El método, conocido como 'sal sobre sal', consiste en añadir sal de roca a la salmuera que la empresa extrae del estuario de Blackwater para elevar su concentración, reducir el gasto energético de evaporación y favorecer la cristalización en forma de escama. La compañía asegura que lo aplica desde hace más de 140 años y, lejos de ocultarlo, un portavoz de la marca lo describió como el empleo de "sal marina antigua, de mares prehistóricos evaporados", una fórmula que vincula el origen geológico de la halita con el relato marino que acompaña al producto.
Quien puso el foco sobre el proceso fue Linsay Everest, vecina de la planta, que grabó durante tres días la llegada de los camiones. Su reproche no apunta a la legalidad del método, sino a la información disponible antes de pagar.
«Deberían ser claros sobre lo que hacen. Así quien compra el producto puede tomar una decisión informada», defendió Linsay Everest, vecina de la planta de Goldhanger.
La página web de Maldon describía hasta hace pocos días un producto elaborado a partir de escamas de sal marina del estuario de Essex, sin mención al proceso 'sal sobre sal'. El 11 de noviembre, después de que The Observer preguntara por los camiones observados en la planta, la compañía actualizó sus contenidos para detallar por primera vez de forma pública el método que aplica en su línea de producción.
La clave regulatoria que explica ese margen está en la ausencia de una definición legal de 'sal marina' en la normativa alimentaria. Esa indefinición permite describir un producto bajo esa etiqueta aunque incorpore sal de otra procedencia, siempre que el cloruro de sodio resultante cumpla los estándares de seguridad. Maldon sostiene que sus productos y su etiquetado cumplen toda la legislación aplicable, y una investigación conjunta de la agencia británica de seguridad alimentaria (FSA) y el servicio de consumo de Essex, entre 2019 y 2020, no encontró motivos para actuar contra la empresa.
El cierre de Hebridean Sea Salt en 2017
No es la primera vez que la procedencia de la sal premium acaba examinada. En 2017, la productora escocesa Hebridean Sea Salt cesó su actividad después de que una investigación de la FSA concluyera que el 80% de la sal contenida en sus productos era importada, pese a comercializarse como sal marina local. El regulador calificó entonces la práctica como un engaño al consumidor de una escala que consideró inaceptable.
La fundadora de aquella empresa, Natalie Crayton, defendió que añadir cristales de sal extranjera al agua de mar local era una práctica extendida entre las marcas de sal marina premium, una afirmación que firmas como Cornish Sea Salt, Halen Môn y Skye Sea Salt negaron aplicar a sus procesos. La propia Maldon aseguró en aquel momento que no engordaba sus productos con esa técnica y que su sal era "100% británica". El proceso no ha cambiado; lo que ha cambiado es la explicitud con que se cuenta.
La diferencia de precio ilustra el valor que el mercado asigna al formato premium. Una caja de 250 gramos de Maldon se vende en Sainsbury's a 2,85 libras, equivalentes a 11,40 libras el kilo, frente a las 5,43 libras el kilo de la sal gruesa Saxa (envase de 350 gramos a 1,90 libras), la referencia de supermercado en el Reino Unido: más del doble por un producto que cumple la misma función en la cocina. La escama piramidal aporta una textura y un crujido que la sal gruesa no ofrece, pero esa diferencia sensorial se diluye cuando el uso es salar el agua de cocción.
Para el comprador español, la consecuencia es sencilla: si la sal de Maldon llega a la cesta a través de una tienda gourmet o una plataforma online, conviene mirar el precio por kilo del envase pequeño —siempre más caro que el formato grande— y compararlo con el de una sal marina estándar. El producto enlaza con otras conversaciones de consumo que recorren el pueblo abulense donde Broncano y Silvia Alonso tienen casa, aunque aquí el asunto se circunscribe a la trazabilidad de un producto cotidiano. El debate, zanjaba The Observer, no es si la sal gema alemana es peor, sino si el comprador paga lo que cree que paga.
