Que un alto cargo mida el coste político de una tragedia en clave de campaña no es novedad de este Gobierno ni de este país: la gestión de crisis como ejercicio de relato lleva décadas siendo parte del oficio. Lo llamativo es la franqueza del cálculo que se le atribuye a Puente: si no hay perjuicio para el proyecto, no hay dimisión. El razonamiento es impecable en su frialdad y revelador del lugar que ocupa la responsabilidad política en la jerarquía de prioridades.
El guion, tal como se describe, no sería una improvisación sobre la marcha sino una secuencia conocida: primero el victimismo, la idea de que el Gobierno es también damnificado por una campaña de acoso; después un responsable exterior, ajeno al núcleo decisorio; y, al final, el silencio prolongado hasta que el ciclo informativo se agote. Ningún paso incluye la palabra dimisión, retirada del vocabulario institucional salvo cuando la presión se vuelve insoportable o la salida resulta más rentable que la permanencia.
Adamuz, Ceuta y el apagón como precedentes
La crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, con la entrada de miles de personas en un solo día, y el apagón eléctrico que dejó sin suministro a buena parte de la península habrían seguido trayectorias similares: un fallo de gestión, una respuesta defensiva del Ejecutivo y la ausencia de consecuencias políticas visibles para quienes ostentaban la responsabilidad última. Lo que estaría en juego no es solo la continuidad de un ministro, sino un principio básico de la democracia parlamentaria: quien gestiona un servicio público responde por sus fallos, no solo ante unas urnas lejanas.
La rendición de cuentas en el sistema español descansa en mecanismos tasados: la dimisión voluntaria, la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución, la pregunta parlamentaria y, en última instancia, el juicio de los votantes. Cuando ninguno se activa tras un accidente con víctimas, queda la sensación de que la política ha aprendido a gestionar el relato mejor que la realidad. No es un rasgo de un solo color: la tentación de convertir cada crisis en comunicación antes que en responsabilidad ha atravesado a todos los gobiernos que han pasado por Moncloa desde la Transición.
Lo distintivo del caso Urda sería la anticipación explícita del desgaste electoral como coste asumible. Afirmar que el escándalo será «un calvario, encima, en campaña electoral» equivale a admitir que el cálculo no es ético ni técnico, sino estratégico: cuánto aguanta el proyecto antes de que el coste supere al beneficio de mantener al responsable. Mientras ese umbral no se alcance, la dimisión seguirá descartada de antemano, y no como consecuencia natural del fallo.
El episodio conecta con un malestar más amplio sobre la calidad de la rendición de cuentas en España, visible también en la vida municipal y en la organización de candidaturas, como el reparto de listas que Frente Amplio ha hecho en Madrid y Barcelona. La política española, de uno y otro signo, parece haber normalizado que la permanencia en el cargo no dependa de los hechos, sino de la resistencia del relato que los envuelve.
Lo que queda registrado, si las palabras atribuidas a Puente son ciertas, es la confesión de que un ministro puede prever su propio «calvario» electoral y, pese a ello, decidir que ese calvario es preferible a la dimisión. Esa frase resume mejor que cualquier análisis externo el estado del contrato entre el poder y la responsabilidad.