El plan del Gobierno contemplaba que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín pudieran instalarse en las carpas del Puerto ya este jueves, una vez concluidos los trabajos de acondicionamiento, que incluyeron la instalación de una bomba de agua en las últimas horas del miércoles. El auto de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desbarató ese calendario al dejar en suspenso la orden ministerial que habilitaba el espacio, a la espera de que el Ministerio de Transportes remita el expediente completo sobre la creación del asentamiento, para lo que fijó un plazo que vencía a las 12 del mediodía del miércoles.
El SUP había solicitado una medida cautelarísima —adoptada sin escuchar antes al Ejecutivo— para dejar en suspenso la habilitación de un recinto de 16.000 metros cuadrados destinado a alojar en total a 1.700 personas. El auto llegó casi a la misma hora en que concluían los trabajos con las carpas, con la Moncloa volcada en el dispositivo.
La polémica por el emplazamiento portuario viene de semanas atrás. El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, tomó el control de la autoridad portuaria al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para sortear la oposición del Gobierno autónomo de Juan Jesús Vivas. La orden autorizaba al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para más de un millar de personas, pese a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había votado poco antes en contra de ceder esos terrenos, previamente pactados entre Moncloa y el Ejecutivo ceutí.
Ese pulso institucional, que ya enfrentaba al Gobierno central con la ciudad autónoma, se sumó al choque más reciente entre Moncloa y Vivas, que había pedido alejar los asentamientos de las zonas residenciales, una petición que el Ejecutivo rechazó al considerar que «no se puede aislar a los migrantes».
El Gobierno reaccionó al auto judicial con un comunicado en el que expresó su «perplejidad» ante una resolución que, según su versión, «paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente» y que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas.
«Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo. La complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Ceuta no puede esperar», trasladó la Moncloa en un comunicado.
En un sector del Gobierno, ya enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional fue recibido como «un ataque más» de la judicatura a la acción política del Ejecutivo, que días atrás había anunciado la ampliación a 10.000 las plazas de acogida en Ceuta y la fijación de un mando único a final de año.
La crisis migratoria en la ciudad autónoma ha generado también tensiones políticas de mayor alcance: el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acusó a Sánchez de «indolencia arrogante» ante lo que calificó como una situación de emergencia en la frontera sur.
A medianoche del miércoles, los equipos ministeriales implicados en el operativo permanecían a la espera de novedades procesales de la Audiencia Nacional para poder reactivar «de manera inmediata» un plan que, por el momento, queda frustrado a la espera de que Transportes complete el expediente reclamado por los magistrados.
