El CPFF es el foro de coordinación fiscal previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980, que canaliza las decisiones sobre el sistema de financiación territorial, los objetivos de déficit y la distribución de fondos entre administraciones. Sus acuerdos requieren en la práctica un respaldo amplio para tener legitimidad política, aunque formalmente el Gobierno puede impulsar determinadas medidas incluso sin unanimidad, dado que el consejo tiene naturaleza consultiva y no vinculante en varios de sus apartados.
El rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias supone una grieta en el bloque socialista, que hasta ahora había mantenido una posición más cohesionada en torno a las reformas de financiación territorial impulsadas por Moncloa. Su voto negativo coincide con el de las comunidades del PP, que gobiernan buena parte del territorio, en un resultado que deja al Ejecutivo con el apoyo de apenas dos administraciones.
Cataluña y Canarias, en cambio, se declararon beneficiarias del nuevo esquema. La Generalitat, que desde hace años reclama un modelo de financiación singular vinculado a los acuerdos de investidura con el Gobierno central, valoró en términos positivos la propuesta de Hacienda. El Ejecutivo canario destacó el reconocimiento de los costes derivados de su condición de región ultraperiférica, un factor que la Unión Europea contempla en el reparto de fondos a través del estatuto de las regiones ultraperiféricas recogido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
El actual sistema lleva vigente, con distintos parches y prórrogas, desde la reforma de 2009 aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que sustituyó al modelo de 2001. Desde entonces, sucesivos gobiernos han prometido una revisión en profundidad sin lograrla: el propio Pedro Sánchez incluyó el compromiso en los acuerdos de investidura de 2020 y de 2023, este último con apoyo parlamentario de ERC y Junts.
El trasfondo técnico del debate remite a los criterios de reparto de los fondos de garantía y de suficiencia, que determinan cuánto dinero recibe cada comunidad en función de variables como población, envejecimiento, dispersión geográfica o insularidad. El Ministerio de Hacienda ha defendido en los últimos meses que el nuevo modelo actualiza esas variables, congeladas en parte desde hace más de una década, para reflejar mejor la realidad demográfica actual que refleja el Padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Fuentes del Ejecutivo central sostienen que la actualización busca corregir desigualdades de financiación por habitante entre comunidades, un problema señalado en informes previos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Banco de España, que han documentado diferencias de varios cientos de euros por habitante entre los territorios mejor y peor financiados bajo el modelo de 2009.
Las comunidades del PP han reiterado en distintos foros, incluidas conferencias de presidentes autonómicos, su exigencia de que cualquier reforma se negocie en el marco multilateral del CPFF y no mediante acuerdos bilaterales previos con territorios concretos, en alusión a los pactos alcanzados con Cataluña. Consideran que un modelo pactado primero con una comunidad y presentado después al resto vacía de contenido la negociación conjunta.
El precedente más cercano de bloqueo se remonta a 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy constituyó una comisión de expertos para reformar la financiación autonómica que entregó sus conclusiones sin que llegara a materializarse ninguna reforma legislativa, ante la falta de consenso entre territorios y la inestabilidad parlamentaria de la época. La revisión del modelo, que la LOFCA prevé quinquenal, acumula así más de una década de retraso.
La votación de este viernes no cierra el proceso. Para entrar en vigor, el nuevo modelo requeriría su tramitación como proyecto de ley orgánica en las Cortes Generales, dado que modifica aspectos regulados por la LOFCA, lo que exigiría mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La actual composición de la Cámara, con un Gobierno en minoría dependiente de apoyos parlamentarios variables, hace incierto el recorrido de la iniciativa.
Portavoces autonómicos del PP han anunciado que trasladarán su rechazo a la próxima Conferencia de Presidentes, órgano de cooperación territorial de convocatoria irregular en las últimas legislaturas, y han advertido de que reclamarán el pronunciamiento del Tribunal Constitucional si el Gobierno intenta aplicar elementos del modelo por vía reglamentaria sin pasar por las Cortes.
Desde el Gobierno se insiste en que el proceso seguirá abierto a nuevas aportaciones antes de su remisión al Parlamento y en que el resultado de la votación en el CPFF, aunque desfavorable en número de comunidades, no invalida jurídicamente la propuesta al tratarse de un órgano consultivo. Los próximos meses, con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 sobre la mesa, marcarán si el nuevo modelo avanza como proyecto de ley o queda, como sus predecesores, aparcado sin resolución.
