Montserrat: símbolo catalán y epicentro del escándalo de pederastia
Montserrat no es únicamente el símbolo religioso y cultural más reconocible de Cataluña. Desde enero de 2019, cuando El País reveló el alcance de los abusos cometidos y sistemáticamente encubiertos en su interior, el monasterio benedictino acumula también la condición de epicentro del escándalo de pederastia eclesiástica en la comunidad autónoma. Ese doble peso convirtió la visita de León XIV en un acto de alto voltaje simbólico, tanto para los fieles congregados en la abadía como para las víctimas que llevan años reclamando reconocimiento y reparación institucional.
La visita se inscribe en la primera gira española del pontífice desde su elección. León XIV llegó a España con un discurso de apertura ante las autoridades civiles en el que reconoció explícitamente que la Iglesia arrastra una 'llaga abierta' en materia de abusos sexuales, según recogieron los medios presentes en el acto. Esa declaración elevó las expectativas de quienes aguardaban que el mensaje se tradujera en gestos concretos sobre el terreno. En Montserrat, esos gestos no llegaron.
Tres exabades, tres frailes acusados y quince víctimas sin reparación
Los hechos documentados son los siguientes. Según la investigación en enero de 2019 y el informe que la propia abadía hizo público en septiembre de ese mismo año, los tres abades anteriores al actual conocieron o debieron conocer conductas abusivas de al menos tres frailes y no actuaron para detenerlas ni para informar a las autoridades civiles o eclesiásticas. El número de víctimas identificadas alcanza al menos 15, según los cálculos de Miguel Hurtado.
De ese conjunto, solo una víctima ha recibido compensación económica, y no a través de un proceso de reparación voluntaria promovido por la institución, sino como consecuencia directa de una condena judicial dictada en noviembre de 2024 contra un monje que admitió los abusos, según los datos aportados por el propio Hurtado. El resto permanece sin reparación. La abadía pidió perdón públicamente en septiembre de 2019 y reconoció en su informe interno que los mecanismos de protección fallaron de forma sistemática, pero ese reconocimiento no se ha traducido en un protocolo de compensación con criterios objetivos ni con supervisión externa.
El silencio papal ante una comunidad con el escándalo documentado
La decisión de no mencionar los abusos ante la comunidad de Montserrat admite varias lecturas. La distinción protocolaria entre actos pastorales —centrados en el refuerzo de la comunidad religiosa local— y aquellos en los que el Papa aborda la crisis institucional es un criterio habitualmente invocado en las giras apostólicas. Bajo esa lógica, el momento para hablar de abusos habría sido la reunión con las autoridades eclesiásticas españolas, no el acto litúrgico ante los monjes.
Sin embargo, esa distinción resulta difícil de sostener cuando el destino elegido es precisamente Montserrat, un lugar cuyo propio informe institucional reconoce el encubrimiento sistemático. Organizaciones de víctimas señalaron que una visita a un enclave con ese historial documentado sin ninguna referencia a los afectados equivale, en la práctica, a una forma de normalización institucional. Miguel Hurtado, quien lleva años trabajando en este asunto desde organizaciones internacionales de protección a la infancia, advirtió en redes sociales pocas horas después del acto que el Papa había visitado el lugar sin pronunciar el nombre de ninguna víctima, en una publicación que circuló ampliamente en medios digitales catalanes. El Vaticano no emitió declaración alguna sobre la ausencia de referencias a los abusos en el discurso pontificio. La Conferencia Episcopal Española tampoco hizo pública una valoración específica al respecto.
El abad Gasch, en el cargo desde 2021 —cuando los hechos ya estaban completamente documentados y reconocidos por la propia institución—, centró su intervención en el papel histórico del monasterio como custodio de la espiritualidad catalana, sin aludir en ningún momento a las víctimas ni al proceso de rendición de cuentas pendiente. La abadía no respondió a las solicitudes de comentario de varios medios antes del cierre de esta edición.
Marco normativo: doble jurisdicción civil y canónica con reparación insuficiente
Los casos de Montserrat se mueven en una doble jurisdicción. En el ámbito civil español, los delitos de abuso sexual a menores prescriben a los quince años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad. La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia —conocida como ley Rhodes—, amplió parcialmente ese plazo para delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor, pero carece de efectos retroactivos plenos sobre los casos históricos. Esa limitación explica por qué la mayoría de las víctimas de Montserrat no han podido acudir a la vía penal y por qué la condena de noviembre de 2024 constituye hasta ahora la única resolución judicial del caso.
En el ámbito canónico, el motu proprio Vos estis lux mundi, promulgado por el papa Francisco en 2019 y revisado en 2023, obliga a obispos y superiores religiosos a informar a sus superiores jerárquicos de cualquier caso de abuso o encubrimiento del que tengan conocimiento. Sin embargo, las sanciones canónicas no incluyen compensación económica directa a las víctimas ni están sujetas a revisión judicial externa. La Comisión de Escucha de la Conferencia Episcopal Española, operativa desde 2023, tiene un mandato de documentación, no de indemnización. Las víctimas de Montserrat no se encuentran, en su mayoría, integradas en ninguno de esos mecanismos de reparación.
El precedente de Juan Pablo II en Irlanda y la ruptura de Francisco en 2018
El debate sobre qué dice —o calla— un papa al visitar un lugar marcado por el abuso tiene un antecedente histórico de referencia ineludible. En 1979, Juan Pablo II visitó Irlanda en uno de los viajes apostólicos más multitudinarios del siglo XX. En ese momento, los abusos sistémicos en instituciones religiosas irlandesas llevaban décadas produciéndose, aunque el escándalo público no estallaría hasta los años noventa. El pontífice no hizo referencia alguna a esas prácticas. Cuando el informe Ryan y el informe Murphy, ambos publicados en 2009, cuantificaron la magnitud del daño causado en reformatorios y diócesis irlandesas, aquella visita fue reinterpretada como un ejemplo paradigmático de la disociación institucional entre presencia pública y reconocimiento del daño.
La comparación no implica equivalencia de escala —el caso de Montserrat tiene un número de víctimas documentadas muy inferior al de la crisis irlandesa—, pero sí una lógica institucional reconocible: la tendencia a separar el acto de presencia del reconocimiento explícito del daño causado. El propio Francisco intentó cerrar ese ciclo cuando pidió perdón en Irlanda en agosto de 2018, durante el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Dublín, en un gesto que fue interpretado como una rectificación histórica del silencio de 1979. El silencio de León XIV en Montserrat resulta más llamativo precisamente porque llega después de esa ruptura, no antes.
Reparación pendiente y posición de las víctimas ante la visita
Hurtado ha señalado en distintas ocasiones que lo que las víctimas de Montserrat exigen no es solo el perdón verbal, sino un protocolo de reparación con criterios objetivos, plazos concretos y supervisión externa, independiente de la propia institución. En España, la Conferencia Episcopal ha rechazado hasta ahora establecer un fondo de compensación con criterios homologados, argumentando que cada diócesis o congregación debe gestionar los casos de forma individualizada. Esa postura ha sido criticada por asociaciones de víctimas. La abadía no ha articulado, desde el reconocimiento público de 2019, un mecanismo de reparación comparable al puesto en marcha en otras conferencias episcopales europeas.
Próximos pasos: agenda del pontífice y asignaturas pendientes del monasterio
León XIV continúa su gira española con actos previstos en otras ciudades antes de abandonar el país. La visita a Montserrat queda registrada en la agenda oficial como un encuentro pastoral con la comunidad benedictina, sin que el Vaticano haya anunciado ninguna reunión específica con víctimas de abusos en Cataluña ni un comunicado posterior sobre el caso del monasterio. En el plano judicial, el proceso abierto tras la condena de noviembre de 2024 podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones civiles por parte de víctimas que no han obtenido reparación, aunque la prescripción penal sigue siendo el obstáculo principal para la mayoría de los casos históricos. La abadía, por su parte, tiene pendiente dar respuesta pública a la pregunta que la visita papal dejó sin formular: qué compensación recibirán las al menos 14 víctimas que aún no han obtenido reconocimiento ni reparación alguna.
