Pedro Sánchez no asistió a la cita. El presidente del Gobierno se encontraba en el arranque de la campaña de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. España, Francia y Luxemburgo son los tres únicos Estados miembros de la Unión Europea que no figuran entre los firmantes del texto.
La declaración advierte de los riesgos derivados de lo que denomina instrumentalización de los flujos migratorios y reclama la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana capaces de anticipar las llegadas e identificar nuevas amenazas para la seguridad de las fronteras exteriores europeas. Los firmantes defienden además el fortalecimiento de la cooperación con los países de origen y tránsito para impedir las salidas irregulares y garantizar la deportación efectiva de quienes carecen de derecho a permanecer en Europa, de conformidad con el derecho internacional.
El texto contempla también el desarrollo de nuevas herramientas para responder a situaciones extraordinarias y un mayor intercambio de información entre las autoridades nacionales para perseguir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Las políticas de control fronterizo coordinadas por Frontex, la agencia europea de la guardia de fronteras y costas, son uno de los instrumentos centrales del espacio Schengen desde su reforma de 2019, que amplió el mandato del organismo para incluir operativos de retorno conjunto entre Estados miembros. Desde que gobierna Sánchez, España solo ha expulsado a cinco inmigrantes hacia África en vuelos comunitarios coordinados por esa agencia.
No es la primera vez que el Ejecutivo español queda fuera de una iniciativa de este tipo. En mayo, España tampoco respaldó una declaración suscrita por 33 países europeos para reforzar la cooperación contra la inmigración ilegal, y en junio otros 19 Estados miembros de la Unión Europea reclamaron acelerar la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, de nuevo sin el apoyo del Gobierno español.
La declaración de Dublín se inscribe así en una serie de documentos impulsados fuera del marco de consenso unánime de los Veintisiete, en los que determinados Estados miembros optan por avanzar compromisos conjuntos sin la totalidad del bloque. La fragmentación en materia migratoria contrasta con los acuerdos alcanzados en otros capítulos: la semana pasada los 27 y la Eurocámara pactaron el presupuesto comunitario para 2027, dotado con 199.707 millones de euros.
España ha reivindicado en cambio un papel propio en otros frentes de la política europea de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamó que la disuasión europea esté «más en nuestras manos», en referencia a la autonomía estratégica del bloque frente a terceros actores.
