Tras su arresto, Cox Chambers compareció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar este tipo de causas conforme a la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva y al tratado bilateral de extradición vigente entre España y Estados Unidos desde 1970, modificado por sucesivos protocolos adicionales. El magistrado instructor acordó su ingreso en prisión provisional a la espera de que se resuelva la petición de entrega, una medida cautelar habitual en extradiciones cuando concurren indicios de riesgo de fuga.
Desde ILOCAD sostienen que coordinarán todas las actuaciones para acreditar ante la justicia española que los movimientos económicos investigados por las autoridades estadounidenses respondían a proyectos humanitarios y de ayuda civil en la Franja de Gaza, así como a actividades empresariales y de patrocinio deportivo desarrolladas desde Túnez. El equipo jurídico reclama, además, el pleno respeto de las garantías procesales durante todo el procedimiento.
La defensa niega de forma rotunda las acusaciones que pesan sobre Cox Chambers y sostiene que no existen elementos que justifiquen los delitos que le atribuye el Departamento de Justicia. La petición de extradición no ha detallado públicamente los cargos concretos, y ni el Ministerio de Justicia español ni las autoridades estadounidenses han realizado declaraciones adicionales sobre los hechos que sustentan la solicitud de entrega.
El nombramiento sitúa de nuevo al exmagistrado al frente de un procedimiento de proyección internacional. Garzón, apartado de la carrera judicial en 2012 tras una condena del Tribunal Supremo por prevaricación en el caso de las escuchas de la trama Gürtel, ha ejercido desde entonces la abogacía en asuntos de derechos humanos y procesos de alcance global, entre ellos la defensa de Julian Assange.
Un perfil atípico entre la izquierda radical estadounidense
James Cox Chambers Jr. es una de las figuras más singulares de la izquierda radical de Estados Unidos. Se define públicamente como marxista-leninista, luce tatuajes de Iósif Stalin y Mao Zedong y practica el Islam desde hace tres años. En los últimos meses ha expresado críticas abiertas a la política de la Administración Trump hacia Irán, un posicionamiento que ha coincidido en el tiempo con la petición de extradición cursada por Washington.
El empresario impulsó también una granja colectivista en Massachusetts concebida como centro de formación de corte revolucionario, instalaciones que cerraron en 2024 tras diversas infracciones urbanísticas, según las informaciones difundidas sobre el proyecto. Ese episodio ya había situado a Cox Chambers en el foco mediático estadounidense antes de su detención en Ibiza.
Su fortuna, tasada por la revista Forbes en 6.000 millones de dólares, procede del conglomerado fundado en 1898 por su abuelo materno, James M. Cox, con presencia en telecomunicaciones, medios de comunicación y automoción, y que en 2025 facturó 23.100 millones de dólares. Al fallecer su abuela, Cox Chambers heredó directamente el 17% del accionariado del grupo, participación que vendió en 2023 al romper con su familia por, según ha trascendido, el respaldo de la compañía a la policía de Atlanta.
Su padre, también llamado James Cox Chambers, mantiene un perfil empresarial activo en Estados Unidos como copropietario del equipo de baloncesto Atlanta Hawks y editor del periódico Atlanta Journal-Constitution, sin que hasta el momento se haya pronunciado públicamente sobre el proceso de extradición de su hijo.
Un procedimiento mixto judicial y gubernativo
La Audiencia Nacional deberá resolver en primera instancia sobre la procedencia de la extradición, decisión recurrible en apelación ante el pleno de la Sala de lo Penal. Si el tribunal avala la entrega, corresponderá finalmente al Consejo de Ministros autorizarla o denegarla, en un procedimiento mixto judicial-gubernativo característico del sistema español, que otorga al Ejecutivo la última palabra incluso cuando la vía judicial resulta favorable a la extradición.
El caso se inscribe en un contexto de escrutinio creciente sobre la financiación de proyectos vinculados a la Franja de Gaza tras el recrudecimiento del conflicto en la región, que ha llevado a distintas jurisdicciones occidentales a reforzar los controles sobre transferencias transfronterizas con destino a organizaciones civiles en la zona. La defensa deberá presentar en las próximas semanas sus alegaciones formales frente a la solicitud estadounidense, mientras Cox Chambers permanece en prisión provisional a la espera de que la Audiencia Nacional fije el calendario de vistas del procedimiento de entrega.
