La causa se originó a partir de un informe de auditoría de 2025 elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682 vinculada al patrimonio del exfuncionario. Ese documento sirvió de base para que el Ministerio Público iniciara las pesquisas que este lunes desembocaron en la aprehensión.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, hasta el momento, se ha logrado la aprehensión de tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, entre ellos una Toyota Prado, un Lexus y un BMW. Estas medidas cautelares sobre bienes buscan preservar el patrimonio presuntamente irregular mientras avanza el proceso, sin que ello implique una determinación de culpabilidad sobre el exdirector, quien se presume inocente mientras no exista una sentencia en firme.
De Gracia dirigió la Dirección General de Ingresos (DGI) durante cinco años, entre 2019 y 2024, periodo en el que la entidad tuvo bajo su responsabilidad la recaudación tributaria del país y la administración de sistemas clave como el e-Tax 2.0. Su gestión coincidió con parte de la pandemia y con la posterior reactivación económica, años en los que la DGI enfrentó presiones para sostener la recaudación ante la caída de ingresos del Estado.
Las mismas fuentes precisaron que este proceso no guarda relación con el caso conocido como Operación Pandora, que investiga la apropiación de créditos fiscales mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la DGI. Se trata de una causa independiente centrada específicamente en el patrimonio personal de De Gracia y en el posible origen ilícito de los bienes detectados.
El marco penal del enriquecimiento y el blanqueo
El delito de enriquecimiento injustificado, tipificado en el Código Penal panameño, se configura cuando un servidor público no puede justificar un incremento patrimonial notoriamente superior a sus ingresos legítimos. El blanqueo de capitales, por su parte, sanciona el ocultamiento o disfrazamiento del origen ilícito de bienes o dinero. Ambos delitos suelen investigarse en conjunto cuando existen indicios de que fondos de procedencia irregular fueron convertidos en bienes inmuebles, vehículos o depósitos bancarios, como los detectados en este caso.
En el sistema penal acusatorio panameño, la aprehensión constituye una medida orientada a evitar el riesgo de fuga y a asegurar bienes, no una determinación sobre la responsabilidad penal. El paso siguiente sería una audiencia de imputación, que marcaría el tránsito de investigado a imputado ante los tribunales competentes. El Ministerio Público no ha precisado públicamente si a De Gracia se le formulará esa imputación formal.
La DGI ha sido en las últimas dos décadas una de las entidades más escrutadas por la Contraloría General de la República, dada su función central en la recaudación del Presupuesto General del Estado. Causas de enriquecimiento injustificado contra exfuncionarios de alto nivel en Panamá se han caracterizado por su prolongada tramitación judicial, con desenlaces dispares entre condenas y archivos por insuficiencia probatoria, lo que ilustra la complejidad de este tipo de procesos patrimoniales.
La Contraloría General de la República, encabezada por el contralor, tiene entre sus atribuciones el refrendo de los contratos estatales y la auditoría del patrimonio de los servidores públicos. Su informe de 2025 fue la pieza que activó la actuación del Ministerio Público en este expediente, en línea con la función fiscalizadora que la Constitución le asigna sobre el manejo de fondos y beneficios fiscales del Estado.
Hasta el momento no se ha conocido una reacción pública de Publio De Gracia ni de su defensa legal, a quienes corresponde ejercer el derecho a réplica y a presentar pruebas de descargo en las etapas procesales que sigan. El Ministerio Público, por su parte, no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el estado de la causa más allá de confirmar la diligencia de este lunes.
De cara a los próximos días, se espera que el Ministerio Público defina si formaliza una imputación contra De Gracia y la mujer aprehendida junto a él, lo que abriría paso a una audiencia ante los tribunales competentes. Hasta entonces, ambos permanecen bajo la medida cautelar dictada este lunes, sin que exista una determinación judicial sobre su responsabilidad en los hechos investigados.