La iniciativa planteaba contratar vigilantes, guardas rurales y auxiliares de servicio para reforzar espacios de titularidad municipal —colegios, residencias de mayores y cementerios— ante lo que VOX describe como un aumento de sucesos violentos, atracos, violaciones y agresiones en las últimas semanas. El equipo de Gobierno ceutí, formado por el PP, votó en contra de esta medida junto al resto de propuestas presentadas por la formación de Santiago Abascal en el mismo pleno.
El consejero responsable del área, el popular Alejandro Ramírez, defendió que la ciudad ya ha reforzado esos servicios en los lugares donde tiene competencia, sin detallar el alcance concreto de ese refuerzo. Los populares han anunciado que votarán en contra de todas las propuestas que presente VOX, a las que el Gobierno local se define como «muro de contención».
VOX vio rechazadas otras iniciativas en la sesión: la resolución de contratos y subvenciones vinculados a entidades como la asociación Luna Blanca, y la aplicación de un criterio de prioridad nacional en el acceso a los recursos municipales. La formación reprocha además al Ejecutivo local la inclusión de dos fiestas musulmanas en el calendario oficial de la ciudad autónoma, aprobada por el mismo Gobierno del PP.
Redondo situó el origen de la tensión en la entrada de personas registrada a finales de julio, que calificó de invasión orquestada por Marruecos, un extremo no acompañado de cifras oficiales de Interior o la Delegación del Gobierno en el material.
«La situación, lejos de resolverse, se prolonga en el tiempo. Los ceutíes llevan semanas soportando las consecuencias de una situación que ellos no han provocado», declaró Juan Sergio Redondo, presidente de VOX en Ceuta.
El dirigente reprochó al Gobierno local que se ampare en el reparto competencial con el Estado para justificar la falta de medidas adicionales en materia de seguridad, en una ciudad autónoma donde el control de fronteras y el orden público corresponden en gran medida a la Administración central a través de la Delegación del Gobierno.
«La ciudad no puede limitarse a afirmar que determinadas competencias dependen del Estado. Tenemos la obligación de utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para contribuir a recuperar la vida cotidiana de los ceutíes», sostuvo Redondo.
La crisis de finales de julio ya había tensionado la gestión estatal de la ciudad: la renuncia del delegado del Gobierno, recogida en la dimisión del hombre de Sánchez en Ceuta, expuso discrepancias internas sobre el manejo de la avalancha migratoria.
