Según fuentes de Moncloa, la aprobación del real decreto se hará «como sucede en otras tragedias», en referencia al procedimiento habitual tras accidentes de similar magnitud. El antecedente más cercano es el de Adamuz (Córdoba), donde el Gobierno aprobó 136 solicitudes de indemnización a víctimas y familiares, con una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, además de un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil. Sánchez ya había anunciado ayudas para Urda similares a las de Adamuz y adelantó esa equivalencia entre ambos dispositivos.
Puente no agotará su rendición de cuentas este martes: comparecerá también la próxima semana ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos de los que disponga el Ejecutivo, un trámite que asume ese órgano cuando el Congreso no está en periodo de sesiones.
El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se situaba a primera hora de este martes en 26 personas, tres menos que el lunes, según datos del Gobierno regional; de ellos, siete permanecen en UCI. Los afectados están repartidos entre los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Albacete, y uno de los pacientes que estaba en Alcázar de San Juan fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos, según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. De ellos, 54 son de nacionalidad española y 15 extranjeros. El total se reparte en 40 hombres y 29 mujeres.
Las grúas desplegadas en el lugar del siniestro retiraron ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE, con los últimos restos del convoy de Iryo evacuados a lo largo del lunes por la tarde. La Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de medio centenar de efectivos para localizar posibles restos biológicos, una tarea que se retomará este martes junto al traslado de los vagones a una zona segura.
SFF-CGT denuncia riesgos operacionales
El sindicato del sector federal ferroviario de la CGT ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan seguir presentes tras el accidente. El sindicato ha presentado una denuncia formal en la que solicita acciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados, con la posibilidad de restringir o suspender circulaciones si se detectan actividades sin garantías suficientes. La denuncia se suma a advertencias previas, después de que Aicape avisara al Gobierno en junio de la «fuga de talento» en seguridad ferroviaria y de que se conociera que el presidente de Adif cobra 195.000 euros tras los siniestros de Adamuz y Urda.
Feijóo pide reconsiderar la huelga del 11-N
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes a los sindicatos a reconsiderar la huelga general convocada para el 11 de noviembre, a la que ha calificado de «un grave error» tras el accidente de Urda. En un desayuno informativo, Feijóo ha precisado que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, sino «el sentido de la oportunidad» de la convocatoria.
«Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE. Antes era incomprensible, pero 69 muertos después es un grave error», afirmó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
El choque entre el Renfe y el Iryo, que se cumple una semana este martes, ha reavivado además el debate sobre el estado de la red: el accidente de Urda reavivó la discusión sobre el mantenimiento ferroviario en España que ahora enmarca la aprobación del real decreto y la comparecencia de Puente.