su reactivación responde a un cambio de contexto: el encarecimiento de la vivienda en la capital ha empujado la demanda hacia la periferia y ha devuelto la actividad a desarrollos que llevaban más de una década paralizados. El reparto contempla distintos sectores, la mayoría de carácter residencial, con presencia tanto de vivienda protegida como de grandes promotoras y fondos de inversión.
El plan reserva un 42,4% del total a vivienda protegida, con sectores de peso específico en este segmento como el denominado SR-1. La proporción es relevante en un mercado donde la demanda de vivienda asequible se mantiene muy por encima de la oferta. Como referencia del marco autonómico, la Comunidad de Madrid regula distintos regímenes de protección pública sujetos a precios máximos de venta y alquiler fijados por la administración, un instrumento pensado para acercar el acceso a la vivienda a rentas medias y bajas.
El procedimiento urbanístico en la Comunidad de Madrid se rige por la Ley del Suelo autonómica, que exige la tramitación y aprobación del planeamiento de desarrollo, la ejecución de la urbanización y la dotación de servicios antes de que puedan edificarse las viviendas. Se trata de un recorrido administrativo largo, que explica por qué un plan de esta envergadura se despliega necesariamente por fases y a lo largo de varios años.
El eco de la burbuja y el debate sobre el modelo
Brunete no es un caso aislado. Otros municipios como El Molar, Paracuellos de Jarama o Tres Cantos plantean desarrollos de gran tamaño para absorber parte de la demanda expulsada de la capital. La expansión urbanística de la periferia madrileña vuelve a acelerarse con el recuerdo aún presente de lo ocurrido en el ciclo anterior, cuando numerosos suelos quedaron urbanizados pero sin edificar tras el estallido de la crisis financiera.
Algunos colectivos han advertido de que se están recuperando modelos de crecimiento muy similares a los del pasado, con el riesgo de repetir errores si no se planifica adecuadamente la absorción del nuevo suelo. El Ayuntamiento, por su parte, ha señalado que la construcción se desarrollará de forma progresiva a lo largo de 15 o 20 años, un ritmo que, según su planteamiento, permitiría acompasar la llegada de población con la creación de servicios y equipamientos.
El precedente histórico más citado en la región es el de los grandes ensanches y los Programas de Actuación Urbanística impulsados durante los años del boom, entre finales de los noventa y 2008, que dejaron desarrollos como los del sureste de la capital o promociones enteras a medio ejecutar cuando el mercado se desplomó. Aquella experiencia es la que hoy alimenta las cautelas sobre planes que multiplican por varias veces la población de un municipio pequeño.
El futuro inmediato de Nuevo Brunete depende de la tramitación urbanística pendiente y del ritmo real de comercialización de las viviendas, condicionado por la evolución del mercado y la financiación de las promociones. Con un horizonte de ejecución de hasta dos décadas, el impacto demográfico y sobre los servicios municipales se verificará de forma gradual, sector a sector, y estará sujeto a la marcha de la demanda que hoy justifica su reactivación.
