La consellera sostuvo que buena parte de estos menores no se encuentran en una situación real de desprotección, más allá de estar solos en territorio español, ya que muchos mantendrían contacto con sus allegados en origen. «Los niños y niñas donde mejor están es con sus familias. Muchas de ellas están localizadas o se podrían localizar; tenemos la responsabilidad de hacer un esfuerzo para ver qué ha pasado y si pueden ejercer como familias protectoras, que creo que en muchos casos ni siquiera han dejado de serlo», argumentó Fernández. La responsable autonómica calificó la medida de «cuestión de puro sentido común» pese a las dificultades para ejecutarla.
El diagnóstico de partida es la presión asistencial sobre los consells insulares, administraciones competentes en materia de protección de menores en el archipiélago. Estos organismos, según la propia consellera, afrontan no solo estrecheces presupuestarias sino también una falta severa de personal técnico y de infraestructuras dignas para atender a un volumen de menores que ha crecido de forma sostenida. La situación en Formentera, la isla más pequeña y con menor capacidad estructural de acogida, fue descrita como «dramática».
Un retorno con garantías que depende del Gobierno central
Cualquier retorno de un menor extranjero no acompañado a su país de origen debe ajustarse en España al procedimiento previsto en la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros y su reglamento de desarrollo, que exige garantizar el interés superior del menor como principio rector, verificar la existencia de una familia o de servicios de protección adecuados en el país de origen y contar con la cooperación de las autoridades consulares y diplomáticas. La reagrupación familiar en origen no es una repatriación exprés: requiere informes sociales, la localización fehaciente de la familia y garantías de que el retorno no expone al menor a riesgo.
En ese marco se sitúa la propuesta balear: activar los canales diplomáticos del Gobierno central con los países de procedencia y recabar la colaboración de los propios menores para localizar a sus familias. El objetivo declarado por Fernández es certificar que esas familias son aptas para la crianza antes de tramitar cualquier devolución «con todas las garantías». La consellera subrayó que la ejecución depende en última instancia del Ejecutivo central, único con competencia para activar la vía diplomática y negociar acuerdos de repatriación, en virtud del artículo 149.1.2 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.
La iniciativa se apoya en una proposición no de ley registrada por el PP que reclama al Gobierno de España medidas concretas frente al flujo migratorio que llega a Baleares, situando la reagrupación familiar en el país de origen como eje de la respuesta autonómica. Se trata de un instrumento parlamentario sin efecto vinculante directo, pero que fija posición política y traslada la presión al Ejecutivo central. Hasta la fecha, el Gobierno no ha fijado una posición pública sobre esta propuesta concreta del Govern balear.
Ceuta, Canarias y el precedente del acuerdo con Marruecos
La tensión entre comunidades autónomas y Gobierno central por el reparto de menores migrantes no es nueva. Ceuta y Canarias han protagonizado episodios similares desde mediados de la pasada década, cuando el colapso de sus centros de acogida obligó a activar mecanismos de derivación a otras comunidades. El orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el 27 de agosto, incluye un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a Ceuta, lo que ilustra que la presión asistencial se extiende más allá de Baleares.
La política de reagrupación familiar en origen tiene además un precedente directo en el acuerdo entre España y Marruecos de 2007 para la repatriación de menores no acompañados, de aplicación limitada por las dificultades para localizar a las familias y por las garantías exigidas por los tribunales españoles. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha subrayado en distintos dictámenes que el interés superior del menor debe prevalecer sobre consideraciones de gestión de flujos migratorios, un criterio que condiciona cualquier procedimiento de retorno.
Organizaciones de defensa de la infancia han advertido en el pasado, ante propuestas similares, del riesgo de que los retornos se prioricen por motivos de descongestión de los sistemas de acogida antes que por una evaluación individualizada de cada caso. Ese debate, latente en el sector desde hace años, previsiblemente resurgirá si la propuesta balear avanza hacia una implementación concreta.
Preguntada por la posible ampliación del espacio de acogida temporal junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous, en Palma —medida mencionada anteriormente por la presidenta Prohens—, Fernández evitó ofrecer detalles y remitió la cuestión al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), organismo dependiente del Consell de Mallorca encargado de la gestión de los recursos de acogida en la isla.
A partir de ahora, el foco se traslada a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 27 de agosto, donde además del crédito extraordinario para Ceuta se espera que Baleares plantee formalmente su reclamación de recursos y su propuesta de reagrupación familiar en origen. El resultado de ese encuentro, y la respuesta que dé el Gobierno central a la petición de activar canales diplomáticos, determinarán si la iniciativa se traduce en actuaciones concretas o queda como una declaración de intenciones.
