El mecanismo, tal y como lo describen estas fuentes, permitiría al Ejecutivo de Pedro Sánchez influir en la gestión de la futura compañía fusionada sin que la SEPI tenga que desembolsar dinero público para comprar una participación, como sí ocurrió en Telefónica, Hispasat y Talgo. Al tratarse de una empresa mucho mayor tras la fusión, la retribución de los consejeros podría situarse muy por encima de la actual y acercarse a las prácticas habituales en compañías cotizadas, sin las limitaciones salariales que rigen para los representantes de la SEPI en empresas participadas.
«El Gobierno aplica el escudo antiopas para hacer un favor a estas empresas y, a cambio, mete a alguien de su confianza dentro. Les ha prometido lo mismo a las dos, así se asegura hacerlo gane quien gane. Y tiene todo el sentido todo: bloquea la entrada de un tercero a cambio de poner un hombre suyo… todos ganan menos los accionistas de Deoleo [los fondos CVC y Alchemy]», explica una fuente conocedora de la situación.
Dcoop había presentado inicialmente la segunda mejor oferta tras la de Coricelli, pero Acesur habría reaccionado para igualarla, según las mismas fuentes, que apuntan a fórmulas como un pago aplazado o un earn-out —una parte variable del precio condicionada al cumplimiento de objetivos— para cerrar la diferencia con la propuesta italiana, cifrada en unos 500 millones de euros frente a los aproximadamente 475 millones que manejaría Dcoop.
El precedente de Carlos Ocaña
Una segunda fuente sostiene que la persona elegida para ese puesto estaría vinculada al PSOE andaluz y no sería necesariamente conocida por el gran público, en la línea de perfiles como el de Carlos Ocaña, autor de la tesis doctoral de Sánchez y nombrado consejero de Telefónica en representación de la SEPI.
«Sánchez tiene que pagar muchos favores a sus fieles, en especial en Andalucía, y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Con el añadido de que podrá ponerle una retribución mucho más alta que en cualquier cargo público y que no estará sometida a las limitaciones salariales que tienen los representantes de la SEPI en sus empresas participadas», añade esta fuente.
El instrumento legal en el que se apoyaría el veto es el escudo antiopas, creado durante la pandemia y convertido en permanente en 2023 mediante el Real Decreto 571/2023. Su artículo 15 incluye entre los sectores protegidos «el ámbito de la seguridad alimentaria, para la gestión de instalaciones o sistemas utilizados en el suministro de alimentos», una categoría lo bastante amplia como para amparar el bloqueo a la oferta de Coricelli. Se trata de una norma flexible que otorga al Gobierno un margen discrecional considerable para autorizar o prohibir operaciones sobre empresas consideradas estratégicas.
Tensión con Italia por Ceuta
El deterioro de las relaciones entre España e Italia, agravado por la crisis de Ceuta y los controles fronterizos entre ambos países —sobre la que el PSOE ya respondió a las críticas asegurando que «desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar»—, refuerza entre estas fuentes la previsión de que el veto se materialice. A ello se suma que el Ejecutivo situaría a la primera ministra Giorgia Meloni en el mismo terreno que atribuyó al húngaro Viktor Orbán cuando bloqueó la compra de Talgo por una empresa patrocinada por su Gobierno, al considerar a ambos dirigentes afines a Vox.
La decisión de recurrir al escudo antiopas ya habría movilizado a Banco Santander, CaixaBank y Unicaja para financiar la oferta de Dcoop, un negocio que las propias entidades consideran estable y con baja exposición a riesgos de solvencia, en un ejercicio especialmente flojo para la banca de inversión en España. La reacción de Acesur para igualar su propuesta mantendría abierta la incógnita sobre cuál de las dos españolas se hará finalmente con Deoleo, aunque ambas, según estas fuentes, habrían recibido la misma promesa por parte del Gobierno.
