Según el padrón municipal, el centro histórico de Sevilla contaba con 62.776 vecinos en 2001. En el último registro disponible, correspondiente a 2024, la cifra había caído a 56.980, una pérdida de casi 6.000 residentes en 23 años. El descenso ha sido constante desde el cambio de siglo, sin que las intervenciones municipales previas lograran revertirlo. El resultado, según el material de Emvisesa, es que en el casco antiguo residen hoy prácticamente tantas personas como plazas hoteleras, pisos y apartamentos turísticos hay registrados en toda la capital, la mayoría concentrados en ese mismo espacio amurallado.
El plan, impulsado por la empresa municipal de vivienda Emvisesa, plantea 1.039 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler asequible, además de más de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno del casco histórico. El Consistorio lo presenta como un plan de ciudad orientado a fijar población joven y familias que de otro modo se verían empujadas a buscar vivienda en otros distritos o fuera del término municipal. El alcalde Sanz defendió la iniciativa, según la nota municipal, como una fórmula para lograr «más de mil nuevas viviendas, tres mil quinientos nuevos vecinos y más de dos mil aparcamientos en el centro histórico».
La pérdida de vecinos va acompañada de la desaparición progresiva del comercio de proximidad —panaderías, ferreterías, mercerías— sustituido por negocios orientados al turista, y de una merma de servicios básicos como centros de salud, colegios o farmacias, cuya viabilidad depende de la población censada y no de la flotante. El encarecimiento de la vivienda es el factor que asociaciones vecinales y urbanistas señalan con más frecuencia como causa última del vaciado: el alquiler turístico, más rentable para los propietarios que el residencial de larga duración, ha desplazado la oferta disponible para quienes buscan instalarse de forma estable.
Un objetivo por debajo de la pérdida acumulada
El propio volumen de la propuesta plantea la principal incógnita sobre su alcance. Los 3.500 nuevos vecinos previstos suponen menos de la mitad de los casi 6.000 residentes perdidos en dos décadas, y llegarían en un contexto de presión turística que no ha dejado de crecer. El Ayuntamiento sostiene que las viviendas, unidas a los aparcamientos y a otras medidas urbanísticas aún por detallar, permitirán revertir parcialmente la dinámica y devolver al centro un tejido social diverso, aunque no ha cuantificado en qué plazo.
La estrategia municipal se concentra en aumentar la oferta de vivienda protegida antes que en limitar el alquiler turístico. Colectivos vecinales del centro reclaman desde hace años una moratoria a las nuevas licencias de vivienda con fines turísticos, en la línea de medidas adoptadas en otras capitales: Barcelona ha anunciado la eliminación de las licencias de pisos turísticos para 2028 y Ámsterdam ha limitado el número de pernoctaciones turísticas anuales. El Consistorio hispalense no ha planteado por el momento una restricción equivalente sobre la oferta ya existente.
El marco normativo de esta actividad en Andalucía corresponde al decreto autonómico de viviendas con fines turísticos, que fija los requisitos de registro y las condiciones mínimas de habitabilidad, pero deja en manos de los ayuntamientos la capacidad de establecer zonificaciones o restricciones específicas, una competencia que el Ayuntamiento no ha activado de forma extensiva en el distrito Casco Antiguo. La ordenación del centro se rige además por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, vigente desde los años noventa y modificado en sucesivas ocasiones, que ha buscado compatibilizar la conservación patrimonial con el mantenimiento de la función residencial.
El fenómeno del vaciado no es exclusivo de Sevilla. La turistificación se ha reproducido con matices similares en otras ciudades patrimoniales españolas, como Toledo, Girona o el casco antiguo de Barcelona, donde el peso creciente del alojamiento de corta estancia ha reducido la vivienda disponible para residentes de larga duración. Es un patrón que en las últimas décadas ha acompañado la conversión de los centros históricos en destinos de alta demanda turística.
La Junta de Andalucía, competente en materia de vivienda protegida y turismo, no se ha pronunciado de forma específica sobre el plan municipal. El Gobierno autonómico ha defendido en otras ocasiones el turismo como motor económico de la región, un sector con un peso relevante en el PIB y el empleo andaluces, lo que sitúa cualquier medida restrictiva sobre el alojamiento turístico ante una tensión entre intereses económicos y demanda residencial.
El Ayuntamiento no ha detallado todavía un calendario de ejecución preciso para las 1.039 viviendas, ni ha especificado las parcelas concretas donde se levantarán ni los plazos de licitación de las obras. El desarrollo del plan se producirá de forma progresiva a lo largo de los próximos años, sin que por el momento se haya fijado una fecha límite para alcanzar el objetivo de los 3.500 nuevos residentes. La pugna entre la vocación turística y la función residencial del casco antiguo seguirá siendo, previsiblemente, uno de los principales frentes de la política municipal en lo que resta de mandato.
