Dos relatos conviven sobre la misma plaza sin tocarse. El delegado del Gobierno mantiene que la acampada es «pacífica» y la orden a la Policía Nacional es velar por la seguridad ciudadana sin proceder al desalojo. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional sostiene lo contrario: según la portavoz de Jupol Laura García, la peor noche se registró el pasado lunes, cuando los policías municipales de la calle Montera tuvieron que atrincherarse en sus dependencias y pedir apoyo a la Policía Nacional porque les estaban atacando.
El episodio más grave, según el mismo relato sindical, llegó después: unos jóvenes pidieron auxilio porque un grupo de acampados trataba de atacarlos y, cuando los agentes fueron a detener a uno de ellos, sus acompañantes tiraron al policía al suelo y lo patearon hasta que los compañeros lograron rescatarlo. Al detenido lo metieron dentro de la acampada para impedir el arresto. El balance, según Jupol, fue de cuatro agentes heridos: uno con un botellazo en la cabeza, otro en la pierna y un tercero con un corte en la muñeca.
«Toman medidas para evitar la identificación policial, como son ir todos de negro, embozarse y, si llevan tatuajes, se los tapan para no ser identificados», detalla Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.
Entre quienes ocupan ahora la plaza, el sindicato señala activistas de Samidoun, red que Alemania ha prohibido en su territorio y que servicios de inteligencia occidentales describen como «una organización pantalla que sirve como estructura internacional de recaudación de fondos» para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, movimiento que la Unión Europea considera terrorista. La Justicia española ha admitido querellas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra Samidoun y los convocantes de los actos del 7 de octubre en Madrid y Barcelona, por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de la matanza de Hamás de 2023, en la que, según el material, murieron más de 1.200 personas.
«Lo peor de cada casa», según Jupol
Junto a ellos, el sindicato ubica a abertzales, a bukaneros —colectivo ultra vinculado al Rayo Vallecano— y a integrantes de la Coordinadora Juvenil Socialista, organización surgida de escisiones de la izquierda abertzale en el País Vasco. La Policía ha identificado ya a cerca de una treintena de bukaneros, grupo en el que, según Domínguez, se integra «cualquier ultra de extrema izquierda» aunque no sea de Vallecas. Sobre el conjunto, Jupol resume que en Sol está «lo peor de cada casa».
La denuncia de Ayuso ante la Fiscalía reclama esclarecer los ataques contra su persona y contra bienes protegidos. El escrito, firmado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, documenta pintadas y carteles con frases como «Ayuso, muérete» o «El ático de Ayuso lo vamos a quemar», además de un ataúd de cartón con su rostro y una pancarta que la rebautiza como «Israel Díaz Ayuso». La Comunidad encuadra los hechos como amenazas, injurias graves con publicidad y delitos de odio, con agravantes de género e ideología política.
La acampada de Sol no es la primera protesta que encalla en esta disputa de calificativos. El 15-M de 2011 ocupó la misma plaza durante semanas con un pulso permanente sobre el límite entre reunión pacífica y ocupación del espacio público, un debate que el artículo 21 de la Constitución deja a la ponderación de la autoridad gubernativa. El desencuentro de fondo —quién define qué es pacífico y quién paga el desorden— ya aparecía en el análisis de el precio del desorden urbano.
Del Sindicato de Inquilinas, que originó la protesta, apenas quedan ya las caras visibles. En la plaza permanecen las banderas, los pañuelos y, según Jupol, los agentes que suman lesiones. Sobre las protecciones policiales, el sindicato precisa que los antidisturbios ya pueden portar cascos, después de que la orden inicial de Interior incluyera no entrar en la acampada.