La disyuntiva combina dos planos difíciles de conciliar. Por un lado, Andalucía asumió en 2024 y 2025 un compromiso de solidaridad interterritorial con Ceuta, ciudad que denuncia desde hace años la saturación de sus centros de menores extranjeros no acompañados por la presión migratoria desde Marruecos, con quien comparte una frontera terrestre estrecha y vallada. Por otro, Vox ha vinculado su apoyo parlamentario a un giro en las políticas migratorias autonómicas.
El mecanismo de reparto de menores entre comunidades se articula, desde la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobada en 2024, sobre un sistema de derivaciones que busca evitar la concentración de menores no acompañados en los territorios de primera entrada —Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía— por su proximidad al norte de África. El sistema ha topado con la resistencia de varios gobiernos autonómicos, que han cuestionado su carácter obligatorio ante los tribunales.
El marco jurídico que ampara la acogida es doble. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, y la legislación de protección jurídica del menor otorgan a las administraciones autonómicas la tutela automática de cualquier menor extranjero en situación de desamparo, con independencia de su origen o de la comunidad de acogida. Se trata, por tanto, de una obligación legal y no de una decisión discrecional.
El episodio de 2025 se inscribe en una crisis estructural en Ceuta. La ciudad viene reclamando desde 2021 el traslado de menores a otras comunidades, después de que la apertura de fronteras derivada de la crisis diplomática con Marruecos llevara a la entrada de miles de personas en apenas dos días. El traslado de los 40 menores a centros andaluces se enmarcó en los acuerdos de colaboración interadministrativa que coordinan el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para atender a menores extranjeros no acompañados.
El peso de Vox en la negociación presupuestaria
La negociación de las cuentas autonómicas ha situado a Vox en una posición de fuerza relativa en el Parlamento de Andalucía. El partido ha condicionado en el pasado su apoyo a compromisos en materia migratoria, entre ellos la revisión de las políticas de acogida a menores extranjeros no acompañados y la reducción de fondos a organizaciones que trabajan en ese ámbito. Esa exigencia choca directamente con la naturaleza de obligación legal que tiene la tutela de menores desamparados.
Moreno ha defendido en comparecencias públicas que la gestión migratoria de Andalucía se ajusta a la legalidad vigente y a los compromisos de solidaridad interterritorial, aunque ha reconocido las dificultades presupuestarias y de capacidad del sistema de protección de menores en la comunidad, sometido a una presión creciente en los últimos años.
La consejería andaluza responsable de la política de menores no ha confirmado si existe una nueva petición formal de Ceuta para el traslado de menores en 2026. Fuentes del sector de la protección a la infancia consultadas apuntan a que la situación en los centros de la ciudad vuelve a ser crítica en los meses de verano, coincidiendo con el repunte estacional de llegadas por mar desde las costas marroquíes.
Desde el ámbito de la infancia se reclama desde hace años una reforma más profunda del sistema de acogida, con mayor financiación estatal a las comunidades receptoras, para evitar que la protección de los menores migrantes quede supeditada a negociaciones políticas coyunturales. El caso andaluz ilustra esa tensión: un mandato legal de tutela frente a un cálculo parlamentario.
El precedente histórico más citado es la crisis de los cayucos de 2006, cuando Canarias recibió una llegada masiva de personas por vía marítima que obligó a activar por primera vez mecanismos de reparto y ayuda de emergencia entre comunidades, sentando las bases del sistema de solidaridad interterritorial que la reforma de 2024 vino a reordenar. Aquella experiencia mostró tanto la utilidad como los límites de la coordinación entre administraciones.
El desenlace se conocerá previsiblemente en paralelo a la negociación presupuestaria andaluza, que debería cerrarse antes de que finalice el año para evitar la prórroga de las cuentas vigentes. La Junta deberá conciliar sus obligaciones legales de tutela y sus compromisos con Ceuta con las condiciones que plantea Vox, una decisión que marcará el rumbo de la política de protección a la infancia migrante en la comunidad para el próximo ejercicio.
